El PSC se descuelga

El socialismo catalán se descolgó ayer del actual proceso del derecho a decidir,es decir, para convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, por considerar que se incumplen las condiciones que puso desde el inicio. A saber, que la consulta fuese “legal y acordada”: dentro de la legalidad —algunos, como Esquerra, defienden celebrarla incluso contra la ley— y de forma negociada con el Gobierno central, como en Escocia. El Consell Nacional del PSC, su máximo organismo entre Congresos, votó contra los próximos pasos previstos, la petición al Congreso de que este delegue en el Parlamento autónomo la competencia para convocar el referéndum, y la nueva ley autonómica de consultas. El resultado, un 83% (en voto secreto, como pidió la minoría) a favor de la dirección encabezada por Pere Navarro, resultó abrumador. Con ello, el considerable consenso que había cristalizado en torno al proceso, pese a continuos sobresaltos y descuelgues menores, queda roto. Y el propio movimiento, seriamente tocado. Aunque no por ello se vislumbre el fin de las tensiones internas del PSC.

El argumento más aparente ha sido la negativa a escenificar nuevos actos de una secuencia abocada al fracaso, al no haberse obtenido del Gobierno de Mariano Rajoy la disposición indispensable para iniciar una negociación. Llevar a los partidos con vocación de Gobierno a estrellarse contra la pared, en vez de perforarla o sortearla, suele ser una mala receta táctica.

Más de fondo es la constatación de que la manera de conducir el proceso por CiU y Esquerra desdice la proclamación de que se pretenda una consulta honesta, legal y consensuada: no se quiere un pacto, sino una negativa. Ello es así porque la puesta en pie de “estructuras de Estado” (agencia tributaria y otras), aunque de eficacia irrelevante, prefigura la eventual convocatoria como un referéndum “para” la independencia y no “sobre” ella. Lejos de toda imparcialidad, el Ejecutivo de Artur Mas asume como propio, desde el principio, un resultado favorable a la separación. Y porque a lo largo de un año largo se han multiplicado las trampas procesales, cuando en cuestiones que afectan al Estado de derecho el respeto a los procedimientos es esencial. Entre ellas destaca el ultimátum de Mas a Rajoy sobre el pacto fiscal, hace un año: o lo aceptaba íntegramente tal como se formulaba, o CiU convocaría un referéndum. O la reciente zancadilla parlamentaria al propio PSC: cuando este asumió la votación de un texto genérico sobre el llamado derecho a decidir, se encontró con que otra moción, no pactada, estipulaba fijar fecha y pregunta de la consulta antes de Navidad.

Así pues, los socialistas catalanes se descuelgan de un proceso que sus propios promotores saben condenado al fracaso. Se aclara así el panorama catalán. Pero haría mal el Gobierno de Mariano Rajoy si dejara estar las cosas en Cataluña. La unidad de los distintos catalanismos se rompe, pero el malestar de la ciudadanía se mantiene.