Tres historias de miedo sobre menores migrantes en España

W. es la inicial del nombre de un niño camerunés que fue apartado de su familia con cinco años, allá en 2009, por el Servicio de Protección al Menor del Gobierno de Cantabria. Sus padres, Ferdinand Kome y Monike Mbakong, fueron acusados de maltratarlo después de que el pequeño fuese atendido en el hospital varias veces. En marzo de 2013, el juez los absolvió al no quedar demostrado que estos fueran unos maltratadores, igual que también lo hizo la Audiencia Provincial después de que el Gobierno de Cantabria recurriese la primera sentencia.

A dia de hoy, W. sigue separado de sus progenitores, a quienes no ha visto en los últimos cinco años, está acogido por una nueva familia y en proceso de adopción definitiva pese a que los tribunales han confimado que ni Ferdinand ni Monike, que tienen otros dos hijos, cometieron malos tratos. Los servicios sociales de Cantabria no les han devuelto la tutela del niño, del que perdieron la patria potestad a los dos años de iniciarse el procedimiento.

La situación en la que se encuentra esta familia se ha dado a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación y se ha creado una plataforma ciudadana que está luchando para ayudar a los padres biológicos a recuperar a su hijo y también se están recogiendo firmas de apoyo. El último paso que han dado Ferdinand y Monike ha sido reclamar, al menos, que se reanuden las visitas a su hijo, suspendidas en 2010.

No sabemos el nombre del chico, ni su edad ni qué motivos le llevaron a arriesgar su vida para acabar despeñado entre las rocas. El Gobierno melillense aseguró que no estaba registrado y nunca había sido usuario del centro de acogida de La Purísima, donde son internados los chicos sin papeles y no acompañados que llegan a esta ciudad.

Gracias a la cuenta de Facebook de José Palazón, activista y fundador de la ONG Prodeyn de ayuda a menores migrantes, supimos que al día siguiente de conocerse la muerte del joven, un grupo de niños realizaron una concentración en Melilla. "No te olvidamos", rezaba una. "Libertad", decía la otra. Palazón calificó este suceso como una "muerte-asesinato".

Otra historia mucho más mediática es la del niño de la maleta. La foto del escáner de seguridad en la que se ve la figura del pequeño acurrucada dentro de un equipaje de ruedas ha dado la vuelta al mundo y pocos no conocen su historia a estas alturas. El niño se llama Adou Outtara, es de Costa de Marfil y fue encontrado por la Guardia Civil en el interior de una trolley en Ceuta gracias al control de rayos X. Su portadora, una desconocida llamada Fátima que está en prisión acusada de tráfico ilegal de personas. Su padre, Alí Outtara, con permiso de residencia en España y que entró por el mismo paso ceutí el mismo día, también fue internado en la cárcel por esa razón.

Los padres del niño residen en Fuerteventura desde que, hace nueve años, Ali llegara en patera a Canarias. Luego fue su madre y, luego, sus hijos mayores. El pequeño Adou vivía con su abuela y su hermano de 17 años en su aldea natal, en Costa de Marfil. Cuando la abuela falleció, los padres del niño decidieron traerlo con ellos, pero su solicitud de reagrupación familiar fue rechazada por la delegación del Gobierno de Las Palmas ya que no llegaban a la cantidad mínima de ingresos familiares requerida: faltaban 41 euros.

Así, el padre de Adou reconoció que pagó 5.000 euros en Marruecos para que le ayudaran a meter a su hijo en España, pero pensaba que iba a ir como cualquier otra persona, no en una maleta. La prueba de su buena voluntad es que, cuando fue preguntado por la Guardia Civil si el niño que acababa de cruzar la frontera era suyo, él respondió que sí y que esperaba encontrarlo con su pasaporte, según cuenta el diario El País.

Alí ha pasado un mes en la cárcel; el mismo tiempo que Adou ha estado internado en un centro de menores ceutí. La madre del niño fue avisada y, por fin, el 9 de junio el niño se reunió con sus dos padres, pues Alí ha sido puesto en libertad.

Esta última historia ha tenido un final feliz. Pero Monike y Ferdinand siguen esperando el suyo y, desgraciadamente, el chico que cayó por ese acantilado de Melilla ha encontrado otro inesperado e injusto. Inciertos son los finales de todos los niños sin papeles internados en centros de acogida que están solos y que quedarán a expensas de su suerte cuando cumplán la mayoría de edad. Estos ejemplos deben hacernos ver que por encima de las políticas migratorias de un Estado debe priorizarse el sentido común y la protección de los menores.

El joven de Melilla no hubiera muerto, probablemente, de no haber temido por su futuro al cumplir la mayoría de edad. Adou no hubiera sido encontrado en una maleta si el Gobierno hubiera aceptado la solicitud de reagrupación familiar de sus padres pese a esos 56 euros que faltaban. Y habría que ver si W. hubiera sido separado de sus padres con tanta premura si estos hubieran sido españoles. Pongamos sentido común para proteger a los más pequeños, por favor.