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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Prioridad errónea

Un barrio de Burgos se alza contra obras que los habitantes no reclaman ni desean

El Ayuntamiento de Burgos ha promovido unas obras por valor de ocho millones de euros en un barrio cuyos habitantes ni las habían reclamado ni las desean. No es la primera vez que determinadas reformas urbanísticas, como ha sucedido por toda España con distintas zonas céntricas o comerciales cerradas al tráfico, levantan el reproche de sus propios beneficiarios, que callan luego cuando se comprueban los efectos positivos. Pero en esta ocasión se dan circunstancias que precisan una reflexión más profunda.

El barrio de Gamonal, donde viven 60.000 personas, nació como municipio independiente y se fusionó con la capital hace seis decenios. Sus nuevas casas fueron acogiendo a familias trabajadoras, especialmente tras el impulso del Polo de Promoción Industrial creado por Franco. Ya en 2005 algunos de sus vecinos desencadenaron incidentes similares a los de estos días, por un aparcamiento que finalmente se paralizó. El PP casi duplicó en Burgos los votos del PSOE en 2011, si bien en este barrio los sufragios se repartieron de forma equilibrada entre izquierda y derecha.

La ciudad cuenta con 18.000 parados y 180.000 habitantes; y en los últimos 20 años, Burgos ha sido una de las ciudades con los precios más caros para los pisos nuevos, sin ninguna circunstancia orográfica que lo justifique, como consecuencia de la gestión desarrollada en los años ochenta por el alcalde José María Peña (en una etapa independiente y en otras en las listas de UCD, AP o PP), condenado luego a 12 años por prevaricación e indultado en el año 2000.

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Los habitantes de Gamonal han sufrido la crisis, sobra decirlo, con crudeza. Y ahora se topan con una inversión cuantiosa y no prioritaria, que les quitará sitio para estacionar sus coches y reducirá a uno los dos carriles por sentido de la avenida que cruza el barrio, a cambio de 256 plazas de aparcamiento que la mayoría de ellos no podrán comprar, porque cuestan 20.000 euros para un uso máximo de 40 años.

Desde luego, los actos violentos que se han producido son inaceptables. Los informes de Interior sobre grupos de radicales que se desplazan por España resultan confusos, porque los detenidos son de Burgos. En todo caso, el alcalde actual, Javier Lacalle, debería haber dado muchas más explicaciones y buscar consensos, más allá de que la obra responda a una promesa electoral. Porque toda prudencia es poca a la hora de administrar los dineros de todos.

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