Malaria de marca España
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Un pequeño espera tumbado sobre las piernas de su madre para recibir atención médica en el centro de investigación sobre la malaria de Manhiça (Mozambique). /EFE
(Esta entrada está siendo publicada de forma simultánea en la página de blogs de ISGlobal. Les sugiero que le echen un vistazo.)
A lo largo de la última década, los esfuerzos de España contra la malaria pueden haber salvado la vida de más de 100.000 niños y niñas. Solo este titular merecería figurar en las portadas de cualquier periódico, pero las conclusiones del informe que hizo público ayer el Instituto de Salud Global de Barcelona van bastante más allá. Vista en su conjunto, la diversidad de intervenciones que ha desplegado nuestro país en este campo se ha convertido en una fuente de prestigio internacional, desarrollo industrial, progreso científico, cooperación público-privada e influencia política.
En un momento en el que estamos enfrascados en una discusión bizantina sobre la Marca España y el mejor modo de promoverla, los resultados de este informe constituyen todo un estudio de caso acerca de los beneficios que reporta el liderazgo ético.
A pesar de que la malaria mató en 2010 a 660.000 personas –dejando, solo en África, costes económicos de alrededor de 9.500 millones de euros-, la humanidad está ganando la batalla contra una enfermedad que ha lastrado el progreso de las naciones desde que somos capaces de documentarlo. Tras una década en la que los niveles de mortalidad han caído un 26%, hoy es posible hablar de la agenda de “erradicación” de la malaria, cuando hace muy poco el “control” era el objetivo en sí mismo. Y España está a la cabeza de este esfuerzo.
Una parte muy fundamental de las contribuciones españolas se ha canalizado a través del Fondo Global Contra la Malaria, el SIDA y la Tuberculosis (177 millones de euros entre 2003 y 2010) y de grandes organizaciones humanitarias como MSF y Cruz Roja. El apoyo de la ayuda española al control de la malaria sobre el terreno se ha traducido en las mosquiteras impregnadas de insecticida, la formación de personal o la construcción de hospitales que salvan y mejoran cada día la vida de miles de niños en lugares como Mozambique, donde estos programas son esenciales para entender el prestigio de nuestro país. De hecho, las contribuciones económicas de España en el campo de la salud global jugaron un papel determinante en la invitación a participar en un club tan exclusivo como el G20.
Pero en ningún campo se ha llegado tan lejos como en la de la investigación y desarrollo. Once grupos científicos españoles lideran investigaciones que cubren todo el espectro de interés de la enfermedad, desde la prevención hasta el desarrollo de fármacos, incluyendo la que podría convertirse en la primera vacuna jamás utilizada en salud pública contra una enfermedad parasitaria. Este esfuerzo –que es el resultado de una colaboración estrecha entre sector público, empresas y sociedad civil- ha costado al Estado una inversión de 12 millones de euros entre 2007 y 2010, pero la estimación es que ha atraído recursos de financiación exterior muy por encima de esa cifra.
La composición de este círculo virtuoso se completa con programas de formación, generación de nuevos modelos de cooperación público-privada o la atención clínica en España y el apoyo a viajeros internacionales.
No es posible entender el impacto de este esfuerzo sin considerar el modo en el que unas piezas refuerzan a las otras. El esfuerzo contra la malaria ofrece un nuevo modelo de cooperación en el que el valor añadido del donante va mucho más allá de la aportación de fondos. De hecho, lo que se ha aprendido en este campo ofrece valiosas lecciones en un momento en el que la acción exterior de España debe suplir la falta de recursos con innovación y asistencia estratégica. La idea fundamental es que la cooperación y la promoción del desarrollo no juegan un papel protagonista siempre y en cualquier circunstancia, pero en ocasiones pueden multiplicar el prestigio exterior de un país y su capacidad de influencia. Por eso, y porque constituyen la obligación moral de cualquier sociedad decente, deben ser tenidos en cuenta.
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