Confianza minada

La Comisión Europea acaba de exhibir una cifra imponente (120.000 millones de euros) en concepto de coste anual de la corrupción a escala de la Unión. Esta conclusión no es el fruto de un verdadero trabajo de investigación propio, sino un cálculo a partir de otras fuentes (desde el grupo anticorrupción del Consejo de Europa a Transparencia Internacional). Aún con esas limitaciones, sin duda es una advertencia digna de tenerse en cuenta sobre las dudas que suscita la UE como espacio limpio para la actividad económica.

La Comisión hace bien en presionar a los Gobiernos y advertir a los ciudadanos de lo caro que les cuesta ese estado de cosas. Sugiere un lazo directo entre las dificultades de los sectores públicos para financiarse y el volumen de dinero que se pierde, principalmente por sobrecostes en contratos públicos; y da un toque de atención respecto a la pérdida de confianza ciudadana en los líderes políticos.

Más llamativo es que los europeos tengan la sensación de vivir en un ambiente de corrupción generalizado, sobre todo al sur de Europa (Grecia, Italia, España); sorprendentemente, también lo cree el 59% de los alemanes o el 61% de los holandeses, de manera que solo las opiniones públicas de unos pocos países (Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo) escapan a la mancha de la sospecha sobre sí mismos.

La mayoría tiene la impresión de que esas prácticas han empeorado en los últimos años, sobre todo en España, donde lo cree el 77%. El dato contrasta con que muy pocos se consideran afectados ni conocedores de asunto concreto alguno, lo cual traduce el impacto de lo difundido a través de las redes. Tampoco hay novedad en los casos españoles que se mencionan, pero su inclusión ayuda poco a restablecer la buena reputación internacional de España.

Todo ello reafirma la necesidad de rectificar. El último Barómetro del CIS vuelve a recordar que la corrupción y el fraude constituyen la principal preocupación de los españoles, tras el paro. Una de las cuestiones a resolver es la financiación de la política, que para el 87% de los españoles no es suficientemente transparente ni está supervisada, según el estudio de la Comisión Europea. Hacen falta normas, pero, sobre todo, tiene que existir la voluntad de cumplirlas. Y para ello resulta indispensable contar con órganos profesionalizados de supervisión y control, capaces de fiscalizar las cuentas de la política y de servir de alerta temprana frente a los abusos.