Amal Clooney, el azote del gobierno egipcio

La abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin Clooney, esposa del conocido actor George Clooney, clarificó el pasado domingo en un artículo de opinión publicado en el Huffington Post su conflicto con el gobierno egipcio. Según una información aparecida en The Guardian, las autoridades egipcias amenazaron con arrestar a Clooney —que actualmente forma parte del equipo de abogados que defiende un periodista de Al Yazira encarcelado desde hace un año— si publicaba un informe crítico con el sistema judicial del país..

En el artículo, la abogada, de 36 años, desmiente que el incidente esté relacionado con el hecho de que actualmente represente al reportero Mohamed Fahmy, poseedor de doble nacionalidad egipcia y canadiense, tal como afirmaba el rotativo británico. Los hechos tuvieron lugar a principios del año 2014, antes de que Fahmy se convirtiera en su cliente, a raíz de un informe en cuya elaboración participó encargado por el Colegio Internacional de Abogados de Derechos Humanos.

Según The Guardian las autoridades le habrían preguntado si el texto criticaba "al ejército, la justificia o el gobierno" y le habrían advertido de que "se arriesgaba a ser detenida", si salía  luz. Sin embargo, la advertencia provino realmente de algunos expertos en Egipto y no del gobierno egipcio. El periodista del diario británico se ha disculpado por la confusión.

En aquellos momentos, la abogada se encontraba en Egipto, y finalmente, declinó hacer público el informe durante su estancia en el país árabe.

En concreto, el controvertido texto criticaba que el ejecutivo egipcio tuviera la capacidad de designar los jueces que forman parte de los tribunales, lo que mina la independencia del poder judicial y habría sido utilizado con fines políticos. El país árabe experimentó un golpe de Estado en verano del 2013, al que siguió una dura campaña de represión contra cualquier voz disidente, ya sea islamista o laica, que se ha saldado con el arresto de miles de personas y largas condenas de cárcel.

A través del portavoz del ministerio de Interior, Hani Abdel Latif, las autoridades egipcias han negado la veracidad de las acusaciones vertidas Clooney, recogidas por la prensa internacional. “Ella debería explicar exactamente quién dijo eso. ¿Por qué no lo especifica desde el inicio quién le dijo eso. No tenemos nada en su contra”, declaró Abdel Latif.

En el artículo del Huffington Post, firmado por Mark Wassouf, también abogado de Fahmy, ambos expresan su opinión sobre la reciente decisión de la justicia egipcia de anular la sentencia de 7 años contra el reportero de Al Yazira, condenado junto a otros dos compañeros del canal en inglés de la televisión por satélite catarí, y de repetir su juicio. Los periodistas fueron arrestados el 29 de diciembre bajo la acusación de manipular sus informaciones para difundir las tesis de los Hermanos Musulmanes, considerados una “organización terroristas” por el gobierno actual. A este movimiento islamista pertenecía el presidente depuesto en el golpe, Mohamed Morsi, el primero elegido democráticamente en la historia de Egipto.

“La repetición del juicio es un proceso largo y su resultado es incierto. Además, no está claro cómo un nuevo proceso va a resolver las deficiencias del juicio original”, reza el artículo. Tanto las familias de los reporteros, que continúan en prisión preventiva, como Al Yazira han negado la veracidad de los cargos en su contra. Entre los analistas extranjeros, el proceso contra los periodistas, uno de ellos, Peter Greste, de nacionalidad australiana, se percibe un ajuste de cuentas de las autoridades egipcias contra Catar por su apoyo a los Hermanos Musulmanes. Una posible solución a su caso sería la firma de indulto por parte del presidente del país, Abdelfattá al Sisi y su posterior deportación.

Además de representar a Fahmy, Clooney forma parte del equipo de abogados que defenderá las tesis armenias en juicio sobre el presunto genocidio perpetrado contra esta comunidad en Turquía durante la I Guerra Mundial que tendrá lugar en la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo el próximo 28 de enero.