Manifestódromos y otras tipologías

 Pista de patinaje temporal en Callao, en pleno centro de Madrid

La alcaldesa de Madrid parece dispuesta a reinventar la idea de ciudad. Ha apoyado concursos inútiles -que no tenían por objetivo construir nada-. Ha respaldado pantomimas de participación ciudadana –como la perpetrada en Sol, en la que se preguntó a los madrileños si querían sombra pero no si consideraban oportunas o necesarias nuevas obras en esa plaza –. Ha cambiado un apalabrado museo de la arquitectura por un misterioso proyecto junto al Caixaforum. Y también parece dispuesta a ampliar el vocabulario de las tipologías arquitectónicas con un manifestódromo para ir, a grandes pasos, definiendo –o dejando ver- su idea de ciudad. El manifestódromo Botella es una tipología transgresora: consiste en darle la vuelta al “se ruega no molestar”.

Así, cuando un grupo antiabortista o cuando un gran número de ciudadanos descontentos con la gestión del Gobierno solicite manifestarse, pacífica y democráticamente, en las principales calles de la ciudad que tiene la responsabilidad de gestionar, ella podría responder, de acuerdo con sus recientes declaraciones, que los manifestantes deben encerrarse o alejarse para no molestar. No solo no pueden hacerse oír precisamente porque están molestos, además deben evitar molestar. Y si no molestan, las reivindicaciones no son tales. No lo son si no se hacen oír.

Botella no ha dicho nada sobre las posibles futuras visitas del Papa o a propósito de alguna previsible celebración deportiva. Pero ha pensado que los ciudadanos que contribuyen con su trabajo al mantenimiento y el funcionamiento de la ciudad se alejen de esta cuando tengan alguna reclamación que hacer para dejar espacio a otras ocupaciones -muchas veces igualmente ruidosas, pero sin lugar a dudas siempre más lucrativas- como los mercadillos, las terrazas, las pistas de patinaje sobre hielo o cualquier otra nueva tipología que se le ocurra a quienes tienen el poder de intervenir en la ciudad. Hablo de poder, la capacidad hay que demostrarla.

Trataré de explicarme con un ejemplo puede que más inequívoco. Más allá de ver, hipotéticamente, a la Roja desfilando por Móstoles, por ejemplo, o de mandar a San Sebastián de los Reyes al Atlético de Madrid, si este año por fin consigue ganar la liga, la idea de “encerrar manifestantes” lejos del centro podría explotarle a Ana Botella en la cara cual nuevo caso Madrid Arena por el descontrol en el aforo de los lugares alternativos. La alcaldesa conocerá sus obligaciones y sabrá que, incluso si todos los manifestantes son contrarios a su opción política, o a su equipo de futbol, su responsabilidad consiste en velar por su seguridad. Así las cosas ¿en qué cálculo se basa para pensar que las concentraciones no deben celebrarse en las mayores vías de una ciudad, los paseos centrales que forman el eje principal que organiza su urbanismo?

Que cualquier político, sea del partido que sea, debe rechazar la violencia es un hecho. Que cualquier político, sea del partido que sea, debe defender la seguridad de los ciudadanos y su libertad de expresión es otro. Nadie dijo que las responsabilidades de los políticos fueran fáciles (aunque, se diría, que muchos se esforzaron en que lo fueran). Pero solo una mente muy retorcida, o demasiado simple, jugaría a identificar un derecho democrático con una actitud punible. Encerrar a los manifestantes, o desplazarlos donde no puedan escenificar públicamente su protesta, es suprimir el derecho a manifestarse que confiere la libertad de expresión. Es la libertad de expresión, precisamente, la que le da derecho a un político, del partido que sea, a decir lo que considere, incluso si solo alcanza a considerar tonterías. Pero el deber de un alcalde es otra cosa. Consiste en gestionar los recursos que recibe de los ciudadanos para favorecer la vida en la ciudad de todos sus habitantes, los que lo hayan votado y los que no (en el caso de la señora Botella no es necesario hacer esta distinción puesto que no fue elegida directamente aunque eso no la exima, naturalmente, de actuar democráticamente).

Los sucesivos empeños de la alcaldesa por apartar a los ciudadanos de la calle y por, en realidad, privatizar el espacio y el patrimonio público de Madrid dan miedo. De tan nocivos para los dueños de la ciudad, los ciudadanos, suscitan incredulidad.