Una fiscal que no renunció a nada

Por JESÚS GARCÍA

Ana Gil no quiso renunciar a nada. Ni a su familia ni a su puesto en el Consejo Fiscal, el máximo órgano de representación de los fiscales. Por eso tiró de imaginación y de trabajo para rellenar un vacío que la ley no había previsto: sustituir temporalmente a los miembros de ese órgano en caso de que disfruten de permiso de maternidad. “No lo hice por mí ni porque me creyera imprescindible. Lo hice porque no quería defraudar a quienes me habían votado. Y por una cuestión de derechos”, afirma esta fiscal progresista que nació en Ávila, pero que ha desarrollado su carrera en Barcelona.

Asistir a las reuniones del Consejo Fiscal es obligatorio para sus miembros. En caso de no poder hacerlo, pueden presentar un justificante; por ejemplo, por enfermedad. En ese caso, el puesto en cuestión queda vacante para esa cuestión. Durante la etapa de Cándido Conde Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado, las reuniones han sido frecuentes, a razón de una cada mes. Gil fue miembro de ese órgano entre 2005 y 2009. A mediados de mandato, se quedó embarazada de su segundo hijo. “Yo era entonces la única mujer en el Consejo, porque mi compañera había cesado en el cargo”.

Aunque estuvo trabajando prácticamente hasta el final de su embarazo, Gil iba a perderse unas cuantas sesiones para disfrutar de sus cuatro semanas de permiso por maternidad. Al principio no le dio mucha importancia: pensó que habría mecanismos legales previstos y que algún compañero de su asociación —la Unión Progresista de Fiscales— le sustituiría. Después, ella regresaría a ocupar su puesto. Pero no era así. “Mis compañeros me preguntaban por el embarazo y, poco a poco, entre charlas de café, fui descubriendo que aquello no sería posible. Nos dimos cuentas de que la sustitución no estaba prevista en ningún sitio”.

La fiscal, que trabaja en un servicio especializado de la Fiscalía de Barcelona, tenía a priori dos salidas: o justificaba sus ausencias por el embarazo —dejando vacante el puesto— o presentaba su dimisión. En ese caso, tampoco tenía garantizado que su silla fuese ocupada por un fiscal de la misma candidatura. Las normas se limitan a establecer que, en caso de dimisión, entre en el Consejo el siguiente fiscal más votado. “No quería renunciar a ninguna de las dos cosas: disfrutar de mi licencia de maternidad y corresponder a mis electores”.

Gil y la UPF se pusieron a pensar y a bucear en la normativa para avalar su tesis. La fiscal presentó un informe, basado en la Ley de Igualdad, en la reunión del Consejo del 4 de diciembre de 2007. “Cuando lo puse encima de la mesa, no hubo ningún problema. El apoyo de todos mis compañeros, varones, fue unánime”. Sus colegas aprobaron que Gil fuese sustituida, de forma temporal, por un fiscal de la misma candidatura. “Dio la casualidad de que la siguiente más votada de la UPF era una mujer”. Ocho días después de aquella reunión, Gil dio a luz. Al final, solo se perdió una reunión. Pero ha querido, al menos, dar ejemplo. “Es lo mínimo que podemos hacer como servidores públicos”.

Foto: Luis Magán.