Bellver intenta salpicar a los socialistas en el 'caso Emarsa'

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico, Jorge Bellver, ha asegurado que "todas y cada una de las iniciativas" en la sociedad pública de depuración Emarsa, investigada por un saqueo de fondos que ronda los 30 millones de euros, fueron "aprobadas por unanimidad en el consejo de administración" de la entidad, controlado por el PP pero con miembros de la oposición en representación de los municipios del área metropolitana de Valencia.

"Todas y cada una de ellas han venido con el visto bueno y el informe favorable de la gerencia y con informes favorables de las auditorías", ha agregado Bellver en un intento de salpicar al PSPV-PSOE por la gestión de Emarsa, que se liquidó con un agujero de 17 millones de euros. Fueron precisamente los socialistas quienes llevaron el caso a los tribunales -ya hay 16 imputados- y denunciaron la falta de información al consejo de administración del que formaban parte. El PP, con su mayoría absoluta, controlaba Emarsa. El presidente de la entidad metropolitana de aguas residuales es el alcalde de Manises, Enrique Crespo, que también ha sido imputado.

Sobre el agujero con que se liquidó la empresa, Bellver ha afirmado: "Ha sido posible de la misma forma que ha sido posible que los miembros del PSPV en el consejo de administración hayan estado aprobando las iniciativas de la sociedad". "Todas y cada una de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad en el consejo de administración y todas y cada una de ellas han venido con el visto bueno y el informe favorable de la gerencia y con informes favorables de las auditorías", ha insistido. Sin embargo, a preguntas de los medios durante una convocatoria del PP, el diputado ha precisado que no las aprobaron porque desconocían lo que estaban firmando, sino porque "tomaban sus decisiones de acuerdo a lo que dice la legislación, ya que venía con los informes favorables de gerencia y auditoría".

También mira hacia otro lado el Consell. El consejero de Presupuestos y Hacienda, José Manuel Vela, ha señalado -en la misma rueda de prensa y sobre el mismo tema- que Emarsa "no es una empresa que dependa de la Generalitat", y que no la conoce "para nada". Sin embargo, la sociedad se nutría del canon de saneamiento, que es competencia de la Generalitat y que pagan los ciudadanos en el recibo del agua. No obstante, "como profesional de la economía", el consejero ha mostrado su confianza en la auditoría que "regularmente se realiza" y en los controles en empresas públicas. Así, "si se detecta alguna regularidad, la Justicia está para algo", ha concluido.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también echa balones fuera. "La que tiene que actuar es la justicia", ha afirmado Barberá antes de reiterar que "no tenía nada que controlar" en Emarsa.

Comisión de investigación

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha presentado este lunes en la Cámara autonómica la petición formal para crear una comisión de investigación del caso Emarsa para determinar los "responsables políticos del saqueo" en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). Alarte ha explicado en un comunicado que exigen al presidente de la Diputación, Alberto Fabra, "la máxima transparencia y claridad, o demostrará que es un cómplice político de lo sucedido". El dirigente socialista ha calificado de un "esperpento y un auténtico bochorno" el caso.

"Estamos ante el más claro ejemplo de hasta dónde es capaz de llevar la corrupción el PP en la Comunidad, hasta una simple depuradora" y ha recordado que Emarsa se financiaba principalmente a través de la Consejería de Medio Ambiente, y la Entidad Pública de Saneamento de Aguas Residuales (EPSAR), por lo que ha considerado que en este caso "hay varios consellers que han sido responsables de lo sucedido".

"Queremos saber por qué el PP triplicó los ingresos de dinero público inyectados a esta estación depuradora entre 2003 y 2010 sin que la cantidad de agua tratada variara", ha apuntado y ha hecho hincapié en que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "era quien controla la mayoría en los órganos metropolitanos, y puso al frente a gente de su estricta, como el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que era uno de sus alcaldes pedáneos, y también eligió al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo para el cargo de presidente y consejero delegado". Alarte ha subrayado que actualmente "ambos están imputados por estafa, delito societario y malversación".