Malas noticias, no, por favor: que hay elecciones

Los mayores de 50 años son un colectivo fundamental para determinar los resultados de las elecciones del 20 de diciembre. Sobre todo en el caso del PP, vistas las dificultades con las que tropieza para hacerse votar por los jóvenes. Pues bien, a los electores potenciales no se les debe poner de mal humor. Si hubieran recibido una carta explicándoles cuál es la pensión que puede corresponderles, y la cuantía no respondiera a sus expectativas, ¿cuántos se habrían enfadado lo bastante como para no ir a las urnas o traspasar su voto a algún partido competidor?

Tras las cavilaciones, el Gobierno suspendió el proyecto; previsiblemente, para dejar que este asunto duerma hasta que pase el veredicto electoral. Bastante ruido hay con lo del alargamiento de la esperanza de vida y el descenso de cotizaciones, por causa del desempleo y de los bajos ingresos de una parte de la población trabajadora, como para contar que quizá se cobre menos pensión de lo esperado. Menos aún si la baza electoral que se pretende usar es la tan voceada recuperación económica.

Y el caso es que el mayor de 50 años ha estado a punto de recibir no una, sino dos cartas. Una del Gobierno, explicándole cuál es su expectativa de obtener una pensión pública; y otra del sector privado, contándole —en su caso— qué retorno puede esperar del dinero que ha invertido o pueda invertir todavía en planes de pensiones con entidades financieras o aseguradoras. De momento, no ha recibido ni una ni otra misivas. Nada de excitar algunas dudas en millones de personas sobre la planificación de sus futuros vitales en año electoral.

Es verdad que el Gobierno había prometido transparencia. Y que puede ocuparse de todo, dado que dispone de la información completa. No solo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sabe lo suficiente como para calcular la pensión pública, sino que el de Hacienda cuenta con los datos de las inversiones hechas en fondos privados. Pero mezclar ambos, con la consiguiente utilización de datos tributarios, desaconsejó obrar de esa forma. Hubo contactos para que el sector público y el privado realizaran la tarea cada uno por su cuenta: el Gobierno podía informar al ciudadano sobre la pensión pública estimada, y el sector privado sobre la suya. Este último no quiere arriesgarse a comunicar masivamente tales datos ni incurrir en los costes para hacerlo hasta que el Ejecutivo se decida a comunicar sobre la pensión pública.

Las noticias aplazadas no se reducen a una cifra (usted va a cobrar x), sino a un problema de fondo francamente complejo: habrá que trabajar más para financiar nuestro modelo social, o bien recortarlo, u obtener recursos alternativos. Como el Gobierno sabía muy bien que 2015 era un año electoral difícil, ha preferido no inquietar al votante. El problema queda para el próximo Gobierno, por si le esperan pocos. Y la población, a seguir viviendo en la ignorancia sobre la pensión futura.