No le dejaron morir español
El 20 de febrero de 2006, EL PAÍS publicó en su contraportada un reportaje titulado Quiero morirme español. En él se contaba la interminable batalla legal de un jubilado, Antonio Díaz Florido, nacido en Puerto Rico, que luchaba para conseguir la nacionalidad española. Antonio alegaba que tenía derechos adquiridos porque sus padres nacieron españoles cuando la isla era aún una provincia de ultramar y, según el artículo I de la Constitución de 1876, tenía derecho legal a ser español.
Después de años y numerosos recursos el juez desestimó su petición alegando en su sentencia que “no cabe considerar que el territorio de Puerto Rico, por más que se encontrara bajo dominio español en 1896, pueda ser incluido dentro de la exigencia contemplada en el artículo 20 del Código Civil”. Una sentencia poco lógica, irracional y anticonstitucional como muchas de nuestro sistema judicial, sobre todo habiendo antecedentes de ciudadanos puertorriqueños en esta situación que sí la consiguieron.
Profundamente dolido por la decisión del juez, y convencido de que sus derechos habían sido pisoteados y además falto de recursos para recurrir a un tribunal superior, mi padre no pudo cumplir con su deseo. Consciente de que le negaban su derecho legítimo, permaneció como extranjero en una tierra que consideraba suya, a pesar de poder conseguir la nacionalidad por sus años de residencia.
Tristemente, falleció el pasado día 14 unas horas antes de cumplir 93 años. Sin poder morir como se sentía, “español”, después de residir en Madrid desde 1954. Él frecuentemente comentaba: “Lo que quiero es morirme español. No quiero ser un americano enterrado en España”. Consecuentemente, en sus ultimas voluntades exigió ser llevado al cementerio militar de Puerto Rico junto a su padre y hermano.— John Díaz.
