Cuando la cooperación se convierte en un mandato ético y político

Desde la década de los setenta del siglo pasado, estamos asistiendo a la promoción de un proyecto global eminentemente económico y político —pero también cultural y social— que pretende retirar al Estado de la gestión pública para impulsar la iniciativa privada en todos los ámbitos de la vida humana. Se trata de una visión de corte neoliberal y realista que entiende que nos encontramos en una sociedad mercantilazada donde debe premiarse el esfuerzo individual de los ciudadanos que se convierten progresivamente en consumidores. Como todo proyecto ideológico, esta agenda posee una importante y potente retórica orientada a conquistar mentes y corazones, persuadiendo a la ciudadanía de que toda organización pública (incluidos sindicatos, empresas estratégicas nacionales y organizaciones sociales) es, por su propia naturaleza, ineficiente, corporativista e incluso corrupta. En este marco ideológico, el concepto de competitividad se ha erigido como el elemento estrella de los discursos oficiales, pasando de ser una noción relacionada con productos y servicios a erigirse como el indicador fundamental y único para medir la actuación de instituciones, organizaciones, países y (lamentablemente) personas.

El mandato de la cooperación como motor de progreso y desarrollo humano

Ahora bien, desde los ámbitos académicos relacionados con el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza o la promoción de la sostenibilidad ambiental, se parte de un paradigma muy diferente basado en la noción de cooperación como elemento básico del progreso social. Desde esta perspectiva, las especies evolucionan no sólo a través de la competencia sino, básica y fundamentalmente, en función de la cooperación entre miembros de un colectivo. Ya lo planteaba en el siglo XIX el príncipe Piotr Kropotkin, un famoso anarquista pero también naturalista y geógrafo ruso, que en su obra Ayuda Mutua, explica el potencial de la cooperación en la evolución de las especies. Este paradigma adquiere, si cabe, un mayor protagonismo a partir de los procesos de globalización que han generado un mundo interconectado y común para todos los habitantes del planeta.

En un mundo progresivamente interdependiente, los problemas del desarrollo, como la salud pública, el deterioro medioambiental, la pobreza extrema o la vulneración de derechos humanos se vuelven desafíos globales que amenazan a todas las sociedades (y no solamente a las más pobres). En este marco, se utiliza la metáfora del “eslabón más débil”. La interdependencia entre nuestras sociedades nos convierte en una especie de “cadena global” donde hay que fortalecer cada uno de los eslabones para poder mantener la seguridad de todos los miembros de la cadena; así, “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”. Para poner un ejemplo: en un mundo interconectado y común, de nada sirve tener sistemas públicos excelentes en los países ricos, si al mismo tiempo, existen sistemas de salud precarios débiles en países pobres que al final, podrán afectar a toda la “cadena” de salud pública mundial.

Lo que supone este argumento en términos prácticos es que la cooperación al desarrollo con los países más pobres no sólo se convierte en un imperativo ético, sino en una política necesaria e imprescindible para reducir las amenazas globales que afectan a todos los países del sistema internacional.

El primer caso de ébola en Europa

El brote reciente de ébola fue detectado en Guinea Conacry el 22 de marzo de 2014 cuando este país confirma que una fiebre hemorrágica que había causado la muerte de más 50 personas era el virus Ébola. A partir de ese momento, la comunidad internacional ha asistido impávida a su expansión imparable en África Occidental, fundamentalmente en Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona, causando más de 3.400 muertes. En estos siete meses, la OMS ha declarado una situación de emergencia internacional en la región africana y diversas organizaciones han solicitado ayuda sanitaria de manera reiterada y desesperada. En los últimos tiempos, los medios de comunicación han alertado sobre la epidemia imparable del ébola y la cada vez más precaria situación de los servicios sanitarios en el continente, mostrando imágenes aterradoras de personas tiradas en las calles u hospitales abandonados por el miedo al contagio. En contraposición, también hemos visto a héroes y heroínas anónimos como enfermeros, médicos, misioneros y algún periodista que se están jugando la vida para proteger los derechos de la ciudadanía africana.

La respuesta de la comunidad internacional ha sido extremadamente pobre. El apoyo de los gobiernos occidentales y especialmente los de la Unión Europea ha sido lenta, tardía y escasa. El 25 de septiembre en la ONU, el ministro de asuntos exteriores de Cuba exhortó a la comunidad internacional a incrementar sus esfuerzos para combatir el ébola en África para evitar que este virus “se convierta en una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias”.

La demanda de cooperación

En este marco, parece obvia la demanda a la comunidad internacional y a su ciudadanía para un mayor compromiso con esta crisis humanitaria. Parece inadmisible que estemos en un mundo donde progresivamente se violan los derechos humanos de miles de millones personas, mientras que en otras sociedades se vive con opulencia y lujo. Por tanto, la promoción de las políticas de cooperación al desarrollo se vuelve un imperativo ético básico para cualquier sociedad humana. Se trata de una postura filosófica cosmopolita que parte de la base de que las personas tenemos derechos por el sólo hecho de ser humanas y no por pertenecer a un país o una comunidad determinada.

Ahora bien, parece obvio concluir que esta posición ética y moral no ha sido muy exitosa entre las sociedades occidentales. De este modo, a pesar de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, y más concretamente, de la brutal crisis humanitaria y sanitaria que se vive en África, algunos de los países occidentales, el Estado Español a la cabeza, han establecido severos recortes sobre los programas de cooperación y ayuda a los países más pobres. Además, existen diversas políticas de países ricos, como la exportación de armas, el apoyo a dictaduras o los programas de liberalización comercial que hacen más inestable y difícil (si cabe) la situación de los países más pobres.

Pero, si el argumento ético hasta ahora no ha sido comprendido ni asumido por los países occidentales, al menos tendremos que atender a otra visión de corte más pragmático. Con la detección del primer caso de ébola en España, los países ricos estamos aprendiendo de manera contundente (y acelerada) que, en un mundo interdependiente, la pobreza y la vulneración humana no sólo son problemas para “otras” personas y sociedades. Los niveles de interconexión propios de la actual dinámica globalizadora han dado un nuevo significado a la frase de Publio Terencio Africano (año 165 a.C.), quien dijo: “nada humano me es ajeno”. Así, destinar recursos económicos, políticos y técnicos para proteger los derechos y la vida de los ciudadanos africanos no sólo es un imperativo ético y moral básico para cualquier sociedad humana, sino que es la única opción realista para afrontar esta amenaza global que puede poner en peligro la vida de todas las personas del planeta. Quizás de esta experiencia podamos aprender que es necesario trascender a esta visión individualista, nacional y competitiva para enfrentar los problemas del desarrollo asumiendo que estamos en un único mundo que demanda soluciones compartidas y cooperativas; así la protección y el cuidado de las vidas humanas en cualquier parte del planeta es una responsabilidad de todos.

Natalia Millán Acevedo es investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la UCM y colaboradora de la Plataforma 2015 y más.