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Los partidos defienden la austeridad en las retribuciones, pero sin promoverlas

ICV apuesta por la supresión de las diputaciones y de ciertos consejos comarcales

Buenas palabras a la hora de defender la austeridad en las retribuciones públicas por parte de los partidos políticos. Pero solo esto. Las formaciones esquivan el debate sobre las dietas y remuneraciones públicas y lo emplazan a las administraciones correspondientes, que deben ser las que establezcan su cuantía. Hoy todos los partidos han coincidido a defender unas retribuciones políticas adecuadas y austeras, sin proponer acciones concretas para revisar algunas dietas que pueden ascender a los 36.800 euros en el caso de la área Metropolitana o los 23.000 euros en la Diputación de Barcelona.

Desde el PSC aseguran que la revisión de los salarios públicos se debe encuadrar bajo el paraguas de un debate amplio que se rija por el principio de ajustar las retribuciones a las funciones que desempeñan los cargos políticos. Dicho esto, la portavoz socialista en el Parlament, Laia Bonet, ha defendido la necesidad de evitar las duplicidades y el sobredimensionamiento en las administraciones.

Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV-EUiA) se han mostrado a favor de medidas de austeridad y transparencia en las retribuciones públicas. El concejal ecosocialista de Barcelona, Ricard Gomà, ha asegurado que "no se puede esconder la cabeza bajo el ala" cuando se habla de las abultadas retribuciones públicas y ha apostado por un plan por reducir las administraciones. En concreto, Gomà ha apuntado a la supresión de las diputaciones y de algunos consejos comarcales, entre ellos el del Barcelonès.

Por su parte, la portavoz republicana Anna Simó ha defendido que los cargos políticos deben estar bien pagados y recuerda que las dietas no otorgan solo por asistir a unas reuniones concretas y ha destacado el trabajo previo a estos encuentros. No obstante, Simó ha emplazado el debate y la revisión de estas dietas al seno de las respectivas administraciones.

Menos crítico se ha mostrado el concejal barcelonés del PP y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que se ha limitado a defender que las retribuciones del consistorio barcelonés se han congelado este año y las del ente provincial se han reducido un 15%.