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Penas justas

Ciudadanos se equivoca al cuestionar el consenso sobre la violencia de género

En su intervención en el debate de TVE del pasado martes, la candidata de Ciudadanos por Madrid, Marta Rivera, defendió la necesidad de revisar la ley integral contra la violencia de género para eliminar el agravamiento de determinadas penas en casos de amenazas o agresiones de un hombre a su pareja. De esta intervención hay que interpretar que el partido de Albert Rivera se sitúa fuera del consenso en una cuestión tan sensible como la violencia machista. Aunque el líder de Ciudadanos matizó después las declaraciones de su candidata y abogó por tratar esa violencia “como una cuestión de Estado”, lo cierto es que su programa propone claramente “igualar las penas con independencia del sexo del agresor” y concreta de forma explícita que la ley “debe ser modificada para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo”.

La citada asimetría fue introducida en la ley integral promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, aprobada en diciembre de 2004 por unanimidad de todas las fuerzas políticas. El legislador entendió entonces que las mujeres víctimas de malos tratos continuados requerían de una tutela penal reforzada. Hasta ese momento era frecuente que las denuncias por amenazas o agresiones leves acabaran en una simple multa, como cualquier otra amenaza o agresión fuera de la pareja. La razón de este trato diferenciado obedece a la idea de que la violencia machista se dirige contra las mujeres por el hecho de serlo y como consecuencia de unos patrones culturales que determinan relaciones de desigualdad dentro de la pareja. Se entiende que esa relación no es por una mera discriminación de tipo personal, sino estructural. De este modo, los casos de amenazas y lesiones leves, castigados en otros supuestos con penas de tres meses a un año de prisión, pasaron a ser de seis meses a un año en el caso de un hombre que “maltrata, golpea o menoscaba psicológicamente a su pareja o expareja sin causarle lesión que requiera tratamiento”. Igualmente se agrava la pena por lesiones que requieren asistencia médica.

Esta agravante tiene su razón de ser; que Ciudadanos la cuestione indica que no comparte las premisas del consenso sobre la lucha contra la violencia de género o que ha elaborado este apartado de su programa sin la suficiente profundidad. Ambas posibilidades son igualmente negativas para un partido que en otros aspectos ha dado muestras de espíritu renovador. Máxime cuando esta es una cuestión que ha merecido incluso la aprobación del Tribunal Constitucional.

En una sentencia emitida en 2008 tras un recurso presentado por un juzgado de San Sebastián, el alto tribunal declaró que no existe discriminación y avaló el plus de gravedad con el argumento de que la agresión supone un daño mayor a la víctima si esta se produce en un contexto de relación machista, lo que además le da un gran poder intimidatorio. Con estos antecedentes, de llevarse a cabo el giro que propone Ciudadanos probablemente propiciaría un retroceso en los resultados de la lucha contra esa violencia. Rivera ha incurrido además en el recurso habitual de alegar “malentendidos” y en el error de querer superar el debate suscitado y escapar de la polémica con maniobras de distracción.

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