Cuotas equilibradas

Por primera vez en su historia, la Comisión Europea ha habilitado el mecanismo de emergencia previsto en el artículo 78.3 del Tratado de la UE para afrontar la grave situación que viven los países de la frontera sur con la llegada masiva de inmigrantes y refugiados que huyen de los conflictos de Oriente Próximo. Este mecanismo permite adoptar decisiones por mayoría cuando se da una situación de emergencia en las fronteras exteriores y eludir de este modo el requisito de la unanimidad, que con frecuencia impide abordar los problemas cuando, como ocurre en este caso, hay diferentes visiones o intereses en conflicto. Hacer uso de este resorte excepcional da un primer mensaje positivo: el de que existe la firme determinación de abordar un problema que se estaba desbordando peligrosamente.

El plan elaborado por la Comisión, que deberá ser votado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de junio, prevé repartir 40.000 refugiados sirios y eritreos que han llegado a Italia y Grecia desde el pasado 15 de abril. La cifra es modesta; apenas representa el 40% de la cantidad estimada de inmigrantes ya instalados en el sur de Europa susceptibles de acogerse al estatuto de refugiado. Pero, como dijo el comisario de Inmigración, una cantidad mayor hubiera producido rechazo, y una menor no hubiera supuesto ningún alivio para los países que sufren la avalancha. A estos 40.000 hay que añadir otros 20.000 refugiados reconocidos como tales por Naciones Unidas que todavía están en terceros países. Los miembros de la UE —con excepción de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que tienen acuerdos especiales que afectan a esta materia— deberán acoger solidaria, pero obligatoriamente una parte alícuota de estos refugiados. Y ahí es donde surgen los problemas.

Nada hay que objetar al procedimiento de reparto solidario, pero sí a los criterios que la Comisión ha decidido aplicar, sin atender las sugerencias que ha recibido por parte de países como España o Francia. Por supuesto, no se trata de rechazar las cuotas. Son necesarias y deben ser asumidas por todos. Y, en principio, tampoco los criterios de distribución aplicados: PIB, población, tasa de desempleo y esfuerzos previos en la acogida de refugiados. Lo que sí es discutible es la ponderación de cada uno de esos criterios.

En concreto, el PIB cuenta un 40% y la población otro 40%, mientras que el desempleo pesa solo un 10% y los esfuerzos previos, otro 10%. Eso quiere decir que España, por PIB y población, se sitúa en la franja alta del reparto, y apenas incide en cambio el hecho de que tenga más de un 23% de paro ni que, aunque en el pasado apenas haya aceptado refugiados, sí ha recibido grandes contingentes de inmigración económica. En virtud de estas cuotas, España se convierte en el tercer país receptor: 4.288 refugiados (el 10,7% del total) de la primera remesa, y otros 1.549 del cupo de 20.000 que se encuentran en terceros países. La cifra es notable, aunque no desorbitada; el problema es que sienta las bases de futuros repartos.

La negativa a revisar el sistema no es interpretable como una señal de firmeza —siempe positiva y necesaria en la dialéctica comunitaria— sino de intransigencia y falta de sensibilidad hacia una realidad que, si no se gestiona bien, puede generar rechazo y alimentar pulsiones xenófobas. La UE dispone de 240 millones de euros para el primer reparto y de 50 para el segundo. Los 6.000 euros que la UE concede por cada refugiado son del todo insuficientes. Dada la magnitud del problema y la precaria situación de los países más golpeados por la crisis, debería aumentarse la cuantía de esas partidas y revisar los criterios de ponderación en el reparto.