Un conflicto artificial

Repsol ha comenzado ya las perforaciones para buscar petróleo en aguas del Atlántico, a unos cincuenta kilómetros al este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, inmediatamente después de que una militante de Greenpeace resultara herida en un encontronazo de las lanchas del buque ecologista Artic Sunrise y de que Defensa haya abierto expediente al grupo ecologista por no respetar la zona de exclusión de navegación. Un conflicto que parecía resuelto cuando el Tribunal Constitucional dictaminó en contra del referéndum propuesto por el Gobierno canario sobre la extravagante disyuntiva Turismo/Petróleo corre el riesgo de convertirse en un enfrentamiento crónico.

Y esto es lo que hay que evitar. El Gobierno de la nación tiene perfecto derecho a explorar el petróleo que pueda haber en la zona; porque un país cometería una grave negligencia si no inventariase sus recursos energéticos. Naturalmente, el petróleo que pueda extraerse en aguas canarias es propiedad del Estado; tendrán que estar muy claras las condiciones de explotación y de qué forma beneficiarán a las islas. En cuanto a los posibles daños, hay que recordar que los sondeos deben estar respaldados por informes medioambientales muy solventes. Cualquier negligencia legal o un incidente grave merecerían una investigación a fondo y un castigo para los responsables, es decir, la Administración y la compañía. Estos son los límites de responsabilidad que debe manejar un Estado de derecho.

Establecida la racionalidad de los sondeos, sería conveniente aclarar el incidente de la Armada con Greenpeace. Defensa todavía no ha explicado las causas de la dureza del encontronazo con las lanchas ecologistas. Aunque parezca evidente que las embarcaciones del Artic Sunrise no respetaron la zona de exclusión, también lo es que la Armada seguramente dispone de recursos más sofisticados y eficaces para evitar el acoso a los sondeos.