El pecado de votar en Cataluña

No estoy de acuerdo con los calificativos con que se están valorando las dos preguntas consensuadas por diversas fuerzas políticas para la consulta a los ciudadanos catalanes: ambiguas, equívocas, incluso farragosas o preguntas trampa. Por el contrario, pienso que, tomadas conjuntamente, las preguntas distinguirían con bastante claridad entre tres actitudes o preferencias básicas.

La primera pregunta —¿quiere que Cataluña sea un Estado?— separaría a quienes están más bien satisfechos con la autonomía actual (o los pocos que prefieren una involución hacia el centralismo uniformador) de aquellos que desean un cambio drástico hacia una organización estatal que tendría su propia Constitución. El incluir en esta primera pregunta opciones como “autonomía con las competencias actuales” o “autonomía con más competencias” o “autonomía con otro Estatuto”, sí que haría la pregunta difusa y farragosa, y los resultados de difícil interpretación política.

La segunda pregunta —¿quiere que sea un Estado independiente?— separaría a quienes desean independencia para Cataluña con toda firmeza y sin tapujos de aquellos que no quieren ir tan lejos, sino que se conformarían con “una tercera vía”, un Estado federal o quizá confederal. Pero añadir estas opciones tendría, a mi juicio, los mismos defectos que en el caso anterior. El referéndum es un instrumento de consulta política a toda una ciudadanía que pierde su utilidad política si se convierte en una pregunta compleja y con los matices propios de una investigación universitaria.— Eduardo López-Aranguren. Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Leo con extrañeza que la Conferencia Episcopal Española encuentra inadmisible la consulta sobre la independencia de Cataluña, que no considera “moralmente aceptable”.

Lo primero que me viene a la cabeza es: ¿por qué se ve la Conferencia Episcopal en la necesidad de manifestarse ante el anuncio de la fecha y la pregunta de esta consulta?, ¿qué relación puede haber entre el anuncio de esta votación y la Iglesia católica?

De entre las posibles respuestas a estas preguntas, intento rechazar la que me parece más obvia: el miedo a perder los privilegios adquiridos en la época de Franco y preservados en el Concordato de España con la Santa Sede de 1979 por los sucesivos Gobiernos constitucionales. La exención de impuestos (IRPF, IBI, IVA, impuestos de donaciones y sucesiones, etcétera), el sostenimiento de la Iglesia vía Presupuestos Generales del Estado o la “enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” que obliga a los centros a inventarse alguna materia alternativa para quienes no quieren que a sus hijos se les eduque en la religión.

Si este es el motivo de estas declaraciones, eso sí sería desde mi punto de vista inadmisible y moralmente inaceptable.— Enric Molina Gayà. Llinars del Vallès, Barcelona