El gran reto sanitario en EEUU

El 29 de junio el Tribunal Supremo estadounidense anunció su dictamen sobre un asunto enormemente polémico, la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, que ha sido la iniciativa legislativa más importante de toda la presidencia de Obama. Se expresaron tres opiniones muy distintas: los cuatro jueces más conservadores (Scalia, Alito, Thomas y Kennedy) consideraron que toda la propuesta de ley constituía un “exceso federal” por parte del presidente y del legislativo, y que constitucionalmente el Congreso no tenía derecho a obligar a todos los ciudadanos a contratar un seguro sanitario. Para los cuatro jueces con actitudes persistentemente progresistas (Breyer, Ginsburg, Sotomayor y Kagan), el Congreso, al tener plenas competencias en materia de comercio entre los Estados y de bienestar general, puede instituir un sistema de asistencia sanitaria prácticamente universal.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a los progresistas para proclamar el derecho del Congreso a aprobar dicha ley, pero sin basarse en la cláusula comercial, sino en su capacidad para aprobar leyes fiscales generales: en concreto, razonó que la obligatoriedad de suscribir seguros médicos era, de hecho, el equivalente a un impuesto conducente al bienestar general. En la explicación de su voto señaló que no era competencia del tribunal juzgar la pertinencia de una ley federal a la luz de su constitucionalidad y que el Gobierno federal no debía coaccionar a los Estados para que participaran en una expansión planificada de Medicaid, el organismo que cubre principalmente las necesidades sanitarias de los pobres. Estas dos últimas afirmaciones reflejan el empeño personal del juez Roberts en que su tribunal no sea acusado de militancia legislativa, y la idea, compartida por muchos conservadores, de que la presión federal sobre los Gobiernos estatales ha vulnerado en ocasiones, o amenazado con vulnerar, los derechos constitucionales de cada uno de los 50 Estados que componen la Unión.

Las reacciones de los medios de comunicación y del público en general han sido muy exageradas. Los partidarios de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible ven en la decisión una gran victoria para el presidente Obama y una garantía de que en la próxima década se asistirá a una mejora verdadera y significativa de la calidad, los precios y la disponibilidad de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. Los detractores de la decisión acusan al presidente del tribunal de traicionar a sus partidarios conservadores y confían en que un Congreso de mayoría republicana revoque la ley o que, por lo menos, consiga obstaculizar su desarrollo, negándose a financiar sus necesidades, incuestionablemente costosas.

Muchos de los que han apoyado al presidente (como el premio Nobel Paul Krugman, bien conocido por los lectores de EL PAÍS), aunque decepcionados porque no haya proporcionado un liderazgo claro y enérgico, albergan grandes esperanzas de que, pese a que las grandes empresas farmacéuticas y los fabricantes de material médico vayan sin duda a limitar los logros de la complicada puesta a punto de la sanidad estadounidense, entre 30 y 50 millones de personas consigan acceder a la atención sanitaria. También esperan que un presupuesto sensato y factible para la próxima década absorba “únicamente alrededor de un tercio del coste de las rebajas de impuestos que, abrumadoramente favorables a los ricos, ha propuesto Mitt Romney para ese mismo periodo” (Paul Krugman en The New York Times, 29 de junio, p. A21).

Volviendo al Tribunal Supremo, recuerdo que cuando el futuro juez Roberts compareció ante el Congreso para explicar su concepción de los deberes del cargo de juez de ese tribunal, comparó la labor del mismo con la de un árbitro de béisbol, que, ante un partido, carece de preferencias personales o emociones. El árbitro cuenta un strike o una bola mala teniendo en cuenta si el lanzamiento supera o no el plato. Así determinaría él si una ley es o no constitucional. Todo esto dicho con una sonrisa, por un conservador enormemente inteligente, propuesto para el cargo por el presidente George W. Bush.

Las reacciones de los medios de comunicación y del público en general han sido muy exageradas

Creo, por lo menos espero, que Roberts, ahora presidente del Tribunal Supremo, considerara argumentos más serios al decidir su voto sobre la constitucionalidad de la propuesta de reforma sanitaria. Estoy seguro de que le debió de preocupar realmente que por lo menos tres decisiones recientes del tribunal hayan cambiado la consideración que a los no conservadores les merece ese organismo, al que antes respetaban enormemente y en el que ahora observan enfurecidos un evidente sesgo político. La primera decisión, la del caso Bush contra Gore (antes de que Roberts llegara al Supremo), interrumpió el recuento de las reñidísimas elecciones presidenciales de 2001, proclamando arbitrariamente presidente de Estados Unidos a George W. Bush, antes de nadie llegara a saber si las había ganado. Millones de estadounidenses, entre ellos este autor, creen que el propio tribunal cometió una ilegalidad con esa decisión, por no hablar de la escandalosa injerencia que supuso en el proceso democrático.

El segundo caso fue el de Ciudadanos Unidos, del año 2010, cuando Roberts ya era presidente del Supremo. Por cinco votos contra cuatro, la mayoría conservadora (incluyendo a Roberts) dictó que las campañas políticas pudieran recibir un número ilimitado de dólares sin necesidad de identificar al donante, y también que era legítimo aportar ese dinero para proporcionar libertad de expresión a múltiples audiencias. Sobre el tercer caso se falló el 25 de junio de este año, cuando los mismos cinco magistrados revocaron sin discusión formal alguna una decisión del Tribunal Supremo del Estado de Montana, cuyo objetivo era impedir que los medios virtuales fueran monopolizados por corporaciones que estaban gastando millones de dólares en las elecciones locales de ese Estado (evidentemente, la protección de los derechos de los Estados frente a la presión federal, aducida por el juez Roberts en su dictamen del 29 de junio, no era tan importante cuando el tribunal federal servía a una causa conservadora).

Finalmente, respecto al futuro de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, ahora que la interpretación del juez Roberts ha otorgado a la Administración de Obama la victoria en el Supremo, por 5 votos contra 4, el lector debería comprender en primer lugar que “Europa” y “socialismo” son dos palabras profundamente negativas en el léxico de Estados Unidos, algo que dificulta enormemente que sus ciudadanos ponderen los múltiples resultados positivos que podría tener un “sistema de financiación único” y, también, unos servicios médicos “controlados por el Gobierno”, cuyo precursor fue, nada más y nada menos, el Imperio alemán de finales del siglo XIX, y que después se desarrollaron en toda la Europa democrática y en países asiáticos industriales y avanzados como Corea del Sur y Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial. Legiones de cualificadísimos abogados y grupos de presión estadounidenses protegerán los intereses de numerosas farmacéuticas y aseguradoras, que desean tener “beneficios”. Habrá protestas contra el uso del dinero del contribuyente para poner a disposición de adolescentes y adultos diversos métodos de control de natalidad, y también habrá quien se queje de que dar información sobre ese control ofende las sensibilidades de varios grupos religiosos.

Pero también tendremos ejemplos que nos inspiren como el de Franklin Roosevelt con la seguridad social, el de Harry Truman instaurando la igualdad racial en las fuerzas armadas o el de Lyndon Johnson otorgando por fin derechos civiles a las minorías raciales un siglo después de nuestra Guerra Civil. Esperemos también que el conjunto de la población estadounidense tenga una asistencia sanitaria asequible dentro de 10 o 20 años.

Gabriel Jackson es historiador norteamericano.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo