Más participación para salvar la política

En tiempos de tribulación abundan las ocurrencias. Como decía Robert Lynd, para “dar clases de navegación mientras el barco se hunde”. Entiendo por “ocurrencias” diagnósticos y propuestas que se realizan con insuficiente reflexión.

Una primera ocurrencia consiste en atribuir nuestros males a una “élite extractiva”: nuestros políticos. Se abusa de un concepto de Daren Acemoglu y James Robinson, que deriva de ideas de un Nobel de Economía, Douglass North. Una “élite extractiva” goza de impunidad para ignorar los intereses generales y explotar a la población —ya sea en el Congo, Sierra Leona, Haití o Rusia—. El concepto no sirve para interpretar el oscuro túnel por el que pasa la política española.

Se utiliza este concepto respecto de los “políticos”, no respecto de banqueros o empresarios. Pero los primeros dependen de los votos; los segundos, no. Si los políticos fuesen una “casta” que expoliase a los ciudadanos, no se explicarían diferencias entre ellos. Pero Bachelet o Brandt no son Berlusconi; Palme no es Andreotti o Aznar. Hablar de una “élite extractiva” resulta más exótico que afirmar que “todos los políticos son iguales”, pero no arroja ninguna luz sobre la política.

Si los políticos fuesen una casta que expolia a los ciudadanos no habría las diferencias que hay entre ellos

Una segunda ocurrencia es asignar los males a la transición a la democracia. Una benevolencia con el franquismo, unas estrategias de consenso, una Constitución pactada generaron una “casta política” aislada respecto de los ciudadanos. Sin embargo, la movilización ciudadana fue considerable, muy superior a Grecia, Chile, Brasil, Argentina o Hungría. Los franquistas se opusieron violentamente a la Constitución de 1978, con dos golpes militares en febrero de 1981 y junio de 1985 e innumerables conspiraciones. La Transición no fue pacífica: hubo más de 660 muertos entre 1975 y 1982, una violencia muy superior a la habida en Grecia o Portugal, exhaustivamente analizada por Ignacio Sánchez-Cuenca.

Muchas ocurrencias se refieren al sistema electoral. Pretenden, por una parte, reducir la distancia entre políticos y ciudadanos; por otra, acabar con el bipartidismo y reflejar mejor la diversidad de preferencias de los ciudadanos.

Para el primer objetivo, se defiende la introducción de un sistema mayoritario. Pero en Estados Unidos solo vota la mitad de la población. Un sistema mayoritario no permite tampoco la entrada de más partidos sino que refuerza el bipartidismo. Y en sociedades polarizadas, con intereses divergentes e intensos, los conflictos civiles son mucho más probables. Para el segundo, se propone lo opuesto: una mayor proporcionalidad. Si aumenta el número de partidos, genera también Gobiernos de coalición —según Schumpeter, “el reino de los políticos”—. Aquí, a espaldas de los ciudadanos, los políticos hacen y deshacen Gobiernos. Los ciudadanos pueden elegir en un menú más abundante, pero pierden el control de los gobernantes: en las coaliciones, el 61% de los cambios de primeros ministros se deben a conspiraciones de otros políticos, no al voto de los ciudadanos.

La Transición no fue pacífica: más de 660 muertos entre 1975 y 1982, muchos más que en Grecia o Portugal

Los objetivos de representar más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de acercar los ciudadanos a los políticos y de controlar mejor a los Gobiernos, no son fácilmente compatibles. Por tanto, se deben abordar con cuidado. Téngase en cuenta que el sistema español, de proporcionalidad muy corregida, ha dado lugar durante 23 años a Gobiernos minoritarios dependientes del apoyo parlamentario de otros partidos: cinco años con Suárez, siete con González, cuatro con Aznar, siete con Zapatero. Desde 1977 se han producido cuatro cambios de Gobierno (1982, 1996, 2004, 2011), frente a solo tres en los casos de Gran Bretaña (1979, 1997, 2010) o Alemania (1981, 1998, 2005) —con dos sistemas electorales muy apreciados por los “reformadores”—. Si queremos reformarlo, hay que pensar con cuidado en la alternativa.

Veamos el sistema electoral alemán. La mitad de los escaños se asignan según los votos a listas de los partidos; la otra mitad, según los votos a candidatos en circunscripciones uninominales. Los resultados electorales serían equivalentes al sistema español. Solo cambiarían si se introdujeran en España circunscripciones pequeñas o medianas, en torno a siete diputados cada una. Alberto Penadés lo ha mostrado de forma muy convincente. Si podrían producirse cambios en la calidad de los candidatos en las circunscripciones uninominales, así como en la relación entre votantes y representantes. Aquí radica para mí el mayor interés del sistema alemán.

Otras ocurrencias tienen que ver con la selección negativa de nuestros políticos. Este es, sin duda, uno de los principales problemas de la democracia. Pero cuanto más se denigre la política, peores serán aquellos que se dediquen a ella. Muchas propuestas para “mejorarla” son dudosas:

—Una “ley de partidos” no constituye una varita mágica. En los países donde funcionan bien, esa ley no existe; ni los congresos ni la selección de candidatos se regulan por ley. Países con partidos abiertos y democráticos disponen de reglas similares a las españolas.

—Elecciones primarias pueden ser plebiscitos escasamente democráticos. Tony Blair utilizó consultas directas a los afiliados para saltarse los controles intermedios del partido laborista. No entiendo por qué una mayor democracia interna consiste en desarbolar los órganos de representación y control internos. Deseo un debate público de calidad y las primarias no lo aseguran.

—Circunscripciones uninominales y listas abiertas pueden permitir una mayor autonomía de los representantes respecto de la dirección central de su partido. Pero cabe que generen caciques con apoyos propios, independientes de la dirección del partido. No existe en Estados Unidos una mayor limpieza de la política; sí una mayor influencia del dinero y chantajes como los de la National Rifle Association.

Cataluña, la política fiscal, la crisis del euro, el gasto social, la UE: esos sí son problemas serios

Sin duda la disciplina de los grupos parlamentarios resulta penosa. Fernando Abril Martorell la defendió en su día para evitar que los partidos se convirtieran en “una especie en vías de extinción”: ese momento sin duda ha pasado. Pero un partido con múltiples posiciones suele ser rechazado: los ciudadanos no saben a cuál de esas posiciones atenerse. Y los debates internos con frecuencia se interpretan como peleas por el poder. Lo que los ciudadanos en las 21 democracias parlamentarias de la OCDE apoyan es una peculiar mezcla de participación y autoridad, ambas democráticas.

No pienso que existan remedios institucionales mágicos a las carencias de nuestra vida política, pero no acepto resignación y fatalismo. Creo que la solución podrá venir de una mayor participación política en una sociedad largo tiempo desmovilizada; de ciudadanos que defiendan activamente aquello en lo que crean, fuera o dentro de los partidos; de que medios de comunicación y jueces desempeñen adecuadamente su papel de control. De que los ciudadanos mantengan toda la desconfianza política, pero sin ceguera alguna: descalificaciones genéricas de la política y de los políticos socavan la democracia. Nunca he comprendido por qué uno es felicitado por no volver a la política en vez de ser criticado.

Apoyo una reforma constitucional. Quiero un Estado laico de verdad; un mejor acomodo para Cataluña, cuya autonomía tiene una razón de ser muy diferente de aquellas para las que se pensó el artículo 143 de la Constitución; una Monarquía transparente y que rinda cuentas; una educación pública cuyo refuerzo requiere reformar el artículo 27 de la Constitución; una sanidad pública tratada como un derecho no relegado al artículo 43. Pero no basta con que yo lo quiera.

Una reforma constitucional no se puede justificar con el argumento de Jefferson de que una generación no puede ser gobernada por una Constitución elaborada por una generación anterior. La opinión de Madison ha prevalecido en todas las democracias: si una generación ha tenido que hacer frente al caos, ese caos no tiene por qué ser sufrido por generaciones siguientes. Las reformas solo se justifican con argumentos rigurosos acerca de problemas muy serios. Por poner algunos ejemplos: Cataluña, la política fiscal, la crisis del euro, programas de gasto social no redistributivo, la dirección política de la Unión Europea. Si no es así, reformar o renovar solo consistirá en fichar a un Justin Bieber; en sustituir ideas por palabras retóricas.

José María Maravall, sociólogo y político, fue ministro de Educación y Ciencia (1982-1988) en Gobiernos de Felipe González. Su libro más reciente es Las promesas políticas (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores).