Hasta aquí hemos llegado

Es posible que los unionistas británicos deban la victoria del no en el referéndum del día 18 a The Sunday Times: el periódico que diez días antes había publicado un sondeo en el que por primera vez se daba la victoria al sí.Ese mismo día se había publicado en EL PAÍS una encuesta de Metroscopia según la cual el 60% de los catalanes consideraba poco probable que Cataluña llegase a ser independiente, frente a un 35% que lo veía posible en un futuro más o menos cercano.

Tal vez también había muchos escoceses que no acababan de creerse del todo que tras el referéndum una gran parte de ellos dejarían de ser ciudadanos británicos. (Sartre: “Ya sé que tengo que morirme, pero en el fondo no me lo creo”). Un antecedente: en el segundo referéndum de Quebec, en 1995, un 25% de los que habían votado por la independencia pensaban que el triunfo de esa opción no implicaba la separación de Canadá. En el caso escocés, solo tras el sondeo de The Sunday Times una parte de los indecisos se habría tomado en serio las advertencias sobre las consecuencias de su voto. Y, en la duda, prefirieron pensárselo “con cuidado”, como les había recomendado la reina Isabel II, y votar por la opción que no era irreversible.

Es probable que ese deslizamiento hacia el no se viera favorecido a última hora por las ofertas unionistas de más autonomía si la mayoría votaba por mantener la unión. Eso es lo que inicialmente había propuesto el líder nacionalista Alex Salmond, que planteó a David Cameron un referéndum que incluyera esa tercera posibilidad.

Se ha reprochado al premier británico su negativa a aceptar entonces lo que finalmente ha ofrecido junto a los demás partidos unionistas. Sin embargo, el resultado, victoria del no por más de 10 puntos, parece darle la razón. Su apuesta por negarse a entrar en una dinámica de concesiones sucesivas que reforzasen el poder del nacionalismo, con el efecto de crear las condiciones para una independencia a la que no renunciarían, tiene fundamento a la luz de experiencias como la española. Esa dinámica es perversa porque incentiva las posiciones extremas: la independencia o la negativa a desarrollos razonables de la autonomía ante nuevas situaciones.

La firmeza de Cameron fue en general bien vista entre los unionistas españoles. Pero tiende a olvidarse que Salmond acabó aceptando el órdago del referéndum a todo o nada con un argumento que hoy cobra más sentido del que se le atribuyó entonces: que para negociar con Londres, lo que sería inevitable en todo caso, pesaría más un 40% a favor de la independencia, aunque supusiera perder el referéndum, que un 60% por una mayor autonomía. Argumento astuto que seguramente partía del convencimiento de que la opción independentista no podía ganar pero sí recoger cerca de la mitad de los votos. Así ha ocurrido y Londres tendrá que negociar concesiones sustanciales si quiere integrar en torno a la autonomía a ese casi 45% que ha votado por la ruptura.

El riesgo vivido, las heridas abiertas y el camino abierto son el coste de la iniciativa

Entonces, ¿el resultado del 18-S da la razón a los aparentes perdedores, Cameron, que tuvo que ceder, y Salmond, que ha tenido que irse? Para que así fuera habría que cerrar los ojos al riesgo vivido, a las heridas abiertas y al precedente sentado. El resultado ha confirmado la idea de que, en un contexto democrático, todo referéndum sobre la independencia divide de manera cortante a la sociedad, estableciendo fronteras antes inexistentes en múltiples ámbitos, incluyendo el familiar, el laboral y el vecinal. Y produce demasiados derrotados, casi nunca menos del 40%, y sobre un asunto considerado vital por los llamados a decidir.

Ha ganado el no pero podía haber ganado el sí, dependiendo de factores coyunturales o aleatorios. Por ejemplo, del deseo de cambio de muchos votantes no independentistas que vieron en el referéndum una ocasión para librarse del Gobierno conservador. Es desproporcionado provocar la ruptura de un Estado secular por algo que puede cambiarse cada cinco años. Además, lo que de momento hubieran conseguido es dificultar la posibilidad de mayoría laborista en Reino Unido dado que perderían su ventaja en Escocia: de los 59 escaños escoceses actuales en Westminster, 41 son laboristas, 1 conservador, 11 liberal-demócratas y 6 nacionalistas.

Es discutible deducir del desenlace del día 18 que cuando se plantea un problema de este tipo conviene comenzar por consultar a la población, en un referéndum no vinculante, si está o no a favor de la independencia, y actuar en consecuencia. De forma que se condicione la posible oferta de más autonomía a que antes se verifique la voluntad mayoritaria de permanencia; y no al revés: primero negociar concesiones y luego votar entre permanecer o irse. Parece lógico pero plantea algunas dudas. Cataluña demuestra que el hecho de no ser vinculante jurídicamente no impide que sus promotores lo consideren políticamente irreversible, si ganan. Por algo lo consideran expresión del “derecho a decidir”, no a opinar. Y si se trata de conocer las preferencias de los ciudadanos, un referéndum consultivo es un procedimiento muy imperfecto de medición porque la aparente claridad del sí o no, todo o nada, no recoge la pluralidad de posiciones realmente existente. Y porque se presta a manipulaciones como la de las dos preguntas enlazadas (¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado?; en ese caso, ¿quiere que sea independiente?), ideado por los promotores del referéndum para que pueda desembocar en la independencia con el mínimo de votos posible. Si una mayoría del 60% responde sí a ambas preguntas, bastaría un 36% de voto por la independencia para que fuera la opción ganadora (60% del 60% que quiere que Cataluña sea un Estado = 36%).

Un referéndum produce demasiados derrotados: casi nunca menos del 40% de los votantes

En realidad todo el planteamiento de la consulta va dirigido a que se realice en condiciones que favorezcan, por este orden, una fuerte participación y una mayoría independentista. Presentan la votación como una simple encuesta para conocer la opinión de los ciudadanos, pero a la vez como un derecho democrático indiscutible; y con apariencia de legalidad mediante el expediente de redactar una ley ad hoc que sin embargo no entra en lo sustancial: sobre qué asuntos en concreto puede la Generalitat convocar una consulta y, específicamente, si puede hacerlo sobre la independencia.

Un referéndum sirve para ratificar acuerdos pero no para arbitrar desacuerdos, argumentaba recientemente Javier Pérez Royo (ElPeriódico, 13-9-2014). Es la clave de la cuestión. Los gobernantes no pueden pasar la pelota al público para que dirima lo que ellos son incapaces de resolver por los medios propios de la política democrática: deliberación, acuerdo, ratificación. Pero tampoco es acertado limitarse, como Mariano Rajoy, a decir que el referéndum planteado es ilegal. Lo es, pero para hacer frente a la demagogia del “no nos dejan votar” sería conveniente compaginar esa firmeza con una oferta de negociación sobre mejoras en el autogobierno que pudieran luego ser incorporadas al Estatuto de autonomía y ratificadas en referéndum.

Al igual que Salmond se retira tras haber logrado que se celebrase un referéndum sobre la independencia, dejando marcado ese hito para que intente superarlo quien le suceda, Artur Mas aspira ahora a llevar el proceso de autodeterminación lo más lejos posible antes de retirarse. Pero ya ha dicho el Tribunal (en la sentencia de 2008 sobre la consulta de Ibarretxe) que ese principio no tiene encaje constitucional ya que “incide sobre cuestiones fundamentales resueltas en el proceso constituyente”, por lo que no pueden ser tratadas como una simple indagación sobre “el parecer no vinculante del cuerpo electoral”.

Llevar el proceso lo más lejos posible significa ir hasta la convocatoria de la consulta pero sin que se produzca una votación que sería ilegal, lo que se ha comprometido a evitar. Para poder decir a los suyos: “Hasta aquí hemos llegado; no puedo dar el paso siguiente, poner las urnas, sin caer en desacato”. Desde que adoptó la actitud de David frente a Goliat, Mas subordina todo lo demás a la consulta. A dejar como legado haberla convocado aun sabiendo que no podría celebrarse.