¿A quién duele la evasión fiscal?

Por Isabel Ortigosa, responsable de Incidencia de InspirAction (@isabelortigosa/@inspiractionorg)

Jordi Pujol. Foto:MASSIMILIANO MINOCRI-El País.

Para los países pobres, el entramado que permite la evasión fiscal supone miles de millones de dólares de potenciales ingresos tributarios. El robo se traduce en un dolor muy real para millones de personas condenadas a una vida miserable e insegura. ¿Se parecerá en algo a ese dolorcillo de mala conciencia que sienten algunos? Jordi Pujol, por ejemplo, afirma sentir “mucho dolor” al confesar que su familia ha mantenido, fuera de España y sin declarar, una herencia millonaria durante 34 largos años. No seré yo quien se atreva a cuestionar el dolor ajeno, por supuesto, y mucho menos el del que fuera hombre fuerte de la Generalitat catalana durante 23 años. Pero hablar de dolor como consecuencia de lucrativas omisiones durante nada menos que ¡34 años!, resulta cuanto menos chocante.

Desde organizaciones como InspirAction y desde Coaliciones como No a los Paraísos Fiscales, llevamos mucho tiempo haciendo hincapié en que es hora de acabar con el escándalo de las jurisdicciones opacas. No sólo por los recursos que nos roba, sino también por un ejercicio de justicia con los habitantes más vulnerables del planeta. El coste que estas prácticas suponen para los países en desarrollo es alarmante: las estimaciones de Tax Justice Network, basadas tanto en contabilidad nacional como en activos bancarios privados, sugieren que entre 21 y 32 billones de dólares en activos privados financieros son mantenidos en paraísos fiscales y aproximadamente entre un 25% y un 30% de esos activos proviene de los países en desarrollo. Los países en desarrollo pierden entre 120.000 y 160.000 millones de dólares al año como consecuencia de la evasión fiscal – una cifra mayor que el presupuesto global de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Lo hemos dicho una y otra vez: es hora de poner fin al secretismo de los paraísos fiscales de una vez por todas. Con campañas como Paraíso viajes, por ejemplo, denunciamos cómo la opacidad de los paraísos fiscales facilita delitos como el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. Porque la evasión fiscal no es un fenómeno que surge de la nada, sino que se beneficia de una serie de factores muy concretos, relacionados con la falta de transparencia: es difícil luchar contra la evasión cuando falta información clave sobre el lugar en el que las empresas obtienen beneficios, sobre el lugar en el que pagan impuestos y sobre los beneficiarios últimos de las mismas. El intercambio automático de información entre países, la obligación de informar sobre los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan las empresas en cada país en el que operan, y la creación de registros públicos de los propietarios reales de estas empresas son sólo algunas de las medidas que contribuirían a poner fin a esta lacra.

Para ello hacen falta medidas concretas y reales, pequeños pasos hacia un gran objetivo. La creación de registros públicos, por ejemplo, fue ya apoyada abrumadoramente por los eurodiputados en marzo de este año, y será negociada en los próximos meses en un diálogo trilateral entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos. El Parlamento debe mantener comprometerse a garantizar la ambición del proceso, con el fin de que el resultado que sea finalmente ratificado refleje su propia posición de marzo de 2014. Estos registros harían mucho más sencillo descubrir quién está evadiendo impuestos y quién se está beneficiando de negocios corruptos.

Sería uno de esos pasos, concretos y firmes, que necesitamos para caminar hacia un futuro en el que todos, incluidos los países en desarrollo, reciban el dinero que es suyo por derecho.