Los países pobres pagan la pasividad internacional ante los delitos financieros

Fuente: El Roto.

En un informe publicado el pasado mes de diciembre, la organización estadounidense Global Financial Integrity estimaba que los flujos financieros financieros ilicítos que escapan de los países en desarrollo hacia los países ricos podría haber alcanzado entre 2002 y 2011 los 5,9 billones de dólares. Esta cantidad -que multiplica por ocho el total de la ayuda al desarrollo mundial durante ese mismo período (ver gráfico)- no solo supone una vía de agua para los recursos públicos, sino que perpetúa prácticas corruptas que frenan el desarrollo de los países y destruyen la confianza de las sociedades en sus Estados. Siempre según GFI, de los 15 principales “exportadores” de flujos ilícitos en 2012, cinco están Asia, dos en África, dos en América Latina, uno en Oriente Próximo y cuatro en Europa (entre ellos Polonia, un miembro de la UE).

Aunque la primera responsabilidad del problema recae sobre las élites económicas y políticas de estos países (incluyendo a empresas extranjeras que se establecen en ellos) sus actividades serían mucho más complicadas en ausencia de un sistema financiero internacional que ampara con su opacidad y descoordinación el expolio de los países pobres. Eso es al menos lo que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su contundente informe Midiendo la respuesta de la OCDE a los flujos financieros ilícitos procedentes de los países en desarrollo, presentado recientemente en París.

Este trabajo -que se publica por primera vez y para el que se ha realizado un análisis pormenorizado del comportamiento de decenas de Estados en centenares de acuerdos legales- cubre cinco áreas principales en las que la respuesta de los países ricos es algo más que mejorable: el lavado de dinero, la evasión fiscal, los sobornos internacionales, la recuperación del patrimonio robado y el papel de las agencias donantes. En los dos primeros casos el informe reconoce avances en los mecanismos de coordinación internacional (como el Grupo de Trabajo sobre Acción Financiera o el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información por Motivos Fiscales), pero expresa su frustración por el mediocre compromiso de los Estados que participan en ellos. En un asunto clave como la identificación de los verdaderos beneficiarios de las operaciones -o, sencillamente, de los clientes que participan en ellas-, los gobiernos demuestran un desinterés desconcertante, en particular cuando se trata de señalar a individuos con responsabilidades políticas.

Pero los mayores problemas se concentran en la lucha contra los sobornos y en la repatriación de los recursos robados, medidas esenciales para eliminar las pulsiones delictivas. De acuerdo con los investigadores de la OCDE, el montante anual de los sobornos que se pagan en los países asciende a la friolera de 1 billón de dólares. Aunque la persecución de quienes pagan estas coimas está amparada por un acuerdo internacional desde 1997, hasta el año 2012 solo se había sancionado por este motivo a 221 individuos y 90 empresas. La mitad de los países desarrollados -España entre ellos- no ha abierto todavía ni un solo expediente sancionador.

En cuanto a los recursos recuperados, las noticias no son mucho más esperanzadoras. Entre 2010 y 2012 los países ricos congelaron 1.400 millones de dólares en patrimonio robado, pero devolvieron a sus legítimos dueños tan solo 147 millones. Si tomamos como referencia la estimación más conservadora de la Stolen Assets Recovery Initiative del Banco Mundial, esto significa que en esos años se devolvió un dólar por cada 136 robados.

En un momento en el que la ayuda al desarrollo sufre importantes presiones presupuestarias por parte de los gobiernos donantes, reducir la salida de flujos financieros ilícitos procedentes de los países pobres constituye una prioridad ineludible. La propia ayuda puede jugar un papel fundamental apuntalando a las instituciones democráticas que deben cumplir su parte en los países en desarrollo. The Guardian destaca, por ejemplo, el modo en que Noruega está apoyando a Zambia en la renegociación de contratos mineros leoninos. Es solo una de las dos docenas de medidas concretas que los investigadores de la OCDE proponen en su informe a los países desarrollados. Es hora de que foros como el G8 y el G20 justifiquen el dinero que nos cuesta reunirlos de vez en cuando.