El ‘corralito’ en Chipre

A pesar de la farragosa rectificación de última hora, la solución tomada con Chipre: hacer pagar a los pequeños ahorradores los desmanes de gestión de los bancos, con el fin de que los acreedores de los mismos puedan cobrar con ese dinero del “rescate”, es solo una vuelta de tuerca más de un sistema perverso basado en la concentración de las decisiones de unas élites económico-financieras globalizadas a quienes no importa especular con la vida de los ciudadanos de cualquier lugar del mundo. Élites dominadas por un sentimiento de avaricia que está llevando al borde del desastre ecológico y humano al planeta.

Los ciudadanos estamos obligados a dejar de lamentarnos, de resignarnos, de pensar que esta crisis es algo pasajero como quieren hacernos creer para aquietarnos. Es necesaria la acción colectiva; hay que articular intervenciones supranacionales para subvertir el Estado de las cosas porque aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Y habrá que despojarse de muchos miedos, estériles para la mayoría y muy beneficiosos para esas minorías que los instigan y fomentan, pues de ello obtienen cuantiosas ganancias.— Antonia Tapia Lozano. Don Benito, Badajoz.

Nos despertamos un día con la sorpresa del seudocorralito de la banca en Chipre. Los ahorradores chipriotas van a “colaborar” en el rescate de su propia economía. Se veía venir que Bruselas, Alemania mejor dicho, no estaba para soltar más dinero a fondo perdido para otro país del sur y se ha roto el tabú de la garantía de los 100.000 euros. Pero la cosa parece que no será tan fácil. He leído en la prensa que de momento se ha suspendido el trámite parlamentario de aprobación de la medida y que el cerrojazo de sus bancos se prorroga.

Naturalmente a nuestras autoridades les ha faltado tiempo para negar que una medida similar se pueda adoptar en España y afirman que el rescate de Chipre es excepcional. Pero también se dijo en su día que el de Grecia sería el único rescate, que nuestra economía iba bien y que el sistema bancario español era el más sólido.— Susana Fuentes Gallego. Barcelona.

]Nos explican que en un Estado de derecho los ciudadanos y los Gobiernos tienen derechos y obligaciones. Existen contratos y son de obligado cumplimiento por ambas partes, pudiéndose acudir a los tribunales en caso de incumplimiento. Pero parece que hay subterfugios y puertas de atrás que conculcan todo derecho ciudadano, puesto que los Gobiernos, siempre enarbolando nobles banderas, pueden desposeernos de ellos.

El último ejemplo nos lo da Chipre. Se inventan una tasa sobe los depósitos bancarios y al ciudadano, que tiene unas cláusulas firmadas con su banco, se le niega el derecho a exigir el cumplimiento de las mismas; ahora en lugar de percibir intereses, paga, con efecto inmediato, hasta un 9,9%.

Venezuela, Argentina y Bolivia nacionalizan empresas españolas, no pagan nada y parece que es legal, porque el valor de lo expropiado es discutible.

Portugal y España también hacen de las suyas, con la quita de la paga doble a los funcionarios. ¿Cómo puede ser legal que un contrato (laboral en este caso) se vea alterado por una de las partes sin consentimiento de la otra? ¿Es legal reducir el salario arbitrariamente? ¿Hasta qué importe? ¿A qué distancia estamos de la esclavitud? Y, si es legal, ¿por qué la empresa privada no lo puede hacer unilateralmente?

¿Quién determina, en última instancia, lo que es legal? ¿Qué protección nos queda ante Gobiernos que de forma retroactiva se dan una pátina de legalidad para realizar cuantas ilegalidades quieran?— Adolfo Barguilla. Sabadell, Barcelona.