Innovación farmacéutica: esto no es sano

[Esta entrada se publica de forma conjunta en el blog de ISGlobal Health is Global.]

Durante el mes de diciembre de 2014 el brote de ébola en África occidental había superado los 20.000 infectados y los 8.000 muertos, en una batalla peleada a partes iguales con recursos paliativos y heroísmo personal. Al mismo tiempo, en decenas de ciudades europeas, miles de enfermos de hepatitis C se movilizaban para exigir el acceso a una nueva generación de medicamentos que permite su curación completa en muchos de los casos.

Estos dos grupos de pacientes se desenvuelven en entornos económicos y sanitarios diametralmente diferentes. Sin embargo, tienen algo en común: los tratamientos que podrían salvar sus vidas dependen de un sistema de innovación y acceso a medicamentos construido de espalda a sus intereses. Para ellos -y para otros centenares de millones de individuos sin recursos tanto en los países pobres como en los más desarrollados- la reforma de este modelo constituye una cuestión de vida o muerte. Para todos nosotros, un reto público de primer orden.

El problema se resume de forma simple: a pesar de la monumental inversión pública en compra de fármacos e investigación (solo el NIH estadounidense gasta en I+D más de 30.000 millones de dólares anuales), una parte creciente de los pacientes carece de los tratamientos que necesita. En ocasiones, el problema es el precio de los medicamentos (en el caso de la hepatitis C hasta 1.000 dólares por píldora diaria; más de 100.000 dólares al año para algunos cánceres). En otros casos los tratamientos ni siquiera están disponibles porque su desarrollo carece de atractivo comercial para el sector farmacéutico (Chagas, ébola, nuevos antibióticos o tuberculosis multi-resistente, entre otros muchos).

Las razones de esta disfunción son múltiples, y todas apuntalan el sorprendente grado de impunidad con el que operan las compañías farmacéuticas:

· La posición de fuerza que les otorga el sistema de propiedad intelectual: el recurso temprano y recurrente a las patentes impide durante décadas la competencia que reduciría los precios. El fenómeno del ‘reverdecimiento’ de las patentes permite mantener el monopolio de manera indefinida sobre la base de una innovación cuestionable o sencillamente inexistente.

· La pasmosa opacidad con la que opera un sector en el que hay presencia abundante de dinero público: desde los resultados de los ensayos clínicos a los precios que se negocian con los sistemas públicos de salud, la derrota del Estado en este ámbito es casi absoluta y esconde informaciones tan básicas como el verdadero coste de producción de un medicamento, que determinaría en teoría el precio final tras un beneficio ‘razonable’. Mientras la industria establece el coste medio de producción de cada nueva molécula en una cantidad entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, iniciativas de investigación sin ánimo de lucro como el DnDI han reducido esta cantidad a un rango de entre 50 y 200 millones.

· La orientación al accionista (y solo a este): por un lado, una cantidad no determinada -pero muy abundante- de investigación queda aparcada por sus escasas posibilidades comerciales. Por otro, la ‘híper-financiarización’ de un mercado en el que la posibilidad de una inversión estrella infla los precios de compra de los laboratorios y limita el esfuerzo de las compañías a la comercialización de los productos y las operaciones de ingeniería financiera con sus propias acciones.

Cada uno de estos problemas se ha ido intensificando a lo largo de los últimos veinte años, forzando la caricatura de un sector empresarial que ha perdido el sentido de su valor social y responde a los incentivos de corto plazo. Las posibilidades de reformarlo son cada vez más escasas, porque las compañías controlan un ecosistema que incluye a sociedades médicas, revistas científicas, profesionales individuales y donaciones a partidos y medios de comunicación. Dicho de forma simple, todo el que podría exigir cuentas está en nómina.

¿Qué podemos hacer entonces? Esta es exactamente la pregunta que se nos ha planteado en la reunión organizada esta semana en Nueva York por la Open Society Foundations (fundada por George Soros), que incluye este asunto entre las prioridades de su agenda de trabajo. Desde ISGlobal nos unimos a economistas, activistas y expertos en salud pública para discutir aspectos como el concepto de innovación, las herramientas para medir el ‘valor social’ de un medicamento, el potencial del ‘open data’ aplicado a este sector o la posibilidad de establecer cortafuegos entre las decisiones públicas y los intereses de las compañías. Se trata de un reto en el que la firmeza y la inversión del Estado serán tan relevantes como la creatividad para concebir nuevos modelos de innovación y desarrollo de medicamentos en los que todos -también las compañías- compartan riesgos y oportunidades.

Mi sensación es que nada diferente de una lenta revolución política e institucional va a permitirnos revertir esta situación, cuyas consecuencias crecen cada día y en ningún caso se limitan a los países pobres. Como señala la campaña NO ES SANO –una coalición orientada a las próximas elecciones generales- el punto de partida pasa por garantizar la transparencia y los criterios de interés público en todas las iniciativas de innovación en las que esté involucrado el dinero público de una u otra manera. También por establecer una categoría de medicamentos esenciales que queden aislados de las normas por las que se ha regido hasta ahora este sector. No se trata de destruir al sector farmacéutico, sino de embridarlo y garantizar que su modelo de negocio es compatible con el interés público. Ninguna locura, como ven.