La Audiencia archiva la causa de Brugal contra Gerardo Camps por supuesto trato de favor a Ortiz

La Audiencia de Alicante ha archivado la pieza del sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada a la basura y el urbanismo en Alicante) contra el consejero de Economía, Gerardo Camps, por supuesto trato de favor al empresario local Enrique Ortiz y al corredor de rallies Miguel Ángel Fuster, a su vez, amigo personal del alto cargo del Gobierno Valenciano.

El alto tribunal rechaza el recurso del fiscal anticorrupción y ratifica el recurso de sobreseimiento dictado por el juzgado número 2 de Alicante. La sala considera que las pruebas, básicamente escuchas telefónicas entre Camps, Ortiz y Fuster, no son suficientes para mantener la acusación de tráfico de influencia.

La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, está recogida en el epígrafe del informe policial titulado Sociedad Proyectos Temáticos. En este apartado, la policía reseña los siguientes hechos: adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF.

En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallies y amigo de Gerardo Camps. "En todos estos procesos, Enrique Ortiz figuraría como solicitante, Gerardo Camps como representante del ente administrativo competente y el señor Fuster como intermediario cualificado, recibiendo contraprestaciones en forma de patrocinio deportivo", señala el informe.

En su auto, la Audiencia admite que de las primeras escuchas se podrían deducir indicios de delito: "Estaríamos ante la sospecha de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, por la intención de Ortiz de influir en la toma de decisiones que correspondían a Gerardo Camps, lo que justificó, en su día, la incoación del procedimiento y continuación y prorrogas sucesivas de la intervención telefónica", asegura la resolución. Pero más adelante, destaca que las posteriores grabaciones no prueban la comisión de los supuestos delitos: "Sin embargo, todas las restantes y posteriores conversaciones mantenidas por Enrique Ortiz con Miguel Ángel Fuster y diversos empresarios durante mas de un año y medio no aportan indicios mínimos, claros y racionales de la realidad de los actos de influencia y presión que pudiera llevar a cabo Ortiz, con las gestión intermediadora de Fuster, en tal decisión de Gerardo Camps en la concreta adjudicación de las obras de Alicante y San Vicente", añade.