Señales contradictorias

El Congreso de los Diputados está ultimando sus trabajos para adoptar una ley que ampare a los deudores hipotecarios de buena fe y reduzca el drama de los desalojos. Dará respuesta así a una reclamación social ampliamente compartida que no debería haberse demorado tanto. Y es justamente la tardanza de los grandes partidos políticos en escuchar a los afectados, a los jueces y a las asociaciones que luchan por parar los desalojos la que va a generar mañana una contradictoria situación en el Congreso. Una plataforma formada por sindicatos y activistas en defensa de los afectados ha logrado ya casi 1,5 millones de firmas (el triple de lo que exige la ley) para que la cámara considere una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea, entre otras cosas, la propuesta de la dación en pago.

La idea será previsiblemente rechazada por cuanto el Partido Popular ya ha anunciado su posición en contra, aunque ahora está dispuesto a dar una respuesta a las demandas que la iniciativa pone sobre la mesa. Tras la movilización de jueces y fiscales, la alarma social provocada por el abrumador aumento de desalojos —se han quintuplicado durante la crisis— y algunos casos de suicidios, el Gobierno y el PP han sido receptivos a un problema de tan dramáticas dimensiones. El Ejecutivo no solo aprobó en noviembre pasado algunas medidas urgentes que supusieron la paralización de los desalojos para las familias de menor renta durante dos años, sino que llevó al Congreso el proyecto de ley con la idea de reformar un marco normativo que, según los jueces, permite abusos de ley, desalojos rápidos y casi automáticos y unos intereses de demora desproporcionados.

El Gobierno ya ha anunciado que quiere ofrecer margen de maniobra a los jueces, limitar esos intereses de demora y flexibilizar las modalidades de condonación de las deudas. La oposición, por su parte, con un PSOE ahora dispuesto también a acometer cambios legales, lucha por una reforma más profunda en la misma dirección. En tal contexto, no parece razonable que el PP rechace la mera toma en consideración de una iniciativa popular que no es descabellada. La dación en pago es la fórmula defendida por los jueces y la misma banca la ha aplicado, aunque en contadas ocasiones.

El Parlamento llega tarde a este problema. Pero, una vez iniciado el procedimiento, debería ser capaz de estar abierto a todas las opciones que desemboquen en un marco legal equilibrado que proteja a los deudores de buena fe, que evite abusos y, al tiempo, respete los derechos del prestamista. Cerrarse en banda a las propuestas de quienes mejor conocen el problema o evitar la comparecencia —como ocurrió la semana pasada— de los dos jueces más informados y críticos con el sistema, como son Manuel Almenar y José María Fernández Seijo, es una mala señal que, por otra parte, no debería prejuzgar el resultado final.