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Los dueños del hotel Madrid denuncian su 'okupación'

La Policía no actuará hasta que no haya una resolución judicial.- El PP reclama a la delegada del Gobierno que dimita por no haber ordenado el desalojo y Carrión contesta que lo debe decidir el juez

La empresa propietaria del hotel Madrid, que lleva tres días okupado, ha presentado una denuncia por estos hechos ante la Policía Nacional, ha informado esta mañana a este diario un portavoz del grupo inmobiliario Monteverde. Por su parte, un portavoz policial ha confirmado que la denuncia consta y que ya ha sido remitida a los juzgados de Plaza Castilla, al tiempo que ha subrayado que la Jefatura Superior de Policía "no va a intervenir" hasta que no haya una "resolución judicial" al respecto. Mientras tanto, sus nuevos moradores aún no han decidido qué uso darle y lo siguen debatiendo -recogen propuestas en su cuenta de Twitter y en un blog a la espera de una nueva asamblea, mañana. La puerta está abierta a todo el que se anime a pasar para echar una mano en las labores de limpieza y reconstrucción.

El hotel Madrid, ubicado en el número 10 de la calle Carretas, en pleno centro de la capital, lleva varios años cerrado y abandonado fue okupado por 50 indignados tras la masiva manifestación del pasado sábado. Hay cierto debate sobre quiénes son los okupas y si pertenecen o no al 15-M, ya que la acción no fue acordada en una asamblea del movimiento. En representación de la propiedad, el arquitecto Pablo Heredia, acudió ayer por la mañana al inmueble a negociar con los encerrados junto a cinco o seis agentes de la policía, informa David R. Nelson.

En concurso de acreedores

No quisieron ni abrirle la puerta ni hablar con él, pero Heredia les pasó por una rendija de la puerta un papelito con su número de teléfono y quedó a la espera de su llamada. "Lo que quiere la inmobiliaria es que nombren un interlocutor para hablar con ellos y que salgan por las buenas", declaró Heredia antes de marcharse. Por la tarde, un representante del grupo inmobiliario Monteverde, que presentó en 2010 un concurso voluntario de acreedores por no poder hacer frente a los 170 millones de euros que acumulaba en deudas, fue a comisaría a poner la denuncia. Se suma a la que presentaron en verano por otra okupación previa.

El grupo inmobiliario no ha querido hacer ninguna declaración sobre los hechos, salvo confirmar que ha iniciado acciones legales. La Policía Nacional ha remitido ya la denuncia al juzgado de instrucción que ayer estaba de guardia -el 39 según fuentes judiciales- y no prevé desalojar a los okupas hasta que haya una resolución judicial al respecto, ha hecho hincapié el portavoz policial. Según estas fuentes, sin denuncia ni resolución, la policía no puede actuar. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que ante un delito fragante de usurpación de un bien inmueble, la policía puede intervenir de oficio durante las primeras 72 horas, por lo que hasta aproximadamente las 3.45 de hoy se está dentro de plazo. Los propietarios de un inmueble okupado pueden pedir un desahucio por la vía civil, que es un proceso más largo, o por la penal, por la que han optado, que es más corta.

Por su parte, un portavoz de legal del Movimiento 15-M también ha rechazado hacer declaraciones por el momento y ha remitido a la asamblea que el colectivo prevé celebrar mañana a las siete de la tarde en Jacinto Benavente. Será la segunda al respecto después de que ayer no se llegara a un consenso, informa Sara España. Entre otras propuestas, la Plataforma de Afectados por la Hipotecaplanteó que en él se aloje de forma temporal a las familias desahuciadas. En el Twitter del hotel tampoco comentan la denuncia.

En el edificio, de cinco plantas, sótano y dos azoteas, con largos pasillos con alfombras rojas y puertas marrones con chapas doradas, hay de nuevo hoy un intenso ritmo de trabajado con decenas de personas que siguen limpiándolo y retirando escombros, entre los que aparecen objetos que denotan que hace tiempo que está en desuso, como televisiones de tubo y máquinas de escribir. Tiene luz eléctrica pero no agua corriente y el ascensor no funciona. "El estado del edificio es muy bueno", ha explicado esta mañana a Efe Rubén, un joven que duerme en un colchón en el suelo de una habitación de la primera planta.

La okupación ha derivado en un nuevo rifirrafe entre Gobierno regional y Delegación del Gobierno. Al igual que hiciera ayer Esperanza Aguirre, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha pedido hoy la dimisión de la delegada, Dolores Carrión, por no haber ordenado el desalojo, informa Europa Press. En rueda de prensa en la sede del partido en Génova, Granados ha indicado que la presidenta madrileña ya "lo explicó ayer muy bien" y, es que, en opinión de los populares, la delegada de Gobierno "sigue incumpliendo su obligación, la primera que tiene, que es cumplir y hacer cumplir la ley".

"Ya sé que quedan pocos días para las elecciones generales, pero la delegada de Gobierno no puede estar ni un minuto más en su puesto", ha considerado, pues, según ha añadido, la delegada "ha hecho la vista gorda y ha dado licencia para delinquir a un grupo de ciudadanos antisistemas, radicales de izquierdas que tiene escandalizada a toda la Comunidad de Madrid". La propia Carrión ha contestado a Aguirre que el desalojo lo debe decidir un juez al ser una propiedad privada, informa Efe. Carrión ha querido aclarar a Aguirre "una pequeña confusión jurídica". Según la delegada, "cuando se trata de un bien inmueble propiedad de un particular, la vía que hay para poder proceder al desalojo de los que están dentro es una vía sumaria de naturaleza penal".

La denuncia "irá al juzgado penal y ahí sí que hay un plazo, muy breve, de unos días, para que el juez decida si se considera un delito o si, al ser un inmueble deshabitado durante tiempo, la propiedad tiene que ejercer su derecho por vía civil". La Delegada de Gobierno ha añadido que "en ningún caso hay un plazo para que la administración desaloje, sino que ese plazo opera únicamente cuando el bien es propiedad de una administración pública y dependiendo siempre de lo que establezca las ordenanzas municipales o las normas correspondientes del Estado".