También la UGT

La utilización por parte del sindicato UGT de la tarjeta negra de un representante de los empleados en la Comisión de Control de Caja Madrid descubre una derivada grave en lo que hasta el momento era, según las investigaciones judiciales, un caso de presunta corrupción individual. Hay diferencias, aunque en ambos casos estemos ante supuestos delitos societarios, entre que una tarjeta opaca sea utilizada abusivamente por un directivo o un consejero a que el beneficiario sea un sindicato, obligado por su propia naturaleza a defender principios de estricta honradez y a respetar las normas fiscales en cuanto que representan una oportunidad de redistribución.

Tampoco vale el argumento de que los 79.000 euros pagados con la tarjeta negra se gastaron en representación laboral. No es con dinero escamoteado a Hacienda como se defienden los derechos de los trabajadores. La presunción de legalidad de los pagos que proclama UGT resulta a estas alturas una defensa pueril. Como el resto de acusados a título individual, el sindicato tenía que saber que el dinero extraído de la tarjeta no se declaraba al fisco; y si no lo sabía, tenía el deber de informarse. Como algunos directivos de Caja Madrid y Bankia renunciaron al uso de las tarjetas negras, es evidente que existían sospechas sobre su legalidad que podían haber inspirado a quienes dilapidaron el dinero opaco.

La defensa de UGT y del abogado del declarante sindical ante el juez Andreu revela contradicciones manifiestas con otros acusados. O las tarjetas negras eran gastos de representación o eran un complemento salarial. Puesto que la propia Bankia ha negado el primer supuesto, está claro que, en el mejor de los casos, UGT utilizó un complemento salarial oculto al fisco para pagar octavillas y otros gastos sindicales. Por supuesto que el sindicato debe restituir los 79.000 euros. Pero tiene que hacer algo más: reconocer que utilizó indebidamente unos recursos sin control y expulsar a quienes permitieron el desafuero.

Sin ánimo de dramatizar, sería preocupante que la investigación demostrara que las tarjetas negras han manchado también a instituciones (como UGT) conexas con la entidad. Pero más inquietante todavía es la regresión argumental que está cristalizando en el caso de las tarjetas negras. No es de recibo que directivos formados, con experiencia política y empresarial, e instituciones con departamentos jurídicos recurran tantas veces a la explicación del “no sabía” o “creía que era legal”.