Aguirre, sobre la polémica de los mendigos: "No soy amiga de privar a nadie de sus derechos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha entrado esta mañana en la polémica suscitada por la propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de una ley que barra las calles de mendigos aún en contra su voluntad. Y lo ha hecho no precisamente para apoyar a su compañero de filas. Aguirre ha dicho que no es "amiga de las prohibiciones" y que, a pesar de que "hay gente", entre los que se encuentra ella misma, que considera que los sin techo "estarían mejor durmiendo en albergues que al raso", "también hay ciudadanos que no lo estiman así".

"Los servicios sociales pueden ofrecer una cama limpia pero hay gente que no la quiere aceptar" y estos ciudadanos "pueden hacerlo porque no se les ha privado de sus derechos", ha razonado la presidenta, que ha reiterado que "no se puede privar a nadie de sus derechos". Aguirre ha matizado no obstante, en línea con su creciente cercanía con Gallardón, que le parece "bien lo que proponga todo el mundo" y que respeta todas las opiniones "y muchísimo más las del alcalde, porque todo lo que él hace" le parece "bien". El propio Gallardón ha contestado esta mañana a las críticas suscitadas por su petición al PP de que incluya esta ley en su programa tras haberlo intentado ya sin éxito en 2006. El alcalde ha comenzado su defensa con un intento de dar una lección de historia a los socialistas.

El alcalde ha señalado que la ley de vagos y maleantes -Jaime Lissavetzky opinó que la idea de Gallardón tiene un "tufillo" a esta ley franquista- "no es franquista sino socialista" porque fue Manuel "Azaña, en coalición con los socialistas, quien la aprobó en agosto de 1933". "No está muy puesto en la historia del país", ha añadido, en referencia a Lissavetzky. A juicio de Gallardón, su propuesta, que consiste en modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para permitir a la policía trasladar a albergues, incluso contra su voluntad, a mendigos, prostitutas y toxicómanos que se instalan en la vía pública, "no es una medida populista" ni tampoco "estética", dos de los principales argumentos en contra.

Entre 500 y 600 personas viven al raso

"La situación de los mendigos se puede eludir, ignorar o abordar", ha subrayado el alcalde, para añadir que lo que pretende es abordarla de una vez porque él, a diferencia de otros, no tiene una "mirada indiferente" hacia los que duermen en las calles. "El Ayuntamiento, con esta propuesta, lo que hace es actuar", ha reiterado en su comparecencia tras la Junta de Gobierno. Esta ley "no es una prioridad estética de la ciudad ni de convivencia sino social", ha proclamado, para explicar que se le han quejado de las situación madres que acuden con sus hijos a los parques, las tiendas de la Gran Vía. Calcula, según los datos que maneja el Samur Social, que hay entre 500 y 600 personas que suelen dormir a diario en las calles de Madrid y que el 40% de ellos tiene "problemas mentales o o de adicciones". Y lo que pretende es que estas personas "tengan derecho a la dignidad, a la higiene, a la alimentación y a la atención sanitaria".

Gallardón ha defendido que buscar una salida al problema "es la obligación de una sociedad moderna y que se dice a sí misma solidaria" y que no vale con acogerse al argumento de que estas personas no recurren a los servicios públicos porque no quieren. "Y es un debate en el que respeto cualquier postura, y al final se hará lo que decida la mayoría del Parlamento. Pero como alcalde no tendría la conciencia tranquila si al menos no solicitase un instrumento para que esas personas, en lugar de dormir en la calle, duerman en un albergue municipal", ha reiterado.

El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky ha declarado hoy que "si esto es una autocrítica, un ejercicio de humildad o un reconocimiento de que la disminución de recursos sociales del Ayuntamiento ha hecho que haya tantas personas sin techo, me parece normal, pero hablar en un acto de seguridad de este tema y relacionar a las personas desfavorecidas con la misma es un planteamiento más propio del siglo XIX que del XXI".

Lissavetzky ha dicho que los socialistas llevan en su programa un Plan Municipal de Inserción Social "porque de lo que hay que hablar es de prevención, de inserción, de políticas sociales... No se trata de que no nos guste ver a esas personas sino de qué hacemos para que no se vean en esa necesidad de hacer de la calle su sitio de subsistencia".

El candidato del PSOE ha reiterado que la lucha es contra la pobreza, no contra los pobres: "No se trata de un debate estético, sino ético. Es un debate social que debe estar ajeno a la beneficencia o la caridad y sí muy ligado a la justicia social que tiene como objetivo tratar a todas las personas por igual, con los mismos derechos y, sobre todo, con las mismas oportunidades".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, ha defendido que una "cuestión social" y "no de estética, por más que al alcalde le ofenda a la vista". "Lo primero que tiene que haber son equipamientos y recursos para atender a las personas que están en la calle", ha defendido después de subrayar que la mendicidad "no es algo en lo que uno se encuentre porque quiere, no se nace mendigo, uno se hace mendigo y en una etapa de crisis como la actual el problema de la mendicidad tiene que ver mucho con el paro sobrevenido y con la falta de cohesión social". En su opinión, las declaraciones de Gallardón son "bastante reaccionarias" y tienen "más que ver con el sentido estético que con una cuestión de sentido social".

Por parte del Gobierno, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha reprochado la propuesta al alcalde de Madrid informa Emilio de Benito. "Hay que recordarle que cualquier ciudadano no pierde derechos por precaria que sea su situación", ha dicho Pajín. La ministra ha apostado por otras formas para afrontar el problema, como las que ha visto en "Sevilla, Palencia o Zaragoza", consistentes en "centros de día o acompañamiento social". La ministra ha recordado que su departamento financia, a través de las aportaciones de los ciudadanos en el IRPF para fines sociales, programas que atienden a estas personas, y ha afirmado, como última crítica, que "nunca" ha creído "en políticas populistas y estéticas". Desde las filas del PP, su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, ha dicho que la medida "tiene sentido humanitario". "Todo el mundo tiene que tener una alternativa a dormir en la calle y los ayuntamientos tienen que tener un lugar donde ubicar a las personas que no tienen un espacio donde dormir,", ha señalado a Telecinco.

Por su parte, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha exigido al alcalde que explique "exactamente qué piensa hacer con las personas que viven en la calle por un motivo u otro y si piensa expulsarlos a otra ciudad", informa Europa Press. Además, 14 ONG especializadas en el trabajo con personas sin hogar, entre los que se encuentran Cáritas Madrid, Acción en Red y la EAPN, han denunciado que las declaraciones del alcalde "vinculan a los ciudadanos que viven en la calle con conceptos como delincuencia, suciedad y violencia" y consideran que su aspiración de una ley estatal que les prohíba vivir en las calles supone un "retroceso" en los derechos de los ciudadanos.

Albergues llenos y con lista de espera en Madrid