La Estrategia española de (in)Seguridad Nacional

"La amplia extensión del Sahel y la fragilidad de sus Estados están convirtiendo la región en terreno propicio para conflictos interétnicos, la proliferación de redes delictivas y grupos terroristas yihadistas. La actuación en Malí, en la que se conjuga el apoyo material a sus fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo, la cooperación para reforzar sus fuerzas de seguridad y la ayuda para fortalecer las estructuras del Estado y las capacidades de la sociedad civil, muestra las amplias posibilidades de cooperación con estos países, para reforzar su seguridad y la nuestra."

El párrafo anterior no está tomado de alguna declaración bienpensante de las ONG o de un think tank flowerpower, sino de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobierno hace unos días (y que sustituye a la que en 2011 elaboró Javier Solana con recomendaciones parecidas en este campo). Por alguna razón misteriosa, los expertos en defensa, contra-terrorismo y seguridad que han elaborado este texto parecen tener muy claro lo que el Gobierno ignora con sus hechos: que la tranquilidad de España se basa en parte en contribuir a garantizar entornos más prósperos y seguros, lo cual casa mal con retirar la ayuda al desarrollo e incrementar la venta de armas.

El Sahel -donde se intenta evitar la consolidación de estados fallidos de carácter radical- y África occidental -donde se han establecido sólidos corredores de criminalidad internacional- constituyen dos ejemplos paradigmáticos de este interés compartido, como señala la Estrategia. No son los únicos. La volatilidad de los precios de los alimentos o la recurrencia de fenómenos naturales extremos vinculados al cambio climático constituyen fuentes de riesgo que se traducen en la inestabilidad de los gobiernos o el desplazamiento masivo de poblaciones. La incapacidad de la comunidad internacional para poner coto al casino de los mercados financieros y la evasión fiscal, que tanto daño han hecho en las economías más pobres, ha acabado provocando un contagio global cuyas consecuencias conocemos perfectamente.

La importancia de la cooperación internacional en la proyección e influencia exterior de España y del resto de Europa ha sido puesta de manifiesto en informes recientes como el Anuario de la Seguridad Europea o Hacia una estrategia global europea (en el que ha participado el Instituto Elcano). Pero no contribuir a la inestabilidad ajena es tan importante como luchar contra ella. El Libro blanco de la política española de desarrollo destacó, por ejemplo, la insensatez de la estrategia de España en Libia, cuyo conflicto espoleó primero con 15 millones de euros en armas destinadas al régimen de Gadaffi, para después gastar 85 millones en las operaciones de la OTAN para derrocarlo.

La crisis no ha hecho más que intensificar esta tendencia. El instituto de estudios IECAH ha alertado recientemente de los esfuerzos del Ministerio de Defensa por incrementar las ventas españolas de armas y material de doble uso en el exterior, un mercado repulsivo en el que ya ocupamos el décimo lugar del ránking global de exportadores. Solo en el primer semestre de 2012 el informe identifica nueve operaciones calificadas de "preocupantes" por la naturaleza del material exportado o por el riesgo de que este pueda ser usado para cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos. La posible venta de 250 carros de combate Leopard a Arabia Saudí destaca entre todas ellas.

La Estrategia española de Seguridad Nacional se refiere varias veces al peligro de las armas químicas y de destrucción masiva, pero ignora el impacto de las armas convencionales en la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. El negocio en el que España participa con tanto entusiasmo contribuye al deterioro de los Estados más frágiles: un análisis realizado para el año 2009 estableció que todos los países de ingreso medio-bajo y bajo que destinaron más del 10% de sus presupuestos a la compra de armas puntuaron en los puestos más bajos de los índices de corrupción. El Banco Mundial calcula que 1.500 millones de personas viven en países en donde la violencia, los conflictos y el crimen organizado determinan el progreso de las comunidades y la consecución de los objetivos más básicos en materia de educación, salud o bienestar.

En el debate social y parlamentario al que dé lugar la nueva Estrategia estos asuntos deben ser tenidos en cuenta. Está en el interés ético y práctico de España conformar una política exterior y de seguridad que apuntale la estabilidad ajena... o que al menos no la debilite.