El ‘caso Dívar’ y el desgobierno judicial

El espectáculo ofrecido a la ciudadanía, en plena crisis económica, por los detalles que se han ido conociendo de la conducta de Carlos Dívar, como presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a costa del erario público, más allá de la exhibición de caradura del máximo mandatario judicial, denota el desgobierno en que permanece, desde su cúpula, la Administración de Justicia. Sin embargo, son demasiados los que se lamentan de la mala “imagen” de la justicia que este episodio ha mostrado, propicios a tapar la pura y dura “realidad”.

La dimisión de Dívar —que debió acompañarse por la de los vocales que, con una escenificación menos esperpéntica, también se beneficiaron de la famosa semana caribeña— pone fin, esperemos, a unos hechos que nunca debieron producirse. El primero, la fraudulenta designación por los 20 vocales del CGPJ de un personaje como Dívar, notoriamente carente de cualidades para presidir ese órgano, y tampoco el TS, sobre el que se había posado el dedo de Zapatero, con el aplauso de Rajoy. De haberse negado Miguel Carmona —que presidió, por edad, la sesión— y los otros 19 vocales, a representar aquel papelón de obediencia unánime al poder político, nos habríamos ahorrado la violación del artículo 123.2 de la Constitución y tres años inútiles... y caros.

Porque acaso lo más pernicioso de este asunto no ha sido lo que se ha hecho, sino lo que se ha dejado de hacer, en cumplimiento de las funciones de gobierno de los jueces que la Constitución atribuye al CGPJ. Los vocales —sálvese quien pueda— tienen una deuda pendiente con la ciudadanía por hacer la vista gorda en los dispendios del presidente y por participar de la molicie irradiada desde su alta magistratura. Si, como proclama Margarita Robles, ahora no van a hacer caso a nadie y van a designar a un presidente con arreglo a los criterios de mérito y capacidad para el cargo, el CGPJ volverá al buen camino. No importa que su mandato dure poco más de un año, porque ese tiempo podrá considerarse de prueba y, si lo supera con eficacia, los 20 vocales del futuro CGPJ podrían volver a designarlo, ya con más tablas.

El problema empezó cuando se eligió a alguien carente de cualidades para dirigir el Consejo

En este momento, desaparecido Dívar del espacio público que ocupaba, y cuando el CGPJ, ya bien presidido, sea capaz de recuperar la importante función que le corresponde para la necesaria mejora de la justicia, el mayor peligro que se cierne sobre la tutela judicial debida a los ciudadanos es, paradójicamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Un hombre que aseguró que Dívar saldría “reforzado” de esta crisis; que ha propuesto que los ciudadanos que recurran las resoluciones judiciales paguen una tasa por ello; que quiere desviar hacia los notarios, previo pago, cometidos que vienen correspondiendo a los jueces, gratis; que pretende introducir los recortes en el CGPJ, de modo que solo cinco de los 20 vocales cobren su sueldo —en lugar de asegurarse de que los 20 y el presidente se lo ganan, porque tajo hay—, trata también de vender como despolitización del CGPJ que los 12 vocales jueces no sean elegidos por el Parlamento, sino por los propios jueces y magistrados, a fin, dice, de “acabar con el sistema de las cuotas”.

La experiencia acumulada del CGPJ permite asegurar que con ese sistema se acaba, si se quiere, negociando los candidatos a vocales, en lugar de repartiéndoselos; exigiendo una adecuada cualificación jurídica y ética (sin promover vocales sospechosos de delinquir, como Pascual Estevill, finalmente condenado a penas de cárcel, o presidentes como Dívar); impidiendo utilizar el Consejo como trampolín hacia la política (Juan Alberto Belloch, María Teresa Fernández de la Vega)... En caso de que, finalmente, no se sea capaz de disciplinar a los partidos, de los que se desconfía, igualmente puede desconfiarse de los jueces como electores de quienes les han de gobernar. La experiencia de 1980 produjo un CGPJ nada plural. El mal uso histórico de la elección de los 12 vocales judiciales por los propios jueces y por el Parlamento llevaría —como vengo proponiendo desde 1994— a la elección popular de esos 12 vocales, permitida por la Constitución, pero inédita, a pesar de que acabaría con las cuotas políticas y con el coleguismo profesional.

El regreso a los orígenes que pretende plantear Ruiz-Gallardón resulta engañoso, una vez comprobado su mal funcionamiento. Ni siquiera muestra demasiado gozo por esa iniciativa Perfecto Andrés, el magistrado español más entusiasta con esa forma de elección, de raigambre italiana. En el número 73 de la revista Jueces para la Democracia. Información y Debate, Andrés señala que el anuncio de esa reforma “no puede sino producir escepticismo, incluso cierta justificada sensación de tedio”, si bien, a pesar de las trampas de la derecha judicial para copar en 1980 el CGPJ, reconoce que “estuvo por encima de sus posibilidades previsibles, al llevar a la presidencia del primer Consejo a Federico Carlos Sáinz de Robles, un conservador inteligente y culto, demócrata de raíz y gran magistrado”. Incomparable con el Dívar impuesto por Zapatero-Rajoy al actual CGPJ.