La corrupción de las élites

España no está plenamente atravesada por el espíritu del capitalismo. Sigue destilando resabios de ese intervencionismo y miedo a la competencia que ha sido seña de identidad de la derecha española y, en buena medida, también de la izquierda. Desde la dictadura de Primo de Rivera, nuestro capitalismo ha estado interferido por un océano de regulaciones, corporativismos, y ayudas de Estado, garantía de la reserva de mercado interior para grupos privilegiados. Una realidad convertida en caricatura durante la autarquía franquista, mala copia de las recetas económicas del totalitarismo nazi y del corporativismo italiano.

Aunque se suavizó con el desarrollismo, esa obsesión intervencionista por restringir la competencia ha esterilizado muchos esfuerzos por mejorar la productividad. Ha primado el interés de los grupos privilegiados —desde monopolios u oligopolios hasta corporativismos gremiales— por encima de los avances en productividad. Así lo documentan estudios concienzudos (Viñas, et al.: Política comercial exterior en España, 1931-1975, Banco Exterior de España, 1979), y también lo reflejaba de un modo plástico la película de Berlanga La escopeta nacional. En España se ha competido más en proximidad al poder que en calidad y precios. Es sobre todo la prebenda, no el mercado, lo que guía la acción empresarial, para mayor desgracia nuestra.

Cierto es que la lucha política por los favores del poder también tiene lugar en países que no han sufrido dictaduras, como EE UU. Pero es otro el escenario. La maraña de regulaciones que sufrimos en España sería algo inaudito en EE UU, donde se disfruta de mayor libertad y transparencia en los mercados, y donde la acción de los lobbies está admitida y regulada. Este rechazo español al libre mercado ha desembocado en un capitalismo de corte asistencial y garantizador de privilegios. Si quienes se acercaban a los aledaños del régimen franquista eran antes los políticos, sindicalistas, patronal, banca, Iglesia, universidades, mundo de la cultura y las artes, funcionarios, gremios y corporaciones, ahora siguen siendo estos mismos quienes cortejan a las élites corruptas del Estado democrático para parasitarlo y obtener así sus gabelas a costa del bien común.

Los partidos son reactivos, y no proactivos, ante las presiones sociales

Tanto el PP como el PSOE se han alimentado electoralmente de esa cultura del capitalismo asistencialista que padecemos, lo que ayuda a comprender por qué tanto uno como otro, al burocratizarse, se han convertido en una extremidad más de las estructuras del Estado. Tampoco cabe extrañarse de que Podemos busque la centralidad política, pues su objetivo tácito es, en mi opinión, capturar votos de la base electoral de ese capitalismo asistencialista. Si en 1789 fueron los sans culottes y la burguesía los que se unieron para hacer triunfar la Revolución Francesa, esta vez han sido los desfavorecidos, las clases medias, profesionales y funcionarios de cierto nivel los que van a votar a Podemos como revulsivo contra la política tradicional. Al perfil del votante potencial de Podemos responden ciudadanos de entre 35-54 años, con un nivel educativo respetable (21% con nivel universitario, según la encuesta Metroscopia) y que entienden de qué va el asunto.

Aunque las élites no crean en la revolución, esta puede adoptar una expresión más sosegada pero igualmente amenazante para sus privilegios. Y los poderes políticos deberían también recordar que es la sociedad civil, no los partidos, la encargada de transformar la realidad. La sociedad civil, mediante el poder comunicativo ejercido a modo de asedio, puede hostigar al sistema político, como el que asedia una fortaleza, pero sin intención de asaltarlo (Habermas: Facticidad y validez, Trotta, 2010, p. 612). Los partidos, sin embargo, constituyen prolongaciones del aparato institucional de los Estados, cuyo fin último es su supervivencia en tanto que organizaciones. Ello explica que solo sean reactivos, y no proactivos, ante las presiones sociales, y que se muevan a remolque de la realidad hasta verse desbordados por ella.

La nomenclatura de los partidos ha ido ascendiendo por capilaridad y ha ocupado los puestos clave de su estructura de poder

¿Dónde están los cuadros que dieron consistencia interna al proyecto político que tenían en mente para España Adolfo Suárez o Felipe González? Algunos, los mejores, volvieron a sus quehaceres profesionales, a sus despachos de abogado, a sus cátedras, a sus estudios de arquitectura, etcétera. En el interregno, la nomenclatura de los partidos ha ido ascendiendo por capilaridad y ha ocupado los puestos clave de su estructura de poder. Allí se ha instalado una feliz aurea mediocritas: el mejor caldo de cultivo para el chalaneo y la corrupción de las élites. Esta perversión de la política ha llevado a considerarla como un medio para ganarse la vida, en lugar de entenderla como un servicio público que se debe ejercer de manera transitoria. La situación es vieja, Max Weber, en su conferencia de 1919 La política como vocación, nos alertó de que la empresa política quedaba en manos de “profesionales” a tiempo completo que se mantenían “fuera” del Parlamento, y que unas veces eran “empresarios”, y otras, funcionarios a sueldo fijo (El político y el filósofo, Alianza, 2010, p. 129).

Hace unos años, al igual que muchos otros, expresé mis temores de que el PSOE se pudiese convertir en un epifenómeno de nuestra historia política si continuaba sin proyecto para España (EP, 14-12-2011). En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las elecciones recientes han confirmado la tendencia a que el PSPV-PSOE obtenga peores resultados en las autonómicas que en las generales: pasó del 41,3 % en las generales (2008) al 28,7 % en las autonómicas (2011), es decir, un desplome de 12,6 puntos. Cierto es que el enorme desgaste que sufría el PSOE a escala nacional en 2011 —cayó al 27 % en las generales—, terminó por afectar también al PSPV; además, el factor táctico del voto útil en las autonómicas siempre ayuda a dispersar el voto hacia otras formaciones. A pesar de ello, los datos revelan que el elector socialista de la Comunidad Valenciana penaliza al PSPV frente al PSOE y envía un mensaje claro y manifiesto a sus líderes: socialdemocracia sí; PSPV, no. Sin embargo, a los propietarios del partido en Valencia, no les inquieta lo más mínimo esta sangría de votos, convencidos como están, interesadamente, de que estas cifras reflejan tan solo un fenómeno cíclico. Se equivocan de principio a fin, no es un ciclo, es el final.

No soy un profeta de las desgracias, pero si el PSOE no quiere reunir los huesos que se exhumen de las distintas sepulturas autonómicas para quedar definitivamente enterrado en el osario político nacional, está obligado a proponer con claridad un nuevo proyecto socialdemócrata para España. Lo contrario supondrá cerrar a piedra y lodo su papel histórico, y entregar en bandeja al PP una alternativa que resultará inquietante tanto para la socialdemocracia española como para la propia estabilidad constitucional de España: o bien el bipartidismo de PP-Podemos, o bien el binomio PP-PSOE versus algún tipo de unión popular.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.