La estampida en el estadio. Nigeria: un suceso trágico cada semana

PorChidoOnumah(*)

Peroentonces,estonoseríaNigeria.Estamosacostumbradosalasmuertesensituacionestrágicas.Nopasaunasemanasininformacionesescalofriantessobredramáticossucesosquesecobranlasvidasdelosnigerianos.Yaseaporaltercadossinsentidoennombredelareligión,comoconsecuenciadeaccidentesdetráficoodebarcos,desecuestros,derobosamanoarmadacometidosporindividuosqueandanalacechooporescaramuzasentrelosmiembrosdediferentesetnias.EnestaenormeprisiónllamadaNigeria,lamayoríasomos“muertosvivientes”.

EsteúltimoyfatalincidenteeslaconsecuenciadeunaentramadareddecorrupciónarraigadaenlacomplicadaestructurasociopolíticadeNigeria.PodemossacarestaconclusióndelosfatuoscomentariosquesalierondelaCámaradeRepresentantesydelasdeclaracionesquesehicieronbajocuerdaenelServiciodeInmigración.

El mismo periódico continuaba informando que de las 4.556 plazas vacantes en el Servicio de Inmigración de Nigeria, "solamente quedaban 240 para los 522.652 candidatos ‘normales’ que entraron en tropel a los centros de examen provocando una estampida en la que murieron al menos 16 personas”. Algunas fuentes también revelaron a Daily Trust que “algunos de los que estaban en el proceso de contratación, que había organizado el Servicio de Inmigración, Aduanas y Prisiones, eran gobernadores, senadores, miembros de la Cámara de Representantes y ministros, a los que ya se les había concedido un empleo”.

Cada candidato había pagado 1.000 nairas. El periódico citaba una fuente que aseguraba que “de acuerdo con el registro de solicitudes, se habían presentado siete millones de personas, por lo que habían reunido siete mil millones de nairas aproximadamente”. Esto significa que el Departamento de Inmigración, Aduanas y Prisiones, el Servicio de Inmigración y sus cómplices habían estafado la considerable cantidad de siete mil millones de nairas a miles de hombres y mujeres jóvenes ignorantes y sin empleo, sabiendo que solo había 240 puestos de trabajo para todos.

Aunque esta información resulta útil, no aporta nada nuevo respecto a lo que ya sabemos sobre los trámites de contratación en Nigeria. Hace dos años, durante la ejecución del presupuesto de la Comisión del Senado para el Establecimiento de Asuntos de Servicio Público, el diácono Joan Ayo, presidente de la Comisión del Servicio Federal, se enfrentó al senador Babafemi Ojudu, vicepresidente de la Comisión, reprochándole que el personal de la Comisión se estaba apropiando de más de 500.000 nairas procedentes de los demandantes de empleo.

Todos sabemos que en Nigeria no se puede conseguir un trabajo, ya sea en el sector público o privado, sin una carta o una nota escrita en una tarjeta de visita de un gobernador, de la primera dama, de un ministro, un senador, un general retirado, un presidente de un gobierno local, un mandatario o de cualquier traficante de influencias que se presentan con la etiqueta de “padrino”. Porque si no se tiene un “padrino” o una “madrina” dispuesto a escribir cartas de recomendación, entonces hay que estar preparado para pagar los cientos de miles de nairas que piden los empleadores, pero sin ninguna garantía de conseguir un trabajo.

Cuando se le preguntó al portavoz de la Cámara de Representantes, Aminu Waziri Tambuwal, por la avalancha en el Servicio de Inmigración, este respondió: “Es preciso que las autoridades competentes investiguen las causas remotas e inmediatas de este suceso con el fin de poner en marcha una serie de estrategias para evitar que en el futuro se produzcan otros casos como este”.

No estoy seguro de que nuestros diputados y senadores se crean lo que se dice acerca de lo que sucede en Nigeria para conseguir un empleo. Y si no, miren lo que dijo el presidente de la Comisión Interna de la Cámara de Representantes, Umar Bature (del Partido Democrático del Pueblo, estado de Sokoto): “La gente puede decir lo que quiera. Los miembros de la Asamblea Nacional son también funcionarios públicos. Así que, si les han dado un puesto de trabajo es porque tienen derecho a ello”.

El propio Bature aseguró a Daily Trust que la comisión que él preside encargaría una investigación para descubrir las causas del incidente. “Bature defendió al Servicio de Inmigración por las críticas vertidas acerca del dinero que se había cobrado a los aspirantes, afirmando que es costumbre que las agencias de colocación cobren una tarifa a los demandantes de empleo cuando presentan los formularios de solicitud”, publicaba dicho periódico. Por ello, me parece oportuno lanzar las siguientes preguntas: ¿Quién se queda con el dinero ilegal que las agencias de colocación tienen “por costumbre” cobrar a los demandantes de empleo? ¿Qué podemos esperar de unos funcionarios que actúan de ese modo?

Tanto Tambuwal como Bature conocen bastante bien las causas remotas e inmediatas que provocaron el trágico accidente del sábado 15 de marzo. Pero el nuestro es un país construido a base de subsidios, privilegios y codicia que permanecen hoy día. Solo es necesario profundizar un poco para darse cuenta de que existe una relación entre la empresa de consultoría a la que se le encargó el proceso de contratación en el Servicio de Inmigración y los altos funcionarios públicos.

Tambuwal y Bature saben que no se hará nada, y mucho menos en la Asamblea Nacional, para investigar este asunto. Después de todo, ¡Farouk Lawan aún es miembro de esa honorable cámara! Mientras terminaba este artículo, me llegó la noticia de que “había sido rechazada por unanimidad la moción que había presentado el senador Babafemi Ojudu pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Abba Moro y del interventor general de Inmigración”. Tal como se esperaba, la única respuesta que este ineficaz y mezquino Senado ofreció fue sacudirse las manos y aprobar con sumisión “una resolución pidiendo un minuto de silencio y una investigación sobre el accidente”. ¡Qué vergüenza!

Resulta tremendamente irónico pensar que aquellos que supuestamente dirigen el país y aprueban leyes cuyo objetivo es una buena gobernanza, sean los mismos que ponen obstáculos para materializar una sociedad igualitaria. ¿Qué se necesita realmente en un país como Nigeria, con una enorme superficie de terreno cultivable y recursos naturales, para dar trabajo a millones de jóvenes?

Mientras nuestra elitista clase dirigente no quiera y no esté dispuesta a solucionar los problemas, no cambiará nada. Incluso cuando esta privilegiada minoría política de ladrones antipatriotas roba fondos públicos prefiere, a diferencia de sus homólogos de otros países, ocultar el dinero en bancos suizos, comprar campos de golf en Europa o invertir en propiedades en Oriente Medio, donde a menudo no se les permite ni presentar una reclamación.

Como era de esperar, la sociedad civil se ha movilizado lanzando duras críticas y pidiendo la dimisión del interventor general del Servicio de Inmigración, David Shikfu Parradang y del ministro del Interior, Abba Moro, ya que al parecer culpaba a los aspirantes de su propia muerte por “su impaciencia y por no respetar de forma pacífica el proceso de selección”. En estas circunstancias, es lo mínimo que podía hacer una sociedad que se respeta a sí misma y demuestra una pizca de indignación moral.

Permitamos a los jóvenes que fueron estafados por el Servicio de Inmigración y que tienen la suerte de estar vivos, que se manifiesten ante el Ministerio del Interior y de las delegaciones del Servicio de Inmigración de todo el país hasta que ambos responsables dimitan o sean expulsados de su cargo. Ellos, más que nadie, tienen legitimidad para hacerlo.

Antes de que los calumniadores critiquen mis palabras huecas, permítanme recordar que hace tres años, hartos de los embustes de Maurice Iwu, entonces presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, por sus siglas en inglés), movilizamos a los jóvenes nigerianos, con la ayuda de makeyourvotescount.org, que se manifestaron durante semanas ante la sede de dicha comisión en el territorio de la capital federal, Abuja, mientras se celebraban reuniones oficiales a las que acudía el señor Iwu, hasta que conseguimos que el Gobierno anunciara su dimisión.

Mientras esperamos a que se produzca un nuevo suceso trágico, nos solidarizamos con las familias de las víctimas del terrible accidente del pasado 15 de marzo. La cuestión no es si se producirá, sino cuando. Nigeria es una bomba de relojería.

Mejor haríamos, la sociedad en conjunto, en desactivarla antes de que explote.

(*) Chido Onumah es periodista nigeriano. Actualmente cursa un doctorado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es autor de Nigeria is negotiable, Essays on Nigeria’s Tortuous Road to Democracy and Nationhood. Twitter @conumah

Traducción de Virginia Solans