Pobreza, desigualdad y reforma fiscal

Esta entrada ha sido escrita porJosé María Vera,Director de Oxfam Intermón.

Hace unos días me preguntaban por qué Oxfam Intermón se ha metido en un terreno tan pantanoso como es el de la reforma fiscal. Va una respuesta en tres datos. España es el segundo país más desigual de la UE tras Letonia y aquél en el que la desigualdad ha crecido más, cuando la fiscalidad es un determinante de la pobreza y de la desigualdad extrema y una de las principales armas para combatirlas o exacerbarlas. Los exiguos 17 millones del Fondo contra la Pobreza Infantil anunciado hace unos días sonrojan a cualquiera. La Cooperación al Desarrollo se ha recortado en un 70 % desde 2010, un tajo que impacta en miles de seres humanos en riesgo de muerte a los que no llegará la acción humanitaria y en infinidad de programas de desarrollo frustrados a medio camino.

Todo ello, y tantos otros recortes que afectan a las prestaciones sociales, se justifican con el mantra del déficit y la falta de recursos. Y sin embargo la reforma fiscal, impulsada por el Gobierno y que entrará próximamente en el Congreso, supone dejar de ingresar al menos 5.000 millones de euros. ¿Es consciente el gobierno de la situación de cientos de miles de familias en la frontera del comedor social? ¿Y de lo que se podría hacer con esa cantidad, invertida en políticas sociales o de fomento del empleo estable?

Se nos dice que se trata de dinero que se deja en manos de la población para fomentar el consumo y la inversión. Sin embargo, como muestran los análisis realizados por Oxfam Intermón y otras organizaciones, el tajo a los impuestos favorece principalmente a las rentas más altas y a la gran empresa multinacional. Las primeras ya alcanzaron su techo de consumo y en un entorno recesivo acumulan, no invierten.

Las segundas, salvo excepciones, no han hecho más que destruir empleo en España desde el inicio de la crisis (y antes). Frente a las PYMES cuyo tipo efectivo en el impuesto de sociedades está en el 16%, los grandes grupos apenas cotizan el 3,5 %, respecto al 30 % que deberían. Todo gracias a una sofisticada ingeniería fiscal que les permite eludir el pago, ya que tampoco lo hacen en otros países donde operan, a base de filiales en paraísos fiscales y de aprovechar una normativa compleja y altamente tecnificada.

Cabe destacar que 33 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales no vinculadas a su actividad principal. Esto ocurre también en otras regiones como América Latina donde las grandes fortunas y empresas tienen ubicados en paraísos fiscales un capital equivalente al PIB de Brasil (2 billones de euros).

La escasa rebaja que supondrá esta reforma para las familias de menor ingreso –para las de clase media apenas tiene efecto- se sentirá en 2017 y desde luego no compensará la merma en prestaciones sociales (desempleo, discapacidad, integración…) ni el incremento de su gasto en salud o educación por los recortes en estos servicios esenciales.

Se trata, por lo tanto, de una reforma fiscal menor que apenas aborda los retos nucleares de un sistema como el español, de los más inequitativos de Europa y que en todo caso profundiza en algunos de ellos. La recaudación se seguirá basando en el IVA, el más regresivo de los impuestos y en un IRPF cuya progresividad se verá mermada con esta reforma. Los 20.000 millones de euros que volaron del impuesto de sociedades (sí, relean la cifra) con una caída mucho menor de los beneficios, apenas volverán fruto de esta reforma. No reaparecen ni en el debate los impuestos sobre Patrimonio o Sucesiones, tampoco para las grandes fortunas, una de las mejores propuestas de Thomas Piketty en su libro “El Capital en el Siglo XXI”. La lucha contra el fraude se queda en lo de siempre, medidas menores para lograr incrementos marginales, dada la escasa energía puesta en la persecución del gran fraude.

El resultado lo conocemos ya que lo llevamos combatiendo en América Latina desde hace décadas. Sociedades duales y frágiles, fuertemente divididas entre los que pueden pagar por sus derechos y los que no, los incluidos y los excluidos, atados a la pobreza, sujetos de asistencia en el mejor de los casos. Con gobiernos que operan para el 1%, una elite extractiva que usa infraestructuras, instituciones, mano de obra y apoyo público en su beneficio, que se escapa y no contribuye al bien común.

¿Queremos eso? Nosotros no. Nuestra misión de erradicación de la pobreza y defensa de derechos nos empuja a comprometernos con la justicia social y por lo tanto con la justicia fiscal.