La educación de nuestros políticos

Uno de los aspectos mas desconocidos de nuestros políticos es su elevado nivel educativo. Generalmente, se suelen citar casos ciertos de ministros sin estudios, miembros de ejecutivas que no han pasado por las aulas o parlamentarios que nunca terminaron la universidad y se presentan como licenciados. Estos casos oscurecen dos hechos incontrovertibles y poco conocidos en España. Primero, tenemos una élite política con credenciales educativas de primer orden. Segundo, el nivel educativo de nuestros representantes ha ido creciendo desde el comienzo de la democracia.

De las personas que han ocupado un escaño autonómico entre 1980 y 2011, la gran mayoría (81%) tiene un título universitario (56% licenciados, 18% diplomados y 7% doctores), un 14% llegó hasta la educación secundaria y sólo el 5% tiene, como mucho, estudios primarios. El nivel educativo es superior, en su conjunto, entre los miembros del congreso de los diputados, ya que el 91% tiene credenciales universitarias (65% licenciados/as, 13% diplomados y 14% doctores) mientras que el 7% terminó sólo la secundaria.

En términos generales, los diputados autonómicos tienen menos nivel educativo que las diputadas. Y la diferencia es significativa: un 86% de las mujeres que acceden a un escaño tienen título universitario (solo un 12% proviene de la secundaria y un 1% de la primaria o sin estudios) mientras que entre los hombres la proporción es del 79%. Las diferencias desaparecen en el congreso de los diputados, donde mujeres y hombres acceden con credenciales educativas similares (90% con título universitario). Generalmente, los partidos conservadores suelen tener en sus filas diputados/as con niveles educativos superiores a los de los partidos de izquierda, aunque las diferencias se acortan con el tiempo. En el conjunto de parlamentarios autonómicos desde 1980, la proporción de universitarios en el PP (90%) es superior a la del PSOE (82%) y a la de IU (77%). En la legislatura actual del Congreso, aunque PP (89%) y PSOE (88%) tienen proporciones similares de universitarios (100% para IU y CiU), el tipo de titulación es diferente: en el PP hay más licenciados/as (74%) que en el PSOE (59%), pero en el PSOE hay más diplomados (16%) y doctores (13%) que en el PP (8% y 6% respectivamente). Las mismas diferencias, pero con menos intensidad, se observan en el conjunto de parlamentarios autonómicos (véanse los datos en http://www.upo.es/democraciayautonomias/proyectos/perfil_social_de_los_parlamentarios/index.jsp) Esta sobrerrepresentación de diplomados y doctores en el PSOE parece deberse a la importante presencia de docentes de diferentes niveles en este partido (de primaria y secundaria que son diplomados y docentes universitarios, que suelen ser doctores).

El nivel educativo de nuestros diputados/as ha ido creciendo en consonancia con el del resto de la sociedad. En la primera legislatura autonómica (comienzos de la década de los ochenta) un 9% de los diputados o no tenía estudios o sólo había concluido la primaria frente al 2% de la última legislatura. Los que han concluido estudios secundarios han disminuido también, pasando del 15% al 12% en 30 años. Por contra, el contingente de universitarios ha aumentado notablemente: en la primera legislatura autonómica son tres cuartos de los diputados (76%) mientras que en la última son el 87%. Una evolución similar se observa en el Congreso de los Diputados, donde se pasa de una proporción de universitarios del 91% en la primera legislatura al 96% en la novena. Con el paso del tiempo, las diferencias educativas entre diputados y diputadas se han suavizado: entran más mujeres en los parlamentos y con mayores credenciales educativas.

Con el paso del tiempo, las diferencias educativas entre diputados y diputadas se han suavizado: entran más mujeres en los parlamentos y con mayores credenciales educativas.

¿Podemos decir con estos datos que para dedicarse a la política hace falta tener estudios? No es necesario puesto que es de las pocas profesiones para las que no se requiere una capacitación especial y sobre las que no hay controles formales de entrada, como para ser bombero, abogada, registrador de la propiedad, arquitecta o fontanero. Sin embargo, sí parece existir un sesgo selectivo que conduce a que los selectorados (del inglés “seleccionar” y “elegir”) de los partidos terminen escogiendo para la política institucional a las personas con credenciales universitarias que se ofertan o están disponibles, en contra de una creencia popular muy extendida. Esto no obstante, conviene no extraer conclusiones apresuradas de estos datos. A la hora de analizar la preparación de los representantes políticos, deberíamos plantearnos al menos tres preguntas fundamentales.

La primera: ¿el alto nivel educativo de los parlamentarios/as es una garantía de una selección meritocrática en la que se busca a aquellas personas con la mejor preparación para ocupar los cargos políticos? La respuesta es que lo uno no implica lo otro. Las credenciales educativas no solo reflejan un elevado grado de formación, sino también un cierto origen social, dado que los hijos/as de universitarios tienen más probabilidades de serlo debido a factores que economistas y sociólogos/as han estudiado ampliamente. Es posible que los universitarios tengan, además de las credenciales, unas características que los hagan especialmente seleccionables tales como capital social, capital cultural, probablemente, dispensabilidad económica y un cierto dominio de los códigos que permiten el acceso a los órganos de los partidos donde se realiza la selección. Si esto fuera cierto, la alta presencia de universitarios entre los parlamentarios no sería una consecuencia de su mayor preparación sino de otros factores que suelen acompañar al hecho de ser universitario/a. Es difícil decir cuál de estos dos escenarios es más plausible, pero los datos de otras investigaciones en marcha sugieren un alto grado de reproducción social dentro de la élite política por lo que tenemos pocas garantías de que el proceso de selección sea verdaderamente meritocrático.

Escasean las enseñanzas de gestión y liderazgo políticos y muchas de las carencias que manifiestan los políticos se suplen a través de la formación o adoctrinamiento en escuelas de los partidos

La segunda: ¿las credenciales universitarias son una garantía de preparación adecuada para ejercer la función de representación política? Dicho de otra forma: ¿el paso por las aulas universitarias proporciona las habilidades necesarias para ejercer esta actividad? Mucho nos tememos que la respuesta a esta pregunta es negativa. Buena parte de las destrezas requeridas para el ejercicio de la política (entre ellas, la habilidad para el debate y la comunicación en público, capacidad para negociar y llegar a acuerdos, coordinación de equipos) no se aprenden en el sistema educativo español. Otros profesionales se enfrentan con las mismas limitaciones, pero pueden tener una especialización posterior que es más difícil en el caso de la política. Escasean las enseñanzas de gestión y liderazgo políticos y muchas de las carencias que manifiestan los políticos se suplen a través de la formación (o adoctrinamiento) en escuelas de los partidos de las que podemos sospechar que sufren del mismo síndrome de aislamiento con respecto a la sociedad.

La tercera: ¿el alto nivel educativo es necesario para ejercer el oficio de político? No, la educación no lo es todo, aunque es conveniente e históricamente es un dato irrefutable: las elites políticas suelen tener credenciales educativas superiores a la población. Ahora bien, un buen político precisa, además, de experiencias vitales socialmente transversales que le ayudarán a tener una visión de conjunto (no sólo de su grupo social de origen) y a ponerse en la piel del rival, algo que podría contribuir a evitar ciertos espectáculos (exabruptos incluidos) de mal gusto en las cámaras. Por tanto, no se trata de abrir un debate sobre la selección meritocrática de los políticos, sino de que los partidos se abran a la sociedad con el fin de identificar a aquellas personas que, más allá de sus credenciales educativas, tengan la experiencia profesional y vital necesaria, hagan contribuciones relevantes en sus campos respectivos y atraerlas para el oficio de la representación. Mucho nos tememos, sin embargo, que, por una parte, quienes están en los aparatos de gobierno de los partidos no tengan los incentivos suficientes para hacerlo (no confundir estos incentivos con los intereses de largo plazo de los partidos). Y, por otra parte, puede que sea difícil motivar a las personas con ese perfil a entrar en el oficio de la política en un momento en el que las encuestas muestran un nivel de desprestigio elevado. Sin embargo, esta puede ser una vía para que se reduzca la distancia entre la sociedad y los políticos, la desafección.

Xavier Coller, catedrático de Sociología en Universidad Pablo de Olavide, Antonio M. Jaime (profesor titular de Sociología en la Universidad de Málaga, y  Andrés Santana , de la Fundación Juan March, son miembros del grujpo de investigación “Democracia y autonomías: Sociedad y Política”.