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Fianza millonaria para un empresario del puerto de Barcelona por narcotráfico

La Audiencia Nacional impone el pago de 10 millones de euros a José Mestre Fernández, ex director general de Terminal Cataluña, para salir de la prisión

La Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 10 millones de euros al empresario José Mestre Fernández -director general de Terminal Cataluña (Tercat), que opera con contenedores en el Puerto de Barcelona-, en prisión preventiva desde hace un año tras ser detenido por tráfico de drogas.

En un auto del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia justifica la imposición de una fianza a Mestre para salir de prisión en sus circunstancias "de arraigo personal", que en opinión de la sala hacen disminuir el riesgo de fuga. Para fijar la cantidad exigida, el tribunal tiene en cuenta "la gran fortuna del imputado", que una vez que la abone y sea excarcelado deberá comparecer una vez a la semana en el Juzgado más próximo a su domicilio.

La operación policial en la que Mestre y otra quincena de personas fueron detenidos tuvo lugar en junio del año pasado y permitió la intervención de una tonelada de cocaína en contenedores enviados a los puertos de Barcelona (202 kilos), al gaditano de Algeciras (723 kilos) y a una nave de El Prat de Llobregat (Barcelona), donde se localizaron 113 kilos más.

La Fiscalía, que se opuso a modificar la situación de prisión incondiconal de Mestre, considera que éste "es la persona que se iba a cuidar de la infraestructura en Barcelona para la llegada y recogida del contenedor donde se encontraba la sustancia estupefaciente", según el auto. La Policía, por su parte, asegura que el empresario era el "máximo responsable de la operación de tráfico de cocaína".

Entre los indicios de criminalidad que pesan sobre Mestre figuran varias conversaciones telefónicas en las que "el imputado habla con personas ajenas a sus quehaceres empresariales -presuntos narcotraficantes- sobre el envío de dos contenedores".

La defensa del empresario, mientras tanto, niega que la voz que aparece en las conversaciones sea la de su cliente, al que describe como "una persona con un alto poder adquisitivo y que participa en los órganos sociales de 62 empresas, estando la mayor parte de ellas relacionadas con las actividades portuarias".