Brasil: algunas pistas para la política migratoria europea

Esta entrada ha sido escrita por Joao Guilherme Granja, Director del “Departamento de Estrangeiros” (inmigración, ciudadanía y refugio) del Ministerio de Justicia de Brasil. Aunque se trata de un estilo diferente al habitual en @3500M, nos ha parecido un texto extraordinariamente sugerente, un motivo para la reflexión en esta Europa que sostiene un discurso tan diferente.

Tragedias como la del 3 de octubre, a media milla de la isla de Lampedusa, nos solidarizan inmediatamente con las familias de las más de 300 víctimas y nos presentan una vez más la urgencia de reflexionar públicamente acerca de los aspectos humanos de los flujos migratorios. El hecho de que otras muertes y graves violaciones de derechos vinculadas a intentos de cruzar fronteras en todo el mundo se acumulan diariamente en episodios silenciosos, pone de relieve los retos reconocidos en Nueva York hace pocas semanas durante el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migraciones y Desarrollo.

El Diálogo, desde sus momentos preparatorios, ha pretendido ser ambiente para el intercambio de buenas prácticas, consulta y valorización de estrategias de cooperación, así como para la formación de consensos. Las palabras del Secretario General Ban Ki-moon esclarecen los rasgos generales de este itinerario través ocho puntos: proteger a los derechos humanos de los emigrantes; bajar los costos de la emigración; luchar contra toda forma de explotación de los emigrantes; proteger especialmente a los emigrantes en contextos de crisis y conflictos; mejorar la percepción de la sociedad sobre las contribuciones de la inmigración; integrar el tema en la agenda de desarrollo; profundizar en trabajo con bases de datos fiables sobre los vínculos entre migraciones y desarrollo; e intensificar las estrategias de cooperación para los temas de emigración y protección de los emigrantes.

Este proyecto parte del convencimiento de que la inmigración debe ser discutida de forma abierta y que la adecuada gestión de los flujos haría que todas las partes involucradas pudiesen extraer resultados positivos. Se supone también que estos desenlaces se pueden alcanzar con el establecimiento de objetivos realistas, compromisos con su implementación y monitoreo de sus progresos.

Hay una distancia que debe ser superada entre este plan abstracto y su realización concreta, lo que obliga a los distintos actores en cada contexto a preguntarse cómo interactuar entre sí y con realidades sociales, políticas e institucionales individualizadas y complejas en busca de soluciones.

Para el caso brasileño, este es un ejercicio que abarca al gobierno, a diversos segmentos sociales (incluidos los propios inmigrantes), a redes sociales transnacionales y a organismos internacionales. Consiste en producir cambios institucionales, simbólicos y materiales en tres dimensiones:

El primer desafío comprende la actualización de las leyes nacionales sobre inmigración, la internalización de tratados y acuerdos internacionales y la armonización de los reglamentos administrativos. Se trata de elementos claves para establecer una cultura jurídica y política de no discriminación, protección efectiva de los derechos y prevención de sus violaciones. Representa la superación de un “déficit de derechos” generado por sucesivos regímenes autoritarios de Brasil que, durante el siglo XX, elegirán el inmigrante como enemigo de la seguridad nacional y antagonista de los mecanismos de protección económica y laboral. Un fenómeno cuyas consecuencias han sobrevivido a la redemocratización.

El segundo reto es la superación de un “déficit de coordinación y gobernanza”, con el establecimiento de medios de coordinación entre las instituciones migratorias y entre los tres niveles de Gobierno, en un país con dimensiones continentales. Abarca también la definición de competencias institucionales con miras a la integración de los inmigrantes en todos sus aspectos: económico, social, cultural y productivo.

Estas dos dimensiones deben ser leídas conjuntamente como parte de un compromiso para abordar el reto de los inmigrantes indocumentados de modo inclusivo y no incriminatorio, así como crear medidas de atención especificas para los niños, las mujeres, con respeto a la diversidad sexual y la identidad de género.

La tercera dimensión plantea un compromiso de escucha, de participación y supervisión social de los procesos de formulación y actualización de políticas y programas para los inmigrantes que viven en Brasil. Con esto adoptamos la centralidad de la participación ciudadana y de la voz y empoderamiento de la persona que inmigra. Este enfoque responde a un “déficit de participación social”, y se concreta a través de la realización en 2014 de la Primera Conferencia Nacional sobre Migración y Refugio, un proceso estructurado de escucha, diagnóstico y consulta social abierto a los inmigrantes en el país.

Por lo tanto, el establecimiento de estrategias inclusivas y de creación de oportunidades para que todos los inmigrantes puedan acceder a un equilibrio sostenible entre identidad cultural y integración social plena, se basan necesariamente en el respeto a los derechos humanos, en la no criminalización de los indocumentados y en compartir con las personas migrantes las decisiones que les afectan.

La historia demográfica brasileña ya conoció, a principios del siglo XX, una población integrada en cerca de un 10% por inmigrantes recientes, número que en 2013 se acerca apenas de los 0,6%, después de décadas de esfuerzos emprendidos por aquellos regímenes autoritarios para contener la inmigración. Hoy en día vivimos el presagio, así como la necesidad estratégica, de retomar la vocación brasileña para la recepción de inmigrantes. Esta es constitutiva de la pluralidad social y vivacidad cultural que está en las raíces del modelo de desarrollo de Brasil.

La contribución institucional a este complejo debate es de reconocimiento, al fin, de que el papel de receptor de inmigración, y su desarrollo, se vinculan a la adopción de compromisos de justicia social y de participación de todos aquellos que buscan acogida en su territorio, como presupuesto de estrategias adicionales de cooperación con los países emisores y de tránsito, de profundización de procesos de integración regional y de negociación en espacios y foros internacionales.