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EDITORIAL

El precio de la justicia

La generalización de las tasas dejará fuera del amparo de los tribunales a muchos ciudadanos

En lugar de esforzarse en mejorar la oferta judicial —que es una opción difícil en las actuales circunstancias de recortes presupuestarios, pero a la que no puede dar de lado el responsable público de la justicia—, el ministro Ruiz-Gallardón ha elegido restringir la demanda. Es la solución más fácil, pero no es la más justa. La creación de nuevas tasas judiciales y el aumento hasta en un cien por cien de las ya existentes crean una barrera económica difícilmente franqueable para muchos ciudadanos que quedarán marginados del ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva.

Podría interpretarse que el Gobierno sigue también aquí el sendero de privatización de aspectos esenciales del Estado, pues si bien la función jurisdiccional es y seguirá siendo, como no puede ser de otro modo, una actividad exclusiva del Estado, recurrir a su amparo por parte de los ciudadanos quedará condicionada por su capacidad económica. Pero la finalidad es ante todo disuasoria: poner coto a la excesiva litigiosidad, aunque a costa de dejar fuera del circuito judicial a los litigantes menos favorecidos. El Gobierno prevé ingresar unos 300 millones de euros con las nuevas tasas.

La medida tardará todavía algunas semanas en entrar en vigor por la tardanza de Hacienda en disponer del impreso oficial de pago de las tasas (o por el apresuramiento de Ruiz-Gallardón en promulgar la norma). Y nace con la oposición unánime del mundo judicial y jurídico, que ve en ella lo que el ministro de Justicia niega: una restricción gravemente discriminatoria de un derecho fundamental y, por ello, posiblemente inconstitucional. El Tribunal Constitucional consideró admisible el pago de tasas en determinados pleitos de acuerdo con la capacidad económica de los litigantes, pero es difícil que esa proporcionalidad sea compatible con su práctica generalización y con el aumento de hasta un cien por cien de las que ya existían.

La justicia penal queda exenta, seguramente porque el Gobierno cree justificado que su coste corra a cargo del presupuesto público por los asuntos que trata, en buena medida relacionados con la acción represora del Estado en defensa de la legalidad y la lucha contra la delincuencia. Pero también en la justicia civil, la contencioso-administrativa y la laboral se dilucidan asuntos básicos para la convivencia social: conflictos familiares, defensa ciudadana frente a la amplia capacidad sancionadora del Estado y conflictos y despidos de trabajadores. En estos ámbitos habrá que disponer de entre 150 y 350 euros para acudir a la justicia y entre 750 y 1.200 para recurrir. Diga lo que diga el ministro Ruiz-Gallardón, el derecho a la tutela judicial efectiva quedará gravemente restringido para muchos ciudadanos económicamente incapacitados para iniciar el pleito o recurrir en su defensa a las instancias superiores de la justicia.

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