¿Y si se amenaza con el portazo?

El pasado viernes, 11 de mayo, el Gobierno aprobó la que decía será la reforma definitiva de nuestro sistema financiero. Aunque se nos vendía con el muy popular argumento de que estaba dirigida a restablecer el crédito, del que tan necesitados están empresas y particulares, en realidad respondía a una necesidad aún más acuciante, la de aliviar la presión externa sobre nuestra prima de riesgo, de forma que pudiera reducirse el tipo de interés con el que tanto el Estado como los propios bancos y demás agentes económicos obtienen una financiación que al coste actual estrangula sus economías.

No pretendo decir que las medidas adoptadas sean irrelevantes o que no vayan en la buena dirección. Sin duda supone un esfuerzo importante para dotar de mayor transparencia y realismo a las cuentas de nuestros bancos, lo cual es muy necesario. Y ello, sin perjuicio de las dudas que puedan persistir sobre tales medidas, una vez leído con atención el real decreto donde se recogen. Por ejemplo, el hecho de que no se obligue a que todas las sociedades anónimas a las que se transfieran los activos tóxicos deban ser sociedades independientes en un plazo determinado, hace que el efecto quirúrgico que se persigue se pueda quedar sólo a medias. Y tampoco ayuda que no se regule en esta norma la necesidad de valoración por dos tasadoras independientes, ni cómo se aplicará, lo que hace que ya se esté hablando de que podría tratarse de unos nuevos test de estrés, cuya eficacia ya hemos experimentado sobradamente.

Aún así, sobre todo por lo que suponen las mayores exigencias de provisiones, se trataba de un esfuerzo significativo, que parecía ir en la línea de lo que nos demandaban los mercados. Y sin embargo, sólo hubo que esperar hasta el lunes siguiente para que éstos respondieran de forma contundente haciendo que nuestra prima de riesgo se elevara hasta el nivel histórico de 490 puntos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que quieren esta gente ahora de nosotros?

Hace ya mucho tiempo que el Gobierno debería haberse plantado en Europa

La respuesta, en realidad, no es tan difícil de encontrar. Basta con que nos remontemos un par de semanas, al origen de esta reforma. En primer lugar, el pasado 25 de abril el FMI dio a conocer las conclusiones preliminares de su informe quinquenal sobre el sector financiero español. La más importante de ellas era que los costes de rescatar las entidades con problemas son demasiado altos para ser asumidos sólo por el sector, y que puede hacer falta dinero público. Al día siguiente, Standard & Poor´s, que ya previamente había rebajado nuestra deuda soberana, rebajaba el rating de España. Sus dos argumentos eran el deterioro de la trayectoria de nuestro déficit público como consecuencia de la evolución de la situación económica y el aumento de las probabilidades de que el Gobierno necesite proveer de mayores ayudas al sector bancario. Está claro que ambos coincidían, y lo que se deriva de ello es que, por muchos esfuerzos que hagamos con políticas fiscales de uno u otro signo, de nada servirán para restablecer la confianza internacional en nuestro país mientras nuestro sistema bancario continúe siendo “sospechoso”. Ahí está la clave, y no en las cuentas públicas, cuyo deterioro es más la consecuencia que el problema original.

El Gobierno parece que ha entendido el mensaje y ha optado por hacer lo único que cree que podía hacer: dar la mayor transparencia que las circunstancias permiten y reconocer política y contablemente el problema. De ahí la exigencia de nuevas provisiones, tasaciones y sociedades de gestión de activos. La cuestión es que por más que ahora se reconozca con mayor realismo el problema, eso no hace que se resuelva (en realidad, ningún problema se resuelve por el mero hecho de reconocer que existe). Al contrario, a corto plazo incluso la preocupación se acrecienta.

La burbuja inmobiliaria que nos ha traído hasta aquí no sólo se debió a nuestros propios errores, también al diseño del euro

Teniendo en cuenta las cifras de las que se está hablando para sanear a la banca, y sin necesidad de dar credibilidad a las más alarmantes, lo cierto es que, nos pongamos como nos pongamos, España no tiene actualmente capacidad para afrontarlas y menos aún con la obligación de cumplir la senda de déficit que se nos impone desde Bruselas. Esa es la realidad, y los inversores y prestamistas extranjeros lo saben. Necesitaremos mucho más que juegos de manos contables para salir de ésta, y al final tendremos que reconocer que tenemos un problema cuya dimensión hace que no podamos resolverlo solos. En ese caso, sería preferible que aceptásemos la realidad y asumiéramos ante la Unión Europea que necesitamos un apoyo importante por su parte.

Sin duda, necesitaremos una ampliación de los plazos que se nos han impuesto para la reducción del déficit, pero tampoco deberíamos rasgarnos las vestiduras si finalmente llegásemos a la conclusión de que necesitamos recurrir al FEEF (Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) como, por otra parte, ya nos ofreció la Comisión. ¿O es que acaso ni nosotros nos creemos que Europa sea en realidad una Unión, y por lo tanto deba ser solidaria? Y si eso significase que nuestros bancos pasaran a estar bajo la supervisión directa del BCE, bienvenido sea. Al fin y al cabo, en unos mercados financieros globalizados, que los controles sean nacionales no deja de ser un anacronismo absurdo e inútil. Y, por otra parte, más valdrá que la UE rescate e intervenga a parte de nuestra banca a que tenga que rescatar e intervenir a todo el país.

La penitencia que se nos impone desde los países que han tomado el mando en la UE es ineficaz e injusta

Ojalá esa sea la línea que ha decidido adoptar el ministro De Guindos cuando al llegar al Eurogrupo ha dicho: "El Gobierno ha tomado medidas en el ámbito laboral, ha tomado medidas en el ámbito financiero, de saneamiento profundísimo de nuestros bancos, de mejora a medio y largo plazo de nuestra posición fiscal” y ha añadido "Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. A partir de aquí, lo que necesitamos es la cooperación de todo el conjunto de la zona euro. Tiene que ser una respuesta conjunta y espero que esta noche en el Eurogrupo así se defina". Suena bastante dramático ¿verdad? Ahora, parece que se actúa a la desesperada, pero hace ya mucho tiempo que deberían haberse plantado en Europa, con las cartas hacia arriba y haciendo y exigiendo una verdadera política de altura, en lugar de aprovechar para llevar a la práctica sus dogmáticas reformas en sanidad, educación, mercado laboral, comunidades autónomas, etc.; sectores que poco tenían que ver con el origen del problema y menos aún con su solución.

Además, no olvidemos que la burbuja inmobiliaria que nos ha traído hasta aquí junto a Irlanda y a otros países, no sólo se debió a nuestros propios errores, sino que también tiene mucho que ver con las deficiencias, y tal vez precipitación, con que se implantó la moneda única. Una vez desaparecido el riesgo de cambio, eliminada cualquier restricción a los movimientos de capitales y a las adquisiciones intracomunitarias de activos, y con unos tipos de interés históricamente bajos, que esto se produjera era previsible y, de hecho, economistas como De Grawe lo predijeron allá por 1998, antes de que el euro comenzara a circular. En cualquier caso, estamos ante un problema europeo por su origen y por su dimensión, y la solución también será europea o simplemente no será. La penitencia que se nos impone desde los países que han tomado el mando en la Unión Europa, no sólo es totalmente ineficaz, sino que también es injusta. ¿Y si España, junto con otros países, decidieran terminar este calvario amenazando con el portazo?

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es ex presidente de la Junta de Extremadura.