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EL 'CASO DE MIGUEL'

Egibar guarda silencio ante el informe de la Ertzaintza sobre el caso De Miguel

El portavoz parlamentario del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha rechazado valorar esta mañana las informaciones que en los últimos días se han venido publicando en torno al caso De Miguel. Egibar, que ha comparecido ante los medios de comunicación en la Cámara vasca para censurar un acuerdo del Gobierno vasco en materia de vivienda, ha guardado silencio ante las preguntas en torno al caso, después de que se haya conocido a través de un informe de la Ertzaintza que el exdiputado foral del PNV Alfredo de Miguel cobró comisiones del 4% por contratos de obras públicas.

Sí ha respondido, sin embargo, al resto de cuestiones, como el proceso para nombrar el presidente de Eudel o la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de celebrar las elecciones generales en noviembre. A este respecto, ha opinado que esperaba que Zapatero "aprovechara [el final de la legislatura] para dar los pasos correspondientes para consolidar el proceso de pacificación".

Su silencio en torno al caso De Miguel contrasta con el apoyo que el propio Egibar ha dado a De Miguel en varias ocasiones, la última el día de su comparecencia en la comisión parlamentaria que lo estudia. El presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, sí se ha referido esta semana a la presunta trama, que ya cuenta con 18 personas imputadas, pero lo ha hecho para criticar las palabras de la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, que, aunque apeló a la prudencia, apuntó a "un presunto caso relacionado con el PNV y financiación".

En torno al anuncio del Gobierno vasco de poner en el mercado 4.000 viviendas de la mano de un inversor privado, Ricardo Gatzagaetxebarria ha afirmado que este acuerdo del Consejo de Gobierno es "ilegal" y ha criticado que bajo la iniciativa "subyace la privatización de 3.000 VPO". El inversor, un fondo de inversión británico según el PNV, comprará viviendas hechas y construirá otras. Todas ellas serán cedidas en régimen de arrendamiento al Ejecutivo, que los pondrá a disposición de los solicitantes de Etxebide. Egibar ha señalado que esta operación es un intento de "vender patrimonio público y obtener caja para ocultar la mala gestión del Gobierno" y "maquillar el final de la legislatura". Por ello, ha anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para evitar este movimiento, entre ellas una proposición no de ley urgente para paralizar el proceso.

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