Costa acepta declararse culpable a petición del PP

Ricardo Costa, el principal escollo de la operación diseñada por Mariano Rajoy para permitir que Francisco Camps siga en el cargo y a la vez evite el juicio, ha cedido. El exsecretario general del PP valenciano, después de múltiples presiones de la dirección nacional, ha decidido declararse culpable en la causa de los trajes, según fuentes de la dirección. Pero el ex número dos del PP valenciano aún no ha firmado la conformidad porque se espera a que lo haga Francisco Camps, algo que parece inminente y podría suceder en las próximas horas. De hecho, el abogado defensor del presidente valenciano, Javier Boix, ha salido a media mañana del Tribunal Superior de Justicia, aunque no ha querido hacer declaraciones, ni confirmar si su defendido acudirá también a presentar su escrito de conformidad.

El ex 'número dos' del PP valenciano parece haber logrado un compromiso formal de la dirección nacional de que le apoyará, le rehabilitará y reconocerá su sacrificio por el partido

Camps no ha acudido hoy al último pleno en el Parlamento valenciano y ha anulado su asistencia a un acto en Castellón

Hasta el momento, solo dos de los cuatro imputados han presentado este escrito, que les permite eludir el juicio, pero les obliga a asumir la pena más alta. Son el exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, que acudieron esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez fijará la pena para ellos en los próximos días.

Costa es el único de los cuatro imputados que no era miembro del Gobierno cuando se produjeron los hechos investigados, por lo que su defensa era más sencilla. Además, su declaración de culpabilidad, al admitir que ha mentido a un juez durante meses, y tener antecedentes penales, puede complicar su posición ante el proceso por financiación ilegal del PP valenciano en el que él está imputado y Camps no. Costa se arriesga ahí incluso a penas de cárcel. Por último, Costa ha sido prácticamente el único pagano político de Gürtel, ya que fue destituido y suspendido de militancia durante más de un año.

Sin embargo, el exsecretario general ha decidido seguir adelante con la estrategia diseñada por Mariano Rajoy porque así se lo ha pedido el partido. El líder del PP ha enviado a Valencia a Federico Trillo para rematar una operación que implica aceptar mantener a un presidente condenado por cohecho para evitar un juicio en otoño, en plena campaña electoral. Rajoy no ha logrado que Camps dimitiera, como parecía ser su deseo aunque nunca llegó a pedírselo, y se conforma con este apaño. Costa no se fía ya de las promesas de Camps, que varias veces le garantizó que le pondría en el Gobierno valenciano y no lo hizo. Por eso la negociación se ha llevado directamente con la cúpula nacional.

Costa reclamaba, a cambio de su decisión, una compensación política. Se hablaba de entrar en el Gobierno autonómico en el futuro o de dirigir la campaña de las generales en Valencia, pero sobre todo lo más importante, y que parece haber logrado, es un compromiso formal de la dirección nacional de que le apoyará, le rehabilitará y reconocerá su sacrificio por el partido.

A lo largo de la mañana, Ricardo Costa ha estado dando "gracias a todos" desde su cuenta en la red social Twitter.

Por otra parte, la número dos del Consell, Paula Sánchez de León, ha ofrecido el "apoyo inquebrantable", en representación del Ejecutivo autonómico, a Francisco Camps. La dirigente ha asegurado que será el jefe del Consell quien decida lo que tiene que hacer en relación a que posiblemente acepte la acusación del delito de cohecho pasivo impropio.

El exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, ha sido el primero en acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se ha instruido la causa de los trajes, a entregar el escrito de conformidad, que es el término jurídico que se utiliza para hacer constar que se asume la culpa. Los cargos que se le atribuyen al exvicepresidente son los mismos que al presidente Francisco Camps: cohecho impropio por haber recibido regalo de la trama Gürtel. Según la investigación, Campos recibió prendas de vestir por un valor de más de 5.500 euros.

Lo mismo ha hecho poco después Rafael Betoret, el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, otro de los procesados. Las diligencias señalan que sus regalos ascienden a algo más de 13.000 euros. Betoret tenía relación con la trama ya que una de las empresas que la conformaban, Orange Market, fue la adjudicataria del expositor de la Comunidad Valenciana en la feria de Fitur entre 2005 y 2009.

La llegada de estos dos dirigentes valencianos al tribunal hace prever que los otros dos implicados, o sus abogados, irán desfilando a lo largo del día para entregar el escrito que ratifica su asunción de culpa. La llegada más esperada es la del presidente, Francisco Camps, que no ha acudido al último pleno antes del verano del Parlamento valenciano, y, además, ha anulado una visita prevista a Castellón, en la que le ha sustituido Enrique Verdeguer, consejero de Industria.

Víctor Campos, que ya no tiene cargo público, ha sido desde el principio el más predispuesto de los procesados a liquidar el asunto asumiendo la condena. En su momento él ya intentó pagar la multa y olvidarse del juicio. Pero no lo hizo para no romper la estrategia de defensa de Camps.

El PP valenciano habría optado por esta decisión ante el ultimátum de la dirección nacional del partido, que lidera Mariano Rajoy, de evitar a toda costa la celebración del juicio en otoño, en plena campaña electoral de las elecciones generales. Las opciones eran dos: admitir el delito o dimitir. Y, dado que Camps está enrocado en el puesto, su posibilidad se limitaba a la de aceptar la acusación y declararse culpable.

El también presidente del PP regional se había topado, a lo largo del día de ayer, con las reticencias de uno de los procesados, Ricardo Costa, a asumir el delito. Y si Costa no daba su conformidad a admitir su culpabilidad, el juicio debía celebrarse igualmente, ya que la suspensión solo es posible si todos los procesados reconocían la comisión del delito y daban su conformidad a las penas que se les reclaman.?? Ahora este escollo está salvado. Sólo falta Camps.