Sin documentación, pero con derechos

El pasado 6 de febrero, personas que pretendían llegar a nado, o agarradas a precarios flotadores, a la playa del Tarajal, en Ceuta, fueron hostigadas por agentes de la Guardia Civil que, cumpliendo órdenes de sus superiores, dispararon a su alrededor balas de goma y balas de fogueo. Al menos 15 de esas personas murieron ahogadas.

¿Cómo pudo suceder algo así? Al margen de la investigación que se lleve a cabo para determinar la responsabilidad de quien dio esas órdenes y al margen de la responsabilidad política que debería asumir el director general de la Guarda Civil, existe una explicación de lo ocurrido. La misma que explica lo que sucede en las fronteras terrestres. La idea, cada vez más extendida, de que solo tienen derechos los ciudadanos de los países de la UE y de que quienes llegan a sus puertas sin la documentación apropiada no tienen nada que reclamar, ni reglas, preceptos o principios a los que acogerse.

La idea de que solo tienen derechos los ciudadanos de la UE es falsa y perniciosa

Es una idea falsa y perniciosa. Las personas que intentan entrar en un país sin disponer de la documentación requerida para ello pueden ser, de acuerdo con la ley, detenidas y, tras unos plazos determinados, expulsadas de nuevo, bien a su país de origen, bien al tercer país del que procedieron. Punto. No han perdido ninguno de sus otros derechos como seres humanos: deben ser tratados con respeto, deben ser ayudados si están en peligro; deben tener un intérprete, de manera que si son demandantes de asilo político, se inicien los trámites necesarios. Y ese periodo de detención, que en Europa llega hasta los 18 meses, ha sido denunciado incluso por la moderada Cruz Roja, que estima que una medida semejante solo debe ser empleada en periodos “mínimos” y sometida al control judicial: “Las prácticas actuales en la UE deben ser revisadas para adecuarlas a una cierta proporcionalidad”.

A finales de este año 2014 expira el llamado Programa de Estocolmo por el que los países de la Unión fijaron sus prioridades en asuntos relacionados con la seguridad interior y también con la protección de fronteras, la inmigración y el asilo. El último día del pasado enero se cerró el plazo en la Comisión Europea para propuestas, análisis y debates previos a esa revisión. Si se visita la página web donde figuran esos documentos, se aprecian pronto dos cosas: una, que las autoridades de los países miembros han participado muy poco. En el caso español, solo existe un documento, de la Generalitat de Cataluña, que se limita a reclamar más competencias.

La segunda conclusión es que la inmensa mayoría de las organizaciones internacionales que sí mandaron documentos (46) están muy preocupadas por la posición europea y piden que se revise a fondo.

Desde Amnistía Internacional hasta un grupo de grandes organizaciones cristianas, pasando por la Comisión Internacional de Juristas, todas ellas piden que no se enfoque la inmigración como un tema de seguridad y protección de derechos de los ciudadanos de la Unión, que se deje de criminalizar a las personas que entran en Europa de forma irregular y que se dé prioridad absoluta al deber, y obligación, de rescate y protección de personas que se encuentran en peligro en el mar.

La Comisión Internacional de Juristas, por ejemplo, es muy insistente a ese respecto: recuerda que existen ya leyes internacionales que no están siendo cumplidas y recomienda que sea la Comisión Europea la que asuma directamente la regularización y las normas de búsqueda y rescate en las aguas de la Unión, ateniéndose al bien antiguo Derecho del Mar. La gran mayoría de esos documentos ponen en evidencia la realidad: el Programa de Estocolmo no ha aumentado la seguridad de los ciudadanos de la UE, ni su libertad, ni su bienestar. Pero ha ayudado a crear la confusión entre inmigrantes y delincuentes, de manera que un guardia civil dispara balas de fogueo contra quien, en puridad, es un náufrago, creyendo que así defiende a su país.