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Mas anuncia nuevos recortes sociales

El presidente catalán pide apoyos a PSC y ERC para no depender solo del PP

Los recortes sociales que el Gobierno catalán ha comenzado este año con fuerte contestación en la calle son solo el comienzo. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció ayer nuevos tijeretazos con vistas a 2012. En el cierre del curso político, Mas explicó ayer en una conferencia de prensa que a la vuelta de las vacaciones su gobierno comenzará a trabajar en un presupuesto todavía más restrictivo que el actual, que ya prevé un 10% menos de gasto para este año.

Los recortes volverán a llegar a todos los departamentos. Eso sí, consciente de que el nuevo presupuesto tendrá que hacerlo en plena campaña electoral y que los recortes han incomodado a muchos de sus votantes y cargos territoriales de CiU, Mas se comprometió a ser más cuidadoso con los servicios sociales. En sanidad, por ejemplo, se recortará menos que en otros ámbitos, aseguró. Pero se recortará. "No será un presupuesto con muchas alegrías", dijo.

Preguntado por si el sistema de salud resistirá nuevos tijeretazos tras cerrar este verano una cuarentena de ambulatorios y el 25% de las camas, Mas aseguró que sí. "Depende de lo que se considere recorte, si por ello entendemos hacer mejoras en la eficiencia y modificar horarios de funcionamiento de centros que solo tienen dos o tres visitas de urgencias cada noche, hay margen".

El presidente de la Generalitat quiso exhibir imagen de eficiencia el día antes de que el Gobierno se tome vacaciones. El Consejo Ejecutivo no solo aprobó la simplificación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), gestor de los medios públicos catalanes, también anunció la reducción de 64 organismos públicos entre empresas, consorcios y agencias. En total la Generalitat tiene 274 organismos de este tipo.

No lo tendrá fácil el Gobierno de CiU para aprobar las cuentas sin mayoría absoluta. Difícilmente los socialistas se prestarán a negociar un presupuesto con recortes aún más profundos que los vigentes y, en plena campaña electoral por los comicios del 20 de noviembre, habrá que ver qué actitud tiene el PP catalán. Lo previsible es que el grueso de las negociaciones se retrase tanto como sea posible, de forma que CiU y PP puedan negociar después de los comicios. Con todo, el presidente de la Generalitat aseguró ayer que espera la colaboración de todas las fuerzas, especialmente del PSC y de Esquerra Republicana.

Mas rechazó la voluntad anunciada por el candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y defendida por la ministra de Sanidad Leire Pajín de que las comunidades autónomas dediquen a salud el incremento de financiación que recibirán el próximo año. "El día que la vicepresidenta Salgado diga lo mismo nos lo comenzaremos a creer", dijo Mas, convencido de que Cataluña y todas las demás autonomías dedicarán este dinero a cubrir déficit y no a los servicios sociales. Mas acusó a Pajín de ser una de las artífices de que la economía española "esté a los pies de los caballos".

El presidente llevó el agua a su molino reiterando que la salida a la crisis está en el concierto económico que CiU utilizará como cebo en las generales.

Mas reconoció que ni PSOE ni PP parecen por ahora abiertos a apoyar la demanda del concierto, aunque ha defendido que la postura de ambas formaciones variará en función de la fuerza que los partidos catalanes tengan en Las Cortes: "Recuerden que en algún momento se ha pasado en apenas 24 horas de aquel 'Pujol enano habla castellano' a hablar catalán en la intimidad", dijo recordando los pactos de CiU con el PP de José María

Menos dirigentes para los medios públicos

El tijeretazo en las agencias públicas llega también a los órganos que rigen los medios de comunicación de la Generalitat. El Gobierno catalán aprobó ayer la modificación de las leyes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), y la del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), los órganos que gestionan TV-3 y Catalunya Ràdio. La reforma sirve para reducir en más de la mitad los órganos directivos de la CCMA y el CAC. La medida ya se completaba en la "ley Ómnibus", y era la quinta y última modificación que faltaba para aprobar después que el Gobierno accediera a trocear el paquete legislativo. El cambio aprobado ayer por el Ejecutivo establece que el consejo rector de la CCMA pase de los 12 miembros actuales a cinco, y el del CAC, de 10 a 5. Además, se elimina el cargo de director general de la Corporación, dejando toda dirección ejecutiva al presidente. Artur Mas, presidente de la Generalitat, valoró el tijeretazo por ser "claro y contundente" y confió en que obtuviera el visto bueno de la oposición.

Sin embargo, solo el PP vio con buenos ojos la reducción en los consejos rectores. El resto de partidos apreció en la norma una intención de restar pluralidad. Con solo cinco consejeros, frente a los 12 actuales, CiU se asegura un control más férreo. La portavoz de Iniciativa, Dolors Camats, tildó de "cinismo político" el cambio propuesto por el Ejecutivo. Tirando de hemeroteca, Camats recordó la insistencia que tuvo CiU en 2007, cuando se aprobó la ley de la CCMA, para establecer el número de consejeros en 12, frente a los nueve que exigía el tripartito. "Va en la línea de favorecer, propiciar, asegurar la objetividad, pluralidad, la independencia y la imparcialidad de los medios", apuntó en su día la entonces diputada de CiU Joana Ortega. "¿Qué ha pasado? Que CiU gobierna. Se cree con la capacidad de controlar la corporación", insistió Camats. "Es una forma bastante chapucera de limitar el pluralismo", se sumó la republicana Anna Simó. Ambas portavoces lamentaron la unificación del cargo de presidente y director general que, según aseguraron, conllevará un control más partidista de los medios.

El PSC recibió el cambio en la ley con indignación y aseguró que, con su redactado, el Gobierno rompe el pacto que sirvió para investir a Mas. El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, reclamó a Mas una reunión para tratar la ley de la CCMA. El pacto de investidura, entre otros acuerdos, fijaba que cualquier cambio en esta norma sería consensuado por los dos partidos. Previamente, Mas había asegurado que estaba dispuesto a negociar el contenido de la ley con el resto de partidos.

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