Consecuencias de la abdicación

Sueño con una España, monárquica o republicana, donde el jefe del Estado, como cualquier otro ciudadano, sea sujeto de responsabilidad si hay razones fundadas para que sea encausado; donde se entierren dignamente todos los cadáveres de todas las cunetas; donde los crímenes contra la humanidad, sea quien sea quien los haya cometido, se persigan en los tribunales de justicia; donde ese mismo jefe del Estado sea un verdadero estadista y un motor de diálogo y entendimiento entre las distintas naciones que conforman España… Y me da igual, absolutamente igual, que sea un rey o un presidente de una nueva República quien protagonice esos gestos, porque lo que verdaderamente no quiero es volver a la España de color sepia de hace un siglo donde los políticos eran caciques de aldea, donde los obispos presidían los actos políticos, donde las banderas eran armas incendiarias, y donde se quemaban las iglesias. Quiero un jefe del Estado que sea un hombre de su tiempo, respetuoso con su propia imagen de estadista, y con las nuevas generaciones que ni entienden, ni quieren entender, las rencillas que han ahogado a las generaciones que les precedieron.— Antonio M. Infante.Madrid.

De modo inesperado, sabiendo que los resultados de las elecciones europeas pueden pronosticar el declive del bipartidismo, el Rey, que había declarado morir sin renunciar a la Corona, abandona la Jefatura del Estado. La transferencia del cargo a su heredero requiere una ley orgánica aprobada por mayoría cualificada. La sorpresa y la urgencia de la decisión del Rey es comprensible: a partir de las próximas elecciones legislativas la suma de votos del PP y PSOE tal vez no baste para continuar garantizando la estabilidad de la Monarquía.

La renuncia del Rey impulsa a las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE, y favorecidas por su retroceso electoral, a demandar un referéndum para que la ciudadanía exprese su voluntad soberana, decidiendo si la Jefatura del Estado se hereda o se elige como cualquier otro cargo público, por sufragio universal.— Luis Alejos. Bilbao.

De nuevo EL PAÍS incurre en un error muy común y, a propósito de la abdicación del Rey, publicaba ayer que el Gobierno “aprobará una ley orgánica que según el artículo 57.5 de la Constitución debe regular la abdicación”. No es así: el Gobierno no aprueba leyes. Decretos leyes, sí; muchísimos, demasiados. Pero las leyes sólo pueden aprobarlas los Parlamentos. O así debería ser.

Ya sabemos que si tienen mayoría y voluntad de rodillo, los proyectos ley del Ejecutivo serán leyes con facilidad. Pero hablemos con propiedad, aunque sea para no contribuir a la confusión. Así pues, esa ley orgánica la aprobarán las Cortes.— Javier de Lucas. Valencia.