Los 400 golpes del paro

El Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga de la ayuda de 400 euros al mes para las personas en paro que han agotado todas las prestaciones por desempleo. La medida introduce algunos cambios en la cuantía y nuevas condiciones que endurecen el acceso a ese dinero. Es la respuesta del Gobierno de Rajoy a la presión de la oposición, los sindicatos y un sector del PP exigiendo la prolongación de la ayuda.

Tras semanas de resistencia a pronunciarse, Rajoy anunció la continuidad de la medida el pasado día 14, cuando faltaban dos para que finalizase la vigencia de la prórroga anterior. Tal vez para justificar ese retraso, que estaba irritando a todo el mundo, y para diferenciarse de los socialistas, que habían sido los impulsores de la medida a comienzos de 2011, Rajoy adelantó que el decreto de prórroga incluiría algunas “mejoras” a fin de aumentar su eficacia como vía para favorecer la reinserción laboral de los beneficiados. La mejora más visible consiste en el aumento de la ayuda en 50 euros para los efectados con más de dos personas a su cargo.

Sin embargo, el Gobierno aspira a compensar ese aumento del coste de la ayuda reduciendo el número de beneficiarios. Es decir, aplicando criterios más estrictos para el acceso a la subvención. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, recurrió ayer a un peculiar caso para ilustrar ese criterio. Cuestionó que cobren la ayuda jóvenes que viven con sus padres, cuyos ingresos conjuntos sumen 8.000 euros mensuales. No precisó cuántos perceptores de la ayuda se encuentran en tan privilegiada posición. Más probable es que esos 400 euros sea la cantidad mínima que puede aportar un joven parado que ha vuelto a la casa paterna para subsistir. Conviene no irritar a la población con ejemplos tan frívolos.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría definió, con acierto, esta medida como “ayuda de última instancia”: la cantidad mínima de subsistencia antes de caer en la indigencia. En cuanto tal, no debe estar sometida a condicionamientos muy exigentes. Es cierto que solo el 6% del medio millón de beneficiarios ha encontrado trabajo, pero 400 euros no parece una cantidad como para disuadir a nadie de seguir buscando empleo. Si no lo encuentran es porque hay 5,6 millones de parados en un mercado laboral hundido. Garantizar ese ingreso de subsistencia ni siquiera es una medida característica de la izquierda. Entre las recomendaciones planteadas a España por Bruselas a fines de mayo figura una referencia a “medidas específicas contra la pobreza”. Los recortes y reformas que plantea Bruselas no son incompatibles, sino que requieren medidas de equilibrio social como los 400 euros.

Estimular la participación en cursos, vigilar que no haya rechazos injustificados de ofertas de trabajo, evitar falsificaciones de datos para cobrar el subsidio son medidas defendibles. Pero no deben servir de coartada para limitar más el acceso a una ayuda necesaria en un país en el que dos millones de parados, un tercio del total, no cobra ninguna prestación.