El juez del 'caso Brugal' cita a declarar como imputadas a otras siete personas

El juez instructor de la pieza del caso Brugal que se centra en las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas que, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho.

A través de un auto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relación al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos. Entre estas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participación en cohecho y aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes solo por este último delito.

Las dos primeras son el empresario Aurelio González (administrador mancomunado de Enrique Ortiz en algunas empresas) y el consejero de una mercantil de este último, Vicente Pérez, de quien el sumario Brugal recoge varias conversaciones telefónicas con Ortiz. Las otras cinco son José Gregorio Bernabé, relacionado con la empresa Aligestión y empleado de Ortiz; el promotor Ramón Salvador, los empresarios Juan José Climent y José Francisco Javier León, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita. Los citados aparecen en las conversaciones recogidas por la Policía e incorporadas al caso.

El juez ha acordado la citación de José Gregorio Bernabé, Aurelio González y Ramón Salvador para el próximo 14 de noviembre, y el resto declarará siete días después.

La del planeamiento urbanístico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a raíz de la investigación inicial, que se centró en las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que también después se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación Brugal del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque esta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor. El escrito de la acusación pública apunta a que Castedo facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes". Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

En esta causa, el fiscal también considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino, Luis Díaz Alperi, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz. No obstante por su condición de diputados autonómicos en las Cortes Valencianas, Castedo y Díaz Alperi, ambos del PP, están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia.

Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, María Manuela Carratalá; el arquitecto Jesús Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterráneo y Bancaixa Daniel Gil y José Cortina, respectivamente, y los abogados José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Gutiérrez.