Concertación sobre Cataluña

El desafío secesionista del nacionalismo catalán amenaza con condicionar seriamente y enredar, más si cabe, la agenda política poselectoral y la formación del nuevo Gobierno en España, por un acertado manejo de los tiempos políticos por parte de aquel y una dudosa estrategia de los grandes partidos nacionales, que les ha llevado a perder la iniciativa sobre esta cuestión, sobre todo, en la arena competitiva catalana. PP y PSOE, en lugar de responder de forma coordinada desde el principio y con una estrategia de Estado, como ya lo hicieran ante el Plan Ibarretxe y el Pacto de Lizarra (acompañados de una amplia movilización de la sociedad civil, vasca y española), han preferido jugar por libre e instrumentalizar este asunto en un tema más de competición y desgaste recíproco. Así se explica el éxito de Ciudadanos en esta comunidad en las últimas elecciones autonómicas y su proyección nacional en la opinión pública como partido de Gobierno desde entonces. Ha faltado, sobre todo, una estrategia política concertada. El precedente es muy malo y las expectativas de que se corrija el rumbo no son nada halagüeñas, sobre todo, a las puertas de la definición del nuevo esquema de gobernabilidad en España.

Caben pocas dudas que la raíz del problema viene de un mal diseño constitucional de la cuestión territorial y un peor desarrollo de su acomodo, al mezclar esta cuestión con las necesidades de estabilidad gubernamental en la arena nacional. Por tanto, de poco sirven los viejos e inútiles reproches entre PSOE y PP sobre su responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis actual, porque ambos se han entendido con el nacionalismo catalán y han cedido ante él cuando lo han necesitado o les ha convenido. Sin embargo, la exclusión del PP del consenso en la reforma estatutaria y la gestión posterior de ésta, unidos a los flirteos socialistas con el derecho a decidir, la falta de respuesta política al mensaje demoledor del España nos roba, la carencia de iniciativa política de los Gobiernos de la nación o la gestión partidista de la última fase de esta crisis por parte del Gobierno del PP, son, entre otros, los hitos de una dinámica competitiva equivocada. El problema no ha sido el acomodo y el pacto, sino la ausencia de una estrategia de política de Estado. Esperemos que no sea tarde para reconducir una estrategia y una agenda equivocadas de raíz.

De poco sirven los reproches entre PSOE y PP sobre su responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis actual

Los actores políticos del secesionismo catalán van a proseguir en su desafío antisistema, a pesar de haber perdido su falso plebiscito, su fragmentación y sus contradicciones. Habiendo una mayoría social catalana, sumergida durante demasiado tiempo en la espiral del silencio impuesta por el nacionalismo y su tolerada construcción nacional, pero que está por el mantenimiento de la integridad nacional de España y una clara identidad dual en sus sentimientos nacionales, no se entiende bien que la única estrategia defensiva del Estado sea la del recurso legítimo, pero retardado, al poder judicial, perdiendo la iniciativa de los tiempos políticos y complicando cada vez más la agenda política. Caben pocas dudas de que estemos ante una auténtica emergencia constitucional de difícil encauzamiento y resolución. Ya hemos vivido otras emergencias, no menos importantes, la del terrorismo de ETA, la del soberanismo vasco, la socioeconómica provocada por la crisis financiera global, o la institucional causada por la desconfianza y la desafección ciudadanas ante la corrupción y el monopolio partidista en el manejo de los asuntos públicos. Tan solo las primeras han conseguido la concertación política y no sin dificultades. Sin embargo, las segundas no han merecido la catalogación de asuntos de Estado y la respuesta concertada en forma de “política de gran coalición”, aunque fuese solo para acordar la agenda de las reformas necesarias. Por el contrario, PP y PSOE se han hundido en un mar de reproches sobre sus responsabilidades recíprocas, practicando una estrategia de desgaste y de polarización, absolutamente estéril y contraproducente desde el punto de vista sistémico. Por si fuera poco, los nuevos actores polarizan más la cuestión catalana entre la recentralización (C's) y el derecho a decidir (Podemos).

Por ello, las exigencias competitivas de la fragmentación electoral y la resultante de un escenario de gobernabilidad endemoniado, que ha vuelto a poner la cuestión catalana en el centro de las decisiones, aconsejan, al menos, neutralizar, en la medida de lo posible, la agenda catalana mediante la máxima concertación de discurso y estrategia de que seamos capaces.

Francisco J. Llera es catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y director del Euskobarómetro.