La fiscalidad puede acabar con la desigualdad en América Latina

Rosa Cañete Alonso, coordinadora de la campaña de Oxfam contra las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe

Los impuestos que generarían sólo el 3,5% de los capitales latinoamericanos que están escondidos en paraísos fiscales, serían suficientes para que 32 millones de personas salieran de la pobreza. Es decir, todas las personas pobres de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

A pesar de los avances económicos y de reducción de la pobreza en la última década en Latinoamérica y el Caribe, ésta sigue siendo la región más desigual del mundo. Paradójicamente sus gobiernos desaprovechan el potencial que podrían tener sus sistemas fiscales (articulados junto a otras política públicas) para combatir las desigualdades estructurales que caracterizan a la región. Por el contrario, las reglas del juego tributario favorecen a las élites políticas y económicas, deteriorando la democracia y dificultando aún más la reducción de la desigualdad.

Prueba de este hecho es que mientras los países de la OCDE reducen la desigualdad de ingresos (Índice de Gini) a través de la recaudación de impuestos y el gasto social en más de un 35%, los sistemas fiscales de LAC solo reducen la desigualdad en menos de un 10%, según datos de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). Es decir, la recaudación con respecto al PIB es alrededor de 15% inferior en LAC a la de los países de la OCDE, limitando la posibilidad de los gobiernos de desarrollar políticas que reduzcan las grandes brechas sociales y económicas.

De acuerdo al informe publicado por Oxfam “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe”esta baja recaudación responde, entre otras causas, a las grandes exenciones tributarias que los gobiernos conceden a las empresas locales y multinacionales. Estas exenciones refuerzan la acumulación de riqueza de las élites y al final es la población más vulnerable que paga las consecuencias al no contar con servicios públicos de calidad, teniendo en muchos casos que acudir a servicios privados tanto de salud como de educación.

Además de la falta de recursos, el diseño de las políticas tributarias en la región aumenta la desigualdad en vez de reducirla. Incluso hay estudios que demuestran que los avances que se han logrado gracias a programas de protección social del estado, se revierten debido al impacto que tienen los impuestos al consumo sobre los ingresos de los más pobres. En Bolivia el índice de Gini (que mide la desigualdad) se reduce en un 2% cuando se aplican las ayudas estatales a través de transferencias directas, pero cuando se añade el efecto de los impuestos al consumo esta reducción baja a tan solo el 0,5%.

Los impuestos directos sobre la renta y las utilidades tienen una gran capacidad de redistribuir la riqueza, pero no son los preferidos por los gobiernos en la región. En 2010, representaron en promedio sólo el 26% de la recaudación en LAC, frente al 33% en países de la OCDE. En respuesta, más de la mitad de la recaudación de impuestos en Latinoamérica y el Caribe proviene de gravar el consumo. En general, esta realidad hace que las personas de bajos ingresos aporten más con respecto a su ingreso que lo que aportan las personas más ricas, limitando así el potencial del sistema tributario para redistribuir la riqueza. En Brasil, cifras de 2008 indican que la carga tributaria que soportaron los hogares que ganaron más de 30 salarios mínimos al mes ascendió a 29% del ingreso familiar, mientras que los hogares que ganaron menos de dos salarios mínimos soportaron un 53,9% de carga en impuestos.

Pero esta realidad se puede y tiene que cambiar. En LAC queda mucho por hacer para que las finanzas públicas sean un instrumento en la construcción de sociedades más equitativas y por lo tanto más cohesionadas. Por estas razones exigimos a nuestros gobiernos que tengan la voluntad política para utilizar todo el potencial de la fiscalidad para reducir las desigualdades, garantizar los derechos de las mayorías representando sus intereses y no los de unos pocos elegidos y les proponemos medidas concretas para alcanzarlo.

El anuncio que hizo esta semana el ministro de finanzas colombiano sobre los impuestos a las grandes fortunas que piensa introducir en la próxima reforma tributaria podría ser el acicate de un debate urgente en la región: cómo hacer que los más ricos contribuyan a cerrar las brechas históricas que limitan la reducción sostenible de la pobreza. Otro tema complementario será decidir en qué y cómo se invierten esos recursos.