Pacto migratorio

Después de semanas de enfrentamiento político sobre la tragedia en la que murieron 15 inmigrantes cuando trataban de llegar a Ceuta, el Gobierno y el principal partido de la oposición empiezan a cambiar de discurso. Ahora hablan de pacto de Estado, concepto que se emplea a veces con demasiada alegría, pero que apunta la búsqueda de un compromiso en materia de inmigración entre los partidos que tienen o han tenido responsabilidades de poder, y que conviene abrir a otras opciones políticas.

La novedad inmediata es que el Gobierno va a entregar al Congreso los vídeos y la grabación de las conversaciones internas entre los guardias civiles que participaron en la operación del 6 de febrero en Ceuta. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha terminado por admitir que disparar pelotas de goma no fue una buena idea. Sin embargo, se niega a destituir a autoridad alguna, con el argumento de que las muertes no se produjeron a causa del uso de medios antidisturbios. De momento, el único relevado es un policía que se pronunció de modo contrario a una de las tesis del ministro, quien ve en las mafias el motivo de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, pero tampoco comparte los datos e investigaciones que le llevan a esa conclusión.

Que la tensión política está bajando lo revelan los signos de la semana pasada: el PSOE renunció a proponer la reprobación parlamentaria de Fernández Díaz, y el Gobierno desbloqueó un reglamento que ofrece cierto papel a las ONG en la asistencia a los extranjeros en los centros de internamiento, tras una serie de incidentes mal aclarados en ellos.

Ningún país europeo escapa a la realidad de que una parte de la opinión pública observa con temor el crecimiento de la inmigración incontrolada, y desde luego no se debe dejar a los extremistas la utilización de este asunto. Las corrientes centrales de la política española tienen trabajo por delante: métodos humanos para reducir la permeabilidad de las fronteras (el PSOE ha sido muy crítico con las cuchillas en las verjas de Ceuta y Melilla, y con las llamadas devoluciones en caliente), canales para la inmigración legal, garantías de respeto a condiciones humanas en la retención de extranjeros que entran ilegalmente y cumplimiento de la legislación europea sobre el derecho de asilo, que afecta a la pretensión gubernamental de devolver inmediatamente a Marruecos a los que salten las verjas.

En la cuestión de la inmigración sobran tambores y trompetas. Es verdad que resulta más fácil negociar con el resto de Europa y con Marruecos si existe un grado previo de consenso en España. Pero el acuerdo sobre política migratoria tiene que ser independiente del esclarecimiento de lo sucedido el 6 de febrero, que continúa pendiente de una explicación completa. No se trata de confundirlo todo ni de tapar una tragedia con un pacto, sino de resolver cada problema con tanta firmeza como prudencia.