La cuestión de Escocia

En las elecciones de mayo del 2011, el SNP (Partido Nacionalista Escocés) lograba 69 de los 129 escaños del Parlamento Autónomo de Holyrood. Los nacionalistas escoceses, bajo la dirección de un hábil político, Alex Salmond, formaban un gobierno en solitario que podía hacer realidad su pretensión de convocar un referéndum sobre el futuro de Escocia en el marco de la legislatura entonces iniciada. De conformidad con el compromiso electoral, Salmons anunciaba su intención de llevar a cabo la consulta en 2014. La formación nacionalista escocesa que había hecho suyo en l997, mucho antes que el presidente Obama, el lema “Sí, nosotros podemos”, se encuentra pues en condiciones de llevar al Reino Unido a su más importante crisis institucional de la historia reciente.

La pretensión del SNP carece de fundamento en el orden jurídico internacional o nacional. Por lo que hace al primero, nadie pone en duda la inexistencia de una situación colonial que pudiera justificar la secesión. En el orden constitucional británico, el único fundamento posible sería la anulación del Tratado de la Unión de l707 por el que tomaba cuerpo la unión de Inglaterra y Escocia. Anulación que vendría dificultada por el hecho de que las partes firmantes de la Unión han dejado de existir, imposibilitando con ello el restablecimiento de la situación política anterior.

Estamos, pues, ante una demanda estrictamente política. Lo cierto es que en la campaña electoral para el Parlamento escocés del 2011, la cuestión de la independencia no jugó una importancia central. E igualmente incontrovertible es que el voto a favor del SNP no es un rotundo apoyo a favor de la secesión. Se estima que la opinión hoy favorable a la independencia de Escocia fluctúa entre el 30 y el 34% de la opinión escocesa, en contraste con el 45% del voto del SNP.

La Unión Europea tendría que enfrentarse a una escasamente realista crisis de la sociedad británica

Lo que da verosimilitud a la hipótesis secesionista es fundamentalmente el dato, subrayado por un destacado estudioso de la cuestión, Jo Eric Murkens, de que el derecho de Escocia a la autodeterminación ha sido aceptado por una sucesión de líderes políticos británicos. Y como ilustración de este hecho, valgan las palabras de Margaret Thatcher en sus memorias: “…como nación, ellos (los escoceses) tienen un indudable derecho a la autodeterminación nacional”.

Ante esta situación, se perfilan dos estrategias, favorable y contraria a la secesión. Por parte de los nacionalistas escoceses, toma cuerpo una tercera vía que podría ser definida como de profundización en la devolution. Consciente de la falta de apoyo popular suficiente, hoy por hoy, para llevar a cabo la separación de Escocia del Reino Unido, Alex Salmond ofrece esta alternativa posibilista que permite a Escocia avanzar en su autogobierno de conformidad con un programa en que se equipare el discurso nacionalista al avance en el Estado del bienestar. Por parte del gobierno de Londres, la estrategia sería enfrentarse de inmediato a la consulta con una pregunta clara y unas garantías procedimentales que le permitan jugar con la ventaja todavía significativa de las tesis unionistas.

Este es el estado actual de la cuestión. Mientras tanto, el “Scottish Affaires Committee” de la Cámara de los Comunes ha recogido los testimonios, mayoritariamente contrarios a la secesión, de una ciudadanía escocesa que ve con preocupación los numerosos problemas de todo orden que se ciernen sobre una hipotética ruptura del Reino Unido.

Visto el tema desde España, llama la atención, en primer lugar, la débil respuesta de un significativo nacionalismo británico a la puesta en cuestión de un Estado y una nación con una larga tradición. La persistencia de los valores del pluralismo en la sociedad británica no ha sido incompatible con el surgimiento de una conciencia british sobre la que se ha construido la vida del país a lo largo de estos tres últimos siglos. En segundo lugar, sobresale la indiferencia ante las consecuencias de la hipotética secesión en otros territorios del Reino Unido. Apenas se ha planteado la hipótesis de que territorios de Escocia no aceptasen la independencia y dieran origen al planteamiento de nuevas “Irlandas del Norte”. Muy poco se ha discutido la cuestión del quorum exigible para el triunfo del “referéndum”, su posible irreversibilidad, el procedimiento de adscripción de una eventual Escocia independiente a la Unión Europea y el complejo proceso de negociación en que habrían de sumirse el Reino Unido y Escocia para hacer realidad el divorcio.

Las consecuencias internacionales de la eventual secesión resultan obvias para cualquier observador español. Hay que confiar por todo ello en que la cuestión de Escocia encuentre acomodo en la política interna del Reino Unido, evitando a la Unión Europea tener que enfrentarse a una escasamente realista crisis de la sociedad británica.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.